Una delegación de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) se reunió con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, el pasado miércoles 22 de febrero

El objeto de la entrevista, producida a instancias de CECE Cantabria, inicialmente concretado en asuntos específicos relacionados con la Formación Profesional, consistió en analizar la situación general del sector de la concertada y reivindicar a la Administración un tratamiento justo e igualitario para la comunidad educativa de todos los centros sostenidos con fondos públicos.

El Orden del Día propuesto por CECE Cantabria para el encuentro incluyó varios ítems orientados a emplazar al consejero de Educación para que adopte las medidas y acciones correctoras que subsanen la marginación que sufren los actores protagonistas de la comunidad educativa de los centros concertados de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en relación con sus homólogos de la pública. Dada la amplitud de los temas tratados y de los acuerdos adoptados me centraré en aquellos relacionados con Formación Profesional que afectan más directamente a Decroly en esta entrada.

En el escrito de solicitud de la entrevista, remitido a la Consejería el lunes 30 de enero a través de la secretaria de Ramón Ruiz, adelanté al Consejero el tema más acuciante para toda la comunidad educativa de los centros de Formación Profesional, en calidad de presidente de CECE Cantabria. De hecho, en el texto de la solicitud expuse el objeto de la entrevista y literalmente, entre otras cosas, dije:

“Presentar al consejero la perplejidad de la organización que presido ante las consecuencias derivadas para los centros de la Concertada del Proyecto de Orden que regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) y el módulo profesional de Proyecto para alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Su entrada en vigor, en los términos previstos en el artículo 29. Gastos derivados del seguimiento del módulo profesional de FCT, representaría, a nuestro entender, una fragrante discriminación de los centros y de los profesores de la concertada a la hora de cumplir con la realización de las tres visitas a los alumnos que realicen la FCT en el extranjero (Erasmus) que prevé el Proyecto de Orden en la redacción actual”.

En el encuentro, celebrado en la sede de la Consejería, CECE Cantabria estuvo representada por quien suscribe, en calidad de presidente de esta entidad representativa del sector de la Concertada y director del Decroly; María Rosa Blanco, vicepresidenta, titular del colegio “Cumbres”; José Manuel Ruiz Vallejo, profesor y orientador del colegio «Sagrada Familia” y Álvaro de la Fuente, asesor jurídico de la Asociación.

Los representantes de los centros concertados asociados a CECE Cantabria queríamos trasladar a Ramón Ruiz, además, una reclamación histórica del sector de la Concertada avalada por la fuerza de la razón de los argumentos que la sostienen. Es hora de que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte erradique la marginación que sufre la Concertada por parte de la Consejería que dirige y, por ende, por el Gobierno de Cantabria, de una vez por todas, y establezca el principio de igualdad de trato para todos los componentes de la comunidad educativa de centros sostenidos con fondos públicos.

Efectuados los protocolarios saludos y presentaciones –José Manuel Ruiz Vallejo asistía a una cita con el Consejero por primera vez- la cordialidad y la comprensión mutua fueron los elementos más destacados del encuentro.

Las primeras palabras del Consejero, en línea con el escrito presentado para pedir esta reunión –discriminación de los profesores y alumnos de FP-, fueron enormemente conciliadoras. Se lo agradecimos. De hecho, su mensaje había sido precedido de otra cualificada opinión que avalaba nuestra tesis. Desde que CECE Cantabria presenta la solicitud hasta que finalmente se produjo transcurren 23 días y, en ese ínterin, se produce una reunión de la Mesa de la Concertada en la que se suscitó el debate sobre la temática que hoy nos ocupa con Ramón Ruiz. Tal y como publiqué en mi entrada REUNIÓN DE LA MESA DE LA CONCERTADA, del martes 14 de febrero, el director general de Innovación y Centros, Alonso Gutiérrez Morillo, “recogió el guante” de todas las reclamaciones formuladas por CECE Cantabria.

Así, el señor Gutiérrez Morillo adelantó su criterio favorable a la modificación del Proyecto de Orden que regula el módulo profesional de formación en centros de trabajo (FCT) y el módulo profesional de Proyecto para alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos propuestos por CECE Cantabria.

Además, el director general se comprometió, ante los representantes de los sindicatos y de las patronales en la Mesa de la Concertada, a activar una normativa en línea con la Orden ECD/51/2015, de 10 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas individualizadas para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo correspondiente a los ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional en empresas o entidades de la Unión Europea dentro del Programa Erasmus+, destinadas a alumnos que cursan dichas enseñanzas en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria. No es aceptable que esas ayudas se obviaran en 2016 y no se hayan contemplado este año 2017. Ello representa una clara discriminación a los alumnos de la Concertada con respecto a sus compañeros de la Pública.

En todo caso, Ramón Ruiz se comprometió, igualmente, a solventar esa arbitrariedad con los profesores y, en su caso, con los alumnos y padres-tutores de la Concertada notificando a los delegados de CECE Cantabria su favorable consideración a ambas peticiones.

Me alegra saber que las duras críticas plasmadas en mis entradas VER PARA CREER, de 06 de febrero; CERO PATATERO, 02 de febrero; LOS ESTUDIANTES ERASMUS DE LA CONCERTADA EN RIESGO DE EXTINCIÓN, de 27 de enero han quedado atenuadas por las manifestaciones del consejero. Por esa razón, como expresa el titular de este post la música de Ramón Ruiz suena bien; la letra,… ¡necesita mejorar! Estaremos atentos a la partitura, permítaseme la metáfora.

Pues, sí. ¡Y no pasa nada! Como si de una evaluación cualitativa se tratara, congratulémonos por los logros alcanzados y sigamos reclamando las áreas de mejora que precisan de una atención especial en el sector de la Concertada, en clave de igualdad, sin distinción alguna de sus protagonistas, alumnos, padres-madres, profesores y entidades titulares respecto de sus homólogos de la Pública.

Otro capítulo debatido, especialmente doloroso para Decroly, es el referente al régimen de Formación Profesional A Distancia autorizado en su día a este centro de FP, tanto en formato convencional como en otro más flexible e innovador, sin sujeción a calendario escolar, para atender las necesidades formativas de las personas vinculadas a las empresas mediante un contrato para la formación y el aprendizaje.

En el primer caso, la concesión del necesario concierto educativo ayudaría a su implantación en la Concertada para facilitar la libertad de elección de centro en igualdad a un colectivo superior a los 2000 alumnos.

En el segundo, sin coste económico alguno para la Consejería de Educación, su puesta en escena supuso una vía de colaboración en la empleabilidad de los jóvenes, tarea en la que toda la sociedad se encuentra comprometida. Sin embargo, las cortapisas descabelladas y la continuada obstrucción al normal desarrollo de esta iniciativa por la dirección general de FP y Educación Permanente han desatado una insólita controversia sin parangón alguno en la reciente historia del sistema educativo de Cantabria.

Mi presentación de la situación al consejero Ruiz fue clara, concisa y contundente. Expliqué con crudeza, y tristeza a su vez, la realidad que hemos sufrido y que ha desembocado en impotencia y resignación de Decroly
ante la incomprensible actuación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de su dirección general de Formación Profesional y Educación Permanente.

Los daños causados a Decroly, y a un importante número de empresas de la región, no me atrevo a cuantificarlos. No es de recibo que muchas empresas se vean privadas de su derecho a incrementar su plantilla mediante un contrato para la formación y el aprendizaje, regulado por el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual en España, combinando los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro de formación, por decisiones absolutamente injustificables, y jurídicamente muy cuestionables, a la hora de realizar el preceptivo informe para el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) en relación con la formación a recibir por el trabajador.

Ramón Ruiz se mostró comprensivo con la situación y propuso un encuentro para tratar este asunto monográficamente. A mí me pareció bien. Sin embargo no me atrevo a aventurar el final de esta dolorosa historia que afecta, principalmente, a la empleabilidad de los jóvenes de Cantabria y a la limitación de los recursos de contratación a las empresas de la Región.

Los centros pertenecientes a CECE Cantabria, y esta Asociación que les representa, han demostrado siempre, con evidencias irrefutables, su lealtad institucional y su permanente disposición para colaborar con la Administración educativa en todo tipo de acciones innovadoras, planes, programas y proyectos auspiciados por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Su inquebrantable compromiso con el sistema educativo y con la sociedad de Cantabria es materia de educación y formación no admite duda o discusión alguna.

Todo lo anteriormente señalado en relación con la FP a distancia en Decroly no fue óbice, sin embargo, para que la delegación de CECE Cantabria presentara al señor consejero otras demandas ante las evidentes muestras de marginación que el sector de la Concertada padece desde que tomara posesión de su cargo en 2015.

Para ello, tal y como debatimos con Ramón Ruiz en la reunión mantenida el 13 de octubre de 2015, centramos el foco en aquellas reivindicaciones históricas, cuyas deficiencias sitúan al sector de la Concertada en una posición arbitraria a la hora de cumplir dignamente la encomendada misión educativa en clave de libertad, justicia e igualdad,… Así lo recogí en mi post REUNIÓN CON EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, de 20 de octubre de aquel año.

P.D. En un próximo post relataré el resto de los temas del Orden del Día de la reunión tratados con el Consejero y las conclusiones y valoraciones derivadas de la misma.