Pues, sí. No se trata de una disquisición intelectual para analizar situaciones producidas en aplicación de la razón de la fuerza, sino de constatar la decepción a causa de una nueva marginación de la Concertada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

En este caso, a la popular frase yo la añado otros infinitivos que vienen al caso de lo que voy a tratar a continuación. Ver, escuchar, leer para creer. En esta reflexión me apoyo también en la tristemente célebre máxima que sintetiza la denominada Ley de Murphy “Si algo puede salir mal, probablemente saldrá mal”. Este sentimiento se ha instalado en el alma y en el corazón de muchas personas de la Concertada como consecuencia del trato desigual que reciben en comparación con otras de la Pública por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

La razón de la fuerza se ha convertido en el argumento más sólido utilizado por muchos de nuestros gobernantes. Quizá, en lo más profundo de su egolatría, se encuentre la clave de las decisiones y actuaciones de una buena parte de esas personas poderosas que, despreciando las opiniones de sus administrados, terminan creyéndose que realmente les asiste la fuerza de la razón.

Algunos dirigentes, justo es constatarlo también, acumulan reconocimientos de extraordinario valor en su hoja de servicios a la comunidad. En un momento concreto de su vida, sin embargo, –al desempeñar funciones temporales de liderazgo, de gran responsabilidad y de repercusión en la ciudadanía– desarrollan una especie de Síndrome de Estocolmo que les impide tener una visión justa de los hechos y se convierten en personas sectarias, capaces de postergar a una parte de la población por razones exclusivamente ideológicas.

Estamos viviendo un momento histórico sumamente complejo. Los cambios galopantes que cada día se producen a nivel local, nacional e internacional exigen una aceptación del paradigma en el que todo ciudadano encuentre su espacio. En el ámbito educativo hemos generalizado, asumido e interiorizado conceptos como libertad, justicia, tolerancia, equidad, inclusividad, igualdad -de trato y de oportunidades-, diversidad, multiculturalidad, plurilingüismo, respeto,… y otros que enriquecen a diario el potencial cívico individual y colectivo de cuantas personas pasan por las aulas de los establecimientos educativos de cualquier nivel.

Hemos superado entre todos los ciudadanos, sin distinción de colores, viejos estereotipos que causaron un inmenso dolor a una gran parte de la población. Los conflictos se resolvían antaño a “bofetadas” y así nos ha lucido el pelo a lo largo de la historia. Pero, en 1978 los españoles demostramos al mundo, y a nosotros mismos, que somos capaces de encontrar el lugar en el que todos y cada uno podemos vivir en paz, respetando la idiosincrasia de cuantos residimos en las distintas regiones de España. Ese “descubrimiento” se plasmó en la Constitución Española de 1978. Con el transcurso del tiempo hemos madurado como país, pero…

Este largo preámbulo justifica alguna de las manifestaciones que voy a realizar a continuación. Se refieren a mi desazón por los acontecimientos que se suceden un día sí y otro también en el terreno de la educación de Cantabria; por el trato arbitrario que recibe la comunidad educativa del sector Concertado en comparación con sus homónimos de la Pública.

Ejerzo de cántabro, español, europeo y de ciudadano del mundo; amo a mi tierra; me siento orgulloso de haber nacido en Cantabria, de aportar mi grano de arena para contribuir al bienestar y a la felicidad de todos cuantos en ella residimos. Por eso, al mismo tiempo, aflora en mi persona un sentimiento de rabia al comprobar el trato diferente que nos otorga la Consejería. Nuestros dirigentes, en algunas facetas del ordenamiento educativo, se empeñan en ubicar a la Concertada en una posición operativa imposible de sostener, distanciados de lo que la fuerza de la razón recomienda, de acuerdo con los más solemnes principios democráticos.

Nos encontramos, hasta el próximo día 09 de este mes de febrero, en el período de alegaciones al Proyecto de Orden que regula el módulo profesional de formación en centros de trabajo y el módulo profesional de Proyecto para alumnos matriculados en centros educativos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Recientemente, me he referido a esta futura regulación, de forma sucinta, incluso con un cierto tono jocoso en algún momento, en mis entradas CERO PATATERO, de 02 de febrero y LOS ESTUDIANTES ERASMUS DE LA CONCERTADA EN RIESGO DE EXTINCIÓN, de 27 de enero. En ambos escritos he puesto en valor la evidente discriminación que, de aprobarse ese Proyecto de Orden, sufrirá la comunidad educativa de la Concertada, particularmente los alumnos beneficiarios de las becas Erasmus para realizar el módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en empresas de la Unión Europea.

Este pasado fin de semana he leído en los medios escritos de comunicación social locales la noticia PP critica «ataque» del Gobierno a la formación en Centros de Trabajo, referida a una Nota de Prensa publicada el viernes 03 de febrero por la diputada regional y portavoz de Educación del Partido Popular, Mercedes Toribio. Tengo que manifestar que la señora diputada ha reaccionado con prontitud. Su mensaje ha transmitido a la opinión pública una valoración del Proyecto de Orden que regula el módulo profesional de formación en centros de trabajo, que se encuentra en el trámite de información pública hasta el próximo día 09 de febrero, y en cuyo período cualquier ciudadano puede presentar aportaciones.

La diputada Toribio ha manifestado en la Nota de Prensa que el precitado Proyecto de Orden que regula la Formación en Centros de Trabajo (FCT), “será perjudicial para los alumnos, empeorará la calidad de la enseñanza, evidencia desconfianza en el profesorado de Formación Profesional y en los Centros, y supone un nuevo ataque a la enseñanza concertada”.

En otro apartado de su escrito afirma que el Proyecto de Orden vaticina “un ataque directo e injustificado a uno de los pilares de la formación profesional: las prácticas en las empresas”. Y concluye, finalmente,  “se está arremetiendo contra la libertad de las personas y la igualdad de oportunidades, impidiendo por ausencia de recursos económicos, que los centros concertados puedan realizar el seguimiento de los alumnos becados para realizar las prácticas en Europa, recursos que sí se garantizan en la Orden para los centros públicos”.

Sirvan estas líneas para señalar mi preocupación y para proponer a las autoridades de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte subsanar el grave perjuicio derivado de la aplicación del Artículo 29. Gastos derivados del seguimiento del módulo profesional de FCT, tal y como está redactado en el Proyecto de Orden: “el profesorado de los centros educativos públicos responsable del seguimiento del módulo profesional de FCT será compensado en los gastos que le ocasione la realización de esa labor.”

La controversia suscitada en el sector de la Concertada quedaría saldada si la Administración aceptara la enmienda de adición que propongo al susodicho texto del artículo 29 del Proyecto de Orden: “el profesorado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos responsable del seguimiento del módulo profesional de FCT será compensado en los gastos que le ocasione la realización de esa labor.”

Pido al consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, una reflexión sobre las consecuencias para el sector de la Concertada derivadas del mantenimiento del artículo 29, tal y como está redactado en el Proyecto de Orden.

Acepte mi propuesta de enmienda de sustitución de la frase centros educativos públicos por centros educativos sostenidos con fondos públicos. Si así lo hiciere, el sector convertirá la crítica formulada a este Proyecto de Orden en un expreso reconocimiento a los valores democráticos que usted atesora.

Su gesto servirá para iniciar el camino conducente a un reencuentro entre la Administración y la Concertada. Al mismo tiempo, ese nuevo escenario facilitará la revisión de otras actuaciones de la Consejería que históricamente han relegado al sector de la Concertada a una posición de clara discriminación dentro del conjunto de los actores del sistema educativo Cántabro. Ahora es el momento. Enmarquemos la igualdad de trato de la Consejería a las redes Pública y Concertada entre los asuntos que debemos debatir durante el proceso de negociación para alcanzar un deseable Pacto por la Educación en Cantabria.

¡Ojala la fuerza de la razón de mis argumentos sea suficiente para iluminar tu inteligencia, querido Consejero, y para aceptar mi enmienda de adición! Al fin y al cabo, como consta en el refranero español: rectificar es de sabios.

Finalmente, como de ver para creer se trata, acompaño a esta propuesta una petición relacionada. Me refiero a las ayudas individualizadas de la Consejería para la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de los alumnos de ciclos formativos de Grado Superior de Formación Profesional de los centros concertados en empresas o entidades de la Unión Europea, en el marco del programa Erasmus. En este curso y en el anterior los alumnos de la Concertada han sido excluidos de las citadas becas.

Para este curso 2016-2017, ha entrado en vigor, exclusivamente para los estudiantes matriculados en centros públicos, la Orden ECD/2/2017, de 2 de enero, que establece una ayuda de 2000 Euros. Esa  asignación económica será cofinanciada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE).

Lo mismo ocurrió, y con la misma dotación económica, el pasado curso 2015-2016, con la Orden ECD/117/2015, de 10 de diciembre, dirigida únicamente, asimismo, a los alumnos de la Pública.

Para el curso 2014-2015, el consejero de Educación de entonces dictó DOS órdenes: una, la Orden ECD/1/2015, de 19 de diciembre, con una dotación económica de 2000 Euros, para alumnos matriculados en centros públicos y otra, la Orden ECD/51/2015, de 10 de abril, destinadas a alumnos que cursan dichas enseñanzas en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por un valor de 1000 euros.

Así son las cosas, señor Consejero, ¡le toca mover ficha!