El pasado jueves, día 08 de febrero, tuvo lugar una reunión de la Mesa de Concertada en una sala de juntas de las dependencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

Mediante una convocatoria por correo electrónico de la secretaria de la Dirección General de Innovación y Centros Educativos, Mª Jesús Calva, fechada el miércoles día 01 de febrero, el director general, Alonso Gutiérrez Morillo, se reunió con las personas que conforman la Mesa de la Concertada, el jueves 08 de febrero, para tratar los asuntos fijados en el orden del día establecidos en el escrito.

El encuentro fue presidido por Alonso Gutiérrez Morillo en representación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, quien estuvo acompañado por el jefe de la Unidad de Centros, Alejando Gállego. Los agentes sociales del sector pertenecientes a la Mesa de la Concertada, sindicatos y patronales, estuvieron representados por CCOO, UGT, FSIE y USO, los primeros; y por ACES Cantabria, FERE-CECA-EyG y CECE Cantabria, los segundos. El jurídico de CECE Cantabria, Álvaro de la Fuente y quien suscribe, en calidad de presidente de la entidad, participamos en esa jornada de trabajo.

El director general, Alonso Gutiérrez, abrió la sesión después de los protocolarios saludos entre todos los asistentes. Entró directamente, sin preámbulo alguno, en el primer punto del orden del día: borrador de presupuestos del año 2017.

El señor Gutiérrez Morillo afirmó, en primer lugar, que la información aparecida en la prensa local sobre la disminución de la partida de gastos para los centros concertados no se corresponde con la realidad. Para avalar esa afirmación, el director general precisó a los representantes de los profesores y de los titulares de los centros que el presupuesto fija en el capítulo 48, partida 481, página 298, una dotación presupuestaria para la enseñanza concertada de 76.500.000 euros, frente a los 76.250.000 euros del presupuesto del año pasado.

En ese momento de la exposición pedí la palabra solicitando una explicación sobre el destino del incremento resultante por la ampliación del presupuesto. El director general contestó que esa cantidad será dedicada, principalmente, al pago de nóminas del profesorado. Además, añadió Gutiérrez Morillo que, previsiblemente, los presupuestos de Cantabria para el año 2017 serán aprobados a finales de febrero, y su entrada en vigor, a mediados de marzo.

Preguntado por el necesario incremento del módulo de otros gastos, el director general contestó que la previsión de esta partida en el presupuesto es similar a la del año 2016. Sin embargo, añadió que, en cualquier caso, esa realidad quedará supeditada a lo que determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De esa manera, si en dicho texto legal se aumenta esa cantidad, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se vería obligada a incrementar ese capítulo. En cualquier caso, manifestó Gutiérrez Morillo, si la previsión de gasto de este apartado en el presupuesto resultara insuficiente se tendría que corregir como se viene haciendo estos últimos años garantizando, de esta forma, su pago a los centros.

Este debate sobre la economía de los centros continuó con otra intervención mía con la que presenté al director general las últimas evidencias de discriminación que sufren los centros de la Concertada concretadas en tres apartados.

En primer lugar, hice saber al señor Gutiérrez Morillo las dolorosas consecuencias de una eventual aplicación del Proyecto de Orden que regula el módulo profesional de formación en centros de trabajo, para los estudiantes que lo cursan en la Unión Europea, mediante su participación en un proyecto de movilidad del programa Erasmus + 2014-2020. Esta normativa en ciernes atenta contra el principio de igualdad tantas veces defendido por esta Administración.

En concreto, señalé, si se mantiene la actual redacción de su artículo 29. Gastos derivados del seguimiento del módulo profesional de FCT, que dice “el profesorado de los centros educativos públicos responsable del seguimiento del módulo profesional de FCT será compensado en los gastos que le ocasione la realización de esa labor…” será inviable la participación del alumnado en este prestigioso programa europeo al no contemplar la financiación de los costes a los profesores de la Concertada por las TRES visitas obligatorias del tutor de FCT, reguladas en el Proyecto de Orden a cada estudiante en la empresa en que curse el módulo de FCT.

El señor Gutiérrez Morillo hizo suya mi propuesta y se comprometió expresamente a que no exista un trato diferenciado entre el profesorado de ambas redes, asumiendo los gastos que se generen por estas salidas a los profesores de la Concertada. De esta manera, los alumnos podrán realizar el módulo de FCT sin obstáculo alguno ajeno a sus circunstancias.

En segundo lugar, recordé al director general que la Administración ha suprimido las ayudas complementarias autonómicas para los estudiantes Erasmus de la Concertada, manteniéndolas para sus compañeros de la Pública.

De nuevo, con cierto grado de incredulidad por mi parte, eso sí, Gutiérrez Morillo se sumó a esta demanda y se comprometió a restablecer las becas de 1.000 euros a todos los alumnos de la Concertada que habían sido suprimidas en las convocatorias de 2016 y de 2017.

En tercer lugar, recordé al representante de la Administración educativa algunas reivindicaciones históricas que subsanen el atentado permanente contra principios y valores irrenunciables de la Concertada, en forma de derechos, planes, programas, etc. En este momento de la reunión, conocedor de que estaba monopolizando el debate, aludí exclusivamente al complemento económico del cargo de jefe de departamento y de secretario de los centros concertados.

Aquí no tuve tanto éxito como en las demandas precedentes. Gutiérrez Morillo hizo un alegato ya conocido sobre la insuficiencia presupuestaria, sin compromiso alguno.  Finalicé mi intervención solicitando, una vez más, que la Consejería contemple en todos sus documentos legales la denominación de centros sostenidos con fondos públicos para referirse tanto a los centros públicos como a los concertados. Ello resolvería la inmensa mayoría de los problemas de marginación que sufren todos y cada uno de los componentes de la comunidad educativa del sector de la Concertada.

El segundo punto del orden del día, Renovación de conciertos, se desarrolló sin grandes contratiempos. El director general informó que no se van a incrementar unidades mediante la suscripción de nuevos conciertos. Afirmó, no obstante, que se va a mantener prácticamente todas las unidades concertadas, sin que se prevean cambios. El criterio para mantener o suprimir unidades, igual que en años anteriores, será el de número de alumnos y su evolución en cada centro.

Respecto de las unidades de educación especial se mantendrá el mismo principio que todos los años. Permanece la posibilidad de concertar estas unidades una vez se tengan los preceptivos informes pasado el plazo de renovación de conciertos. El jefe de servicio de Centros, Alejando Gallego, anunció un incremento considerable de alumnos con necesidades educativas en todos los niveles no universitarios lo que comienza a ser preocupante, dijo.

El director general informó, también, que esperan convocar la Mesa de la Concertada para aprobar los conciertos a finales de este mes de febrero.

En el tercer punto del orden del día de la sesión se trató sobre un borrador Orden que regula el Plan de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (PEALE) en los centros educativos que imparten enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El jefe de la Unidad de Centros, Alejandro Gallego, entrega una copia del borrador con la finalidad de que puedan hacerse alegaciones a la misma. Después de un breve debate, la Mesa de la Concertada aprobó establecer un plazo máximo hasta el 28 de febrero de 2017 para hacer las alegaciones pertinentes.

Según afirma el director general, se trata de una apuesta decidida para ir hacia el bilingüismo en la región. Al ser cuestionado Gutiérrez Morillo sobre la aplicación del PEALE en los centros concertados la respuesta fue contundente en el sentido de que afecta por igual a todos los centros sostenidos con fondos públicos. Ahora toca a todos los establecimientos escolares de niveles educativos no universitarios proponer las enmiendas que a su saber y entender proceda para su estudio e inclusión, en su caso, en el futuro texto legal correspondiente.

En ruegos y preguntas se plantearon, de nuevo, reivindicaciones históricas al señor Gutiérrez Morillo. La más apoyada fue la referente a la paga de antigüedad correspondiente al año 2016. Los representantes de la Administración contestaron que no hay respuesta a día de hoy y que mantendrán informado al sector en el futuro.

La reunión finalizó con un debate acalorado entre representantes sindicales y patronales relacionado con los eventuales despidos y reducciones de jornada a consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Alejandro Gállego, a petición de los delegados sindicales, se comprometió a informar sobre los datos obrantes en los listados de nóminas de pago delegado. Si bien, manifestó que la Consejería de Educación carece de información sobre el motivo de estas reducciones o despidos, en su caso, añadiendo que esas explicaciones corresponden a los titulares de los centros.