España necesita una ley de Educación para una generación

En un contexto sanitario y social insólito, producido por el virus SARS-CoV-2, finaliza el año 2020 en España en medio de una algarabía educativa de nefastas consecuencias futuras, desatada a causa del empecinamiento del Gobierno social-comunista presidido por Pedo Sánchez en sacar adelante, por las bravas, el proyecto de Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), también conocido por Ley Celaá.

Así lo entiende una gran parte de la ciudadanía española que, congregada en torno a la Plataforma Más Plurales, no ha cejado en el empeño de expresar su rotunda contrariedad, mediante manifestaciones diversas en las últimas semanas. Los medios de comunicación social han sido testigo del clamor popular en contra de la iniciativa del Gobierno que muestra un desprecio absoluto por la diversidad, saltándose a la torera los más elementales protocolos de diálogo, debate y negociación para alcanzar un deseado consenso social y político.

La LOMLOE es una ley educativa que introduce un ataque frontal a los derechos y libertades de una ciudadanía plural y moderna, como la española. El Gobierno ha obviado a los agentes sociales y económicos, a la oposición política y a las comunidades autónomas, a personalidades de reconocido prestigio y a la sociedad en su conjunto la oportunidad de dialogar, debatir y consensuar una ley de Educación con vocación de permanencia durante, al menos, una generación.

El mensaje trasladado a los españoles, mediante la campaña de rechazo a la LOMLOE promovida por la Plataforma Más Plurales “Más plurales, más libres, más iguales. Hacia una escuela realmente inclusiva, con todos y para todos”, es suficientemente expresivo. Parafraseando a la propia Plataforma Más Pluralesla reforma de la Ley Orgánica de Educación es fuertemente intervencionista, promueve la restricción de derechos y libertades ciudadanas y atenta contra la pluralidad del sistema educativo que es clave en una sociedad democrática“.

La LOMLOE nace sin consenso alguno. Además, elimina la demanda social como elemento vertebrador del sistema educativo, atenta contra el derecho fundamental de las familias a elegir el modelo educativo para sus hijos más acorde con sus convicciones e intereses, anuncia la integración de los centros de educación especial en los ordinarios en un período máximo de diez años, establece que la asignatura de Religión no cuente para las notas medias del alumnado, cuestiona la consideración del castellano como lengua vehicular en la educación en favor de las lenguas cooficiales, contempla el aumento progresivo de plazas para la etapa de 0 a 3 años exclusivamente en centros de titularidad pública, suprime la financiación a colegios de educación diferenciada,… Todo ello representa una agresión sin paliativo alguno a la democracia, a la libertad y a la educación concertada.

Es lamentable que la ley Celaá asfixie y presione a la educación concertada, pese a su papel integrador y al servicio público educativo que presta a la sociedad española. La ley Celaá, no me cabe la menor duda, representa un intento de aniquilar el sistema de derechos y libertades ciudadanas en materia de educación, con nocturnidad y alevosía; un flagrante agravio a la Concertada. La LOMLOE, en suma, encarna una agresión sin precedente alguno a la educación concertada por razones estricta y exclusivamente ideológicas, al más puro estilo sectario bolivariano.

La Plataforma Más Plurales, y la mayor parte de la sociedad española, exigen a la Administración gobernar para toda la comunidad educativa sin exclusión alguna. La ley Celaá es un grave error porque, una vez más, como ocurrió con la LOMCE actual, y otras leyes educativas anteriores, nace sin el consenso necesario. Por ese motivo, tal y como ahora sucede, esta ley Celaá será, con toda probabilidad, derogada una vez se produzca la alternancia en el Gobierno de España. Ello, además, sin perjuicio de una eventual inhabilitación por el Tribunal Constitucional tanto en cuanto ya ha sido anunciado el pertinente recurso por los partidos de la oposición política.

Los hechos son muy tozudos. Yo no vislumbro un cambio de intención por parte del Gobierno para frenar la entrada en vigor de la LOMLOE. Lamentablemente la coalición PSOE – Unidas Podemos gobernante, y los partidos políticos que la sostienen, no llevan en su agenda una ley educativa para toda una generación sino, en el mejor de los casos, para esta legislatura, si se produjera un cambio de Gobierno en su día.

Concluyo esta entrada con un recuerdo a la Constitución Española de 1978. Como mencionaba en mi entrada DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 2020, de 6 de diciembre de 2020, la Carta Magna supuso el comienzo de una de las etapas más brillantes, fructíferas y de estabilidad político-social de la Historia de España contemporánea. Los que hemos vivido esta época sabemos muy bien el valor del consenso alcanzado por todas las fuerzas políticas de la época. Ha sido, sin duda alguna, una Constitución de todos. El consenso y el acuerdo alcanzado se consiguieron gracias a la renuncia de los partidos políticos de la época que decidieron aparcar la imposición de las legítimas ideas que los dividían y unir su fortaleza para encontrar los objetivos que sí compartían.

Con ese espíritu cooperativo y de generosidad política nació la Constitución Española de 1978. Aquellos líderes de los partidos políticos de la época se comportaron como verdaderos hombres de Estado. Acordaron que la Constitución Española no fuera de un determinado partido político, ideología, Gobierno o grupo parlamentario, sino de todos.

Aquel consenso, precedido de otro de capital importancia como fue el de los Pactos de la Moncloa, cambió la Historia de España. La Constitución Española de 1978 supuso la reconciliación de todos los españoles y la superación del trauma que supuso la Guerra Civil de 1936 y el largo período de la dictadura del general Franco. ¿Qué ha ocurrido en España para que paulatinamente hayamos perdido los españoles el espíritu de consenso que representó la Carta Magna?

No es mi intención en este post adentrarme en una disquisición intelectual sobre ese asunto. Saque el lector de esta entrada sus propias conclusiones, respondiendo a la pregunta formulada. Yo, solamente reivindico a los partidos políticos, a los agentes económicos y sociales y a la ciudadanía en su conjunto, recuperar aquel espíritu de consenso en los temas esenciales consagrado en la Constitución Española de 1978. ¡Queda dicho!

Finalmente, en clave local, quiero recordar un hecho de capital importancia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Me refiero al “Acuerdo por la Educación en Cantabria”. Se trata de un pacto educativo que fue aprobado por unanimidad en el Consejo Escolar autonómico, posteriormente ratificado, igualmente, por unanimidad, en un pleno por el Parlamento de Cantabria. “Todo un ejemplo de diálogo y consenso”, recoge el “Comunicado de la Plataforma Más Plurales” de lunes, 14 de diciembre de 2020.

Yo estuve en el Pleno del Consejo Escolar de Cantabria aquel 16 de mayo de 2017. También fui espectador in situ el 21 de mayo de 2018, fecha en que se aprobó en la Asamblea Regional de Cantabria (Parlamento). Aquel logro, fruto del diálogo, debate, consenso y respeto fue el resultado de poner en valor las muchas cosas que nos unen a todos los cántabros y aparcar para otro momento posterior las pocas diferencias que nos separan.

Este año, las mejores Navidades, pueden ser en tu casa
Con más fuerza que nunca
¡Feliz Navidad!
Y un 2021 lleno de salud y prosperidad

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