Rueda de prensa de CEOE-CEPYME de Cantabria

Los representantes de la Plataforma de Centros de Formación de CEOE-CEPYME de Cantabria ofrecieron una rueda de prensa el jueves 23 de febrero en la sede de la patronal cántabra de Tres de Noviembre para informar sobre el estado de situación de los centros colaboradores del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) para impartir cursos y acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo

La Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria), entidad adherida a la CEOE-CEPYME de Cantabria, estuvo representada en la rueda de prensa por quien suscribe, en mi condición de1-javier-muniz-45 presidente de esa Organización. En esta ocasión, junto a los representantes de las otras dos sectoriales FERE-CECA-EyG, Carlos Ponga y ACAP, Daniel Pérez, acompañé en el acto a la presidenta de la Comisión de Formación de la patronal cántabra, Montserrat Peña, quien actuó como ponente en la presentación ante los medios de comunicación social escritos y audiovisuales de la Región y una cualificada representación de centros colaboradores.

El discurso pronunciado por Montserrat Peña, consensuado por unanimidad de los componentes de la Comisión de Formación en sesiones de trabajo previas, describió la insostenible situación de los centros colaboradores del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

Dos fueron los temas sobre los que giró su discurso: uno, la deuda acumulada por la Administración regional con sus centros colaboradores desde hace dos años que asciende a una cifra entorno a veinte millones de euros; dos, el impacto negativo del nuevo sistema de gestión de los cursos para personas desempleadas cuya inscripción los candidatos deberán solicitar y tramitar exclusivamente online.

Durante su breve y clarificadora intervención, Montserrat Peña reflexionó en voz alta ante periodistas y audiencia sobre las peculiaridades que caracterizan todos los cursos y acciones formativas que ofrecen los centros colaboradores. Así, se refirió a realidades tales, como la gratuidad total de la formación y de los materiales utilizados por alumnos y docentes, la necesaria homologación académica y profesional de los profesores para impartir los cursos, la autorización de las instalaciones por el propio EMCAN, previa verificación y aprobación de las condiciones de accesibilidad del Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST).

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En otro orden de cosas, afirmó Montserrat Peña, un total de 77 centros de la Comunidad  impartió formación a 7.050 alumnos en 2015 y contrató para ello a más de 1800 trabajadores. En 2016, añadió, se perdieron 17 centros y se impartieron 70 cursos menos y la cohorte de personas formadas se situó en torno a seis mil alumnos, lo que implicó una reducción de 300 puestos de trabajo aproximadamente.

Cantabria, continuó la presidenta de la Comisión de Formación de CEOE-CEPYME, pierde tejido económico, pierde empleo y sus trabajadores y trabajadoras pierden competitividad en la medida que cuentan con menos opciones formativas que otras Comunidades. Ello, sin perjuicio de posibles cuantiosas pérdidas de dinero procedente de la Unión Europea, además de dilapidar su credibilidad en foros europeos de formación.

El nuevo sistema de inscripción de los potenciales candidatos a los cursos para personas desempleadas representa, asimismo, un impacto negativo de consecuencias impredecibles. Se trata de un modelo mediante el cual los trabajadores en situación de desempleo deberán solicitar y tramitar su registro en los cursos exclusivamente online.

La Administración de Cantabria, enfatizó Montserrat 3-ruedadeprensaceoe-1Peña, ha decidido que las Oficinas del EMCAN dejen de ofrecer y gestionar los cursos de formación para el empleo. A partir de ahora, una persona en paro, debe acceder por sus medios a internet y navegar hasta encontrar el curso que le interese y gestionar online su inscripción. Esto supone una cierta dificultad para aquellos ciudadanos con habilidades y acceso directo a la tecnología y a sistemas informáticos pero deja de lado a quienes, por contar con menos recursos económicos o educativos o mayor edad, no van a poder utilizar la única vía que se les ofrece. En consecuencia, la brecha que separa a la parte de la sociedad con menores oportunidades se hace más profunda.

A preguntas de los periodistas a otros miembros de la Mesa auguré, al llegar mi turno, y en línea con lo expuesto por Montserrat Peña, que nos enfrentamos a una cruda realidad. El futuro se presenta incierto. Por un lado, la viabilidad de las entidades formativas se encuentra en un punto sin retorno si la Administración no da respuesta positiva a las demandas económicas de sus centros colaboradores. Por otro lado, prevemos que el 90% de los potenciales alumnos no va a recibir ningún tipo de información sobre la posibilidad de participar gratuitamente en formación para el empleo. Por todo ello, existen motivos fundados para pensar que el 80% de los cursos, y el empleo que conllevan, están en riesgo.

La Plataforma de Empresas de Formación en CEOE, que agrupa a las patronales del sector, pide a la Administración que se replantee esta política excluyente. Solo de esa manera, todos juntos, podremos
realizar dignamente la función social encomendada a los centros colaborados del EMCAN.

La presentación tuvo un gran impacto social. De hecho, tanto el programa de noticias de la edición autonómica de TV como los medios escritos convencionales y digitales regionales y las emisoras de radio4-ruedadeprensaceoe-4 informaron sobre el contenido de la rueda de prensa expuesto por los representantes de la Plataforma de Centros de Formación de CEOE-CEPYME de Cantabria.

La  respuesta del Gobierno fue inmediata. Pocas horas más tarde, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, salió a la palestra, mediante un comunicado de prensa difundido por EFE, para realizar varias puntualizaciones. Me quedo con la parte positiva de su posición y me ahorro entrar en polémica alguna con el señor Sota. Las cosas son como son y las evidencias son absolutamente incontestables.

A título enunciativo sintetizo alguna de las consideraciones del Consejero:

1) entiende las “dificultades” que atraviesan los centros privados a causa de las modificaciones legislativas aprobadas por el Gobierno de España. Me congratulo por ello;

2) ya se comunicó hace meses, tanto a las organizaciones empresariales como sindicales, la intención de diseñar un “nuevo procedimiento de selección del alumnado” de estos cursos, que en todo caso tendrá una aplicación gradual previo a su debate en el seno de la Mesa Sectorial del Diálogo Social. Cierto… ¿y?;

3) los responsables de CEOE-CEPYME, conocen que los pagos de las subvenciones a la formación están sujetos a la Ley estatal 30/2015 que limitó la posibilidad de cobrar la subvención al 25% de su importe tras su concesión, ampliable a un 35% adicional una vez acreditado el inicio de cada curso. Correcto, pero ¿qué va a hacer el Ejecutivo cántabro para facilitar la viabilidad económica de sus centros colaboradores?;

4) el 40% de la subvención sólo podría cobrarse una vez finalizado cada curso, justificado y en un plazo de doce meses que la Administración tiene para revisar toda la documentación, así lo determina una Ley 30/15 precitada. Hombre, señor Sota, convendrá conmigo que ese aspecto de la Ley requiere una inmediata modificación.

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Matices aparte, el hecho es que la gestión de los centros colaboradores del EMCAN se encuentra seriamente comprometida como consecuencia de las draconianas restricciones de la legislación estatal y autonómica. Yo confío en que impere la fuerza de la razón y las administraciones públicas den una respuesta normativa satisfactoria que permita la pervivencia de los centros colaboradores del EMCAN y, por ende, la normalidad en la atención formativa a los trabajadores de Cantabria en situación de desempleo.

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