El secretario general de CECE comparece en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados

Santiago García Gutiérrez, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) compareció en la Comisión de Educación y FP del Congreso de los Diputados el pasado 30 de junio.

En la sesión, a propuesta de Unidas Podemos, intervinieron, además de Santiago García Gutiérrez, otros tres conocidos expertos: José Antonio Sarría Terrón, Presidente de la Comisión de Educación y Formación de la CEOE, que abrió la sesión; Jorge Arévalo Turrillas, Viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno Vasco, que compadeció en tercer lugar, a continuación del secretario general de CECE, y Francisco Javier Cano Montero, Presidente de la Asociación Nacional de Profesorado de FOL (ANPROFOL), que cerró el acto.

Esta entrada se suma a otras anteriores ya publicadas en este blog referidas a la aprobación del borrador del Anteproyecto Ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional, como son PRESENTACIÓN ANTEPROYECTO DE LEY DE FORMACIÓN PROFESIONAL, de 20 de junio de 2021 y LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ENSEÑANZA (CECE) ANALIZA EL ANTEPROYECTO DE LEY DE FP, de 1 de julio de 2021.

Al final de esta introducción voy a transcribir el texto completo de la intervención de Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), organización a la que pertenece la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria, CECE Cantabria, y que me honro en presidir.

Previamente, por la trascendental importancia del empresariado a la hora de aplicar esta Ley, voy a señalar los mensajes más significativos que recoge la intervención del Presidente de la Comisión de Educación y Formación de la CEOE, José Antonio Sarría Terrón. A saber:

  • El 55 % de las empresas tiene dificultad para encontrar trabajadores con la formación adecuada a sus necesidades.
  • El paro juvenil en menores de 25 años en España supone el 39,5 % en el primer trimestre de 2021.
  • Un buen punto de partida para la negociación, que se ha establecido en el marco del Diálogo Social tripartito.
  • Recoge propuestas que «históricamente» se vienen trasladando desde el ámbito empresarial.
  • La futura ley crea un sistema «innovador» que responde a las necesidades de cualificación de la población joven y adulta.
  • Es urgente resolver el creciente desajuste entre la cualificación demandada por las empresas y la que ofrecen los trabajadores.
  • Constata, asimismo, la necesidad de dar respuesta a la alta tasa de fracaso y de abandono escolar temprano, y al alto porcentaje de la población activa que apenas posee estudios primarios y no tiene ninguna cualificación profesional reconocida (11 millones de trabajadores).
  • Apuesta por la FP Dual pero se ha preguntado si el tejido productivo -mayoría pymes- tiene capacidad para hacer frente a la total dualidad de la FP que se pretende y que supondría acoger «de golpe» en torno a 900.000 jóvenes.
  • Cuestiona si realmente es preciso que todo el sistema de FP sea dual.

José Antonio Sarría Terrón hizo una referencia expresa a la vinculación contractual que se establece para la llamada FP Dual Avanzada. El señor Sariá considera «imprescindible» que se mantenga, al menos durante un período transitorio, «la vinculación del aprendiz con la empresa mediante beca formativa hasta que no se disponga de un nuevo contrato laboral más flexible». Esta medida, dijo, «contribuiría a que las empresas que no pudieran asumir la contratación y las Administraciones que ya están desarrollando proyectos con becas, pudieran seguir participando en el modelo».

Si quieres ver y escuchar su ponencia pincha en Intervención de don José Antonio Sarría Terrón, Presidente de la Comisión de Educación y Formación de la CEOE.

Finalmente, antes de pasar a la transcripción de la Intervención de don Santiago García Gutiérrez, Secretario General de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), me permito señalar algunas consideraciones:

  • En la actualidad existen comunidades autónomas, Cantabria es una de ellas, que realizan FP dual mediante becas al alumno, sin contrato.
  • En línea con la propuesta institucional de CECE: «Pasar a un modelo que exija contrato, siendo deseable, requerirá una transición para ir consiguiendo el cambio de mentalidad. No es algo que se haga de la noche a la mañana, ni se pueda imponer. Habría que estudiar fórmulas transitorias, mantener la opción de las becas, buscar incentivos para las empresas».
  • ¿Es viable pretender que todas las ofertas de ciclos formativos sean duales?
  • Es imprescindible el acompañamiento a la Ley de una memoria económica que, entre otras cosas, contemple una eventual ayuda económica a los centros educativos y a las empresas para hacer frente a los costes en recursos humanos, principalmente, que este nuevo modelo de FP Dual va a devengar.

Comparecencia de CECE para informar sobre el próximo
Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional

Comisión Educación y Formación Profesional

Miércoles 30 de junio de 2021, 18:00 horas

En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que se nos brinda para exponer ante esta Comisión nuestras observaciones sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que consideramos de vital importancia para la configuración de un sistema de Formación Profesional que responda a las demandas de cualificación de las personas y las empresas.

Comparezco aquí como persona que ha dedicado más de 30 años a la Formación Profesional, desarrollando mi trabajo primero como profesor y luego como director de un centro, y en Europa dentro del grupo de expertos que asesoró a la Comisión Europea en el diseño de las políticas de Formación Profesional y Cualificaciones de la Unión Europea. Además, represento a la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Por este motivo, intentaré transmitir mi visión desde ambas perspectivas.

Papel fundamental de la Formación Profesional

En primer lugar, me gustaría resaltar el papel que la Formación Profesional ha desempeñado en los últimos años dentro del sistema educativo. A pesar de una consideración social que no siempre le ha hecho justicia, las personas que han cursado estas enseñanzas salen con una formación que les capacita no solamente para el desempeño de una profesión, sino también para el desarrollo de sus competencias personales y sociales. Y todo ello es posible gracias al esfuerzo y la implicación de todos los actores, los profesores, los centros educativos, las empresas, los alumnos y sus familias. Vaya mi reconocimiento a todos ellos por su gran labor.

Una ley necesaria y ambiciosa

Dicho esto, la evolución del mundo del trabajo, con las innovaciones tecnológicas y de todo tipo que se producen a un ritmo vertiginoso, hace necesaria la adaptación de los sistemas de formación profesional a la nueva situación. Como se refleja en la Recomendación del Consejo Europeo de 24 de noviembre de 2020, sobre la educación y formación profesionales (EFP) para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia, “Los sistemas de EFP de alta calidad e innovadores proporcionan a las personas capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la ciudadanía (…) Resulta esencial disponer de políticas eficaces de EFP para alcanzar el objetivo de promover una mano de obra cualificada, formada y adaptable.”

En este contexto, valoramos de forma positiva el anteproyecto. Es un buen punto de partida, una ley muy ambiciosa, que precisamente por ello va a requerir un gran esfuerzo normativo, mucho diálogo social y, en mi opinión, un gran cambio de mentalidad en los diferentes agentes implicados, que son muchos: administraciones autonómicas, empresas grandes y pequeñas, colectivos empresariales (patronales sectoriales, cámaras de comercio, agrupaciones gremiales y de pequeños productores…), sindicatos, docentes, centros de FP y hasta universidades. Esto va a demandar que seamos capaces de explicar muy bien todos los aspectos de la ley, y por ello creemos que se podrían introducir algunas mejoras en el anteproyecto y, más adelante, en sus desarrollos normativos.

Nos parece muy positivo que se presente una Ley Orgánica que actualice el sistema de Formación Profesional y que integre la Formación Profesional del Sistema Educativo y la del Empleo, la acreditación de la formación por otras vías incluyendo la propia experiencia profesional, el registro estatal de formación y la conexión de la FP con el resto de etapas del sistema educativo y con el sistema productivo.

Asimismo, nos parece importante que se aborde en la ley la regulación a nivel nacional de los diferentes modelos de FP Dual y que se reconozca la gran importancia de desarrollar un sistema de orientación profesional integrador y personalizado.

Sin ánimo de cubrir todos los aspectos, dado que otros comparecientes harán sin duda hincapié en ellos, paso a comentar algunos temas concretos.

El nuevo sistema de ordenación de las ofertas en grados.

Una de las principales novedades de esta ley es la definición de un sistema modular, flexible, con una formación acreditable, acumulable y capitalizable. La introducción de las microformaciones está totalmente alineada con la tendencia europea de las micro credentials y, en el otro extremo del continuo, los cursos de especialización responden a las demandas de una formación en sectores emergentes y de gran desarrollo.

Sin embargo, creo que el lenguaje puede llevar a confusión. Desde hace años utilizamos la denominación de Grado Medio y Grado Superior para los ciclos formativos, y Grado Básico desde la LOMLOE para la anteriormente llamada FP Básica. Introducir esta terminología de grados que van desde el A hasta el E genera una innecesaria falta de claridad, por lo que sería conveniente buscar un término alternativo al de grados para la definición de las diferentes ofertas formativas.

¿Toda la FP será dual?

La regulación de la FP dual es uno de los aspectos que se llevaba demandando hace tiempo, para dar una cierta homogeneidad al sistema, a la vez que se respeta la diversidad sectorial y territorial. Este anteproyecto la aborda, pero uno de los aspectos que genera más incertidumbre sobre su aplicación es la afirmación de que toda la FP será dual. Indudablemente la dualidad es un atractivo para la oferta de FP, pero debemos considerar si es viable pretender que todas las ofertas de Ciclos Formativos sean duales. Ni en países de tradición dual, como Alemania, es dual toda la formación.

Desde la experiencia de los centros, es muy complicado pensar en una FP dual en el Grado Básico. Hay que tener en cuenta el perfil de los alumnos, y las dificultades que actualmente conlleva, en muchos casos, el encontrar empresas dispuestas a acogerlos en prácticas. Si aumentamos las horas de las 400 actuales a una horquilla entre 500 y 700, y además la empresa tiene que asumir el 20% de los resultados de aprendizaje, se va a generar un problema mayor. Entendemos la importancia de la fase en empresa, de hecho, la consideramos uno de los puntos clave para el éxito del modelo, pero a la vez hay que aterrizar en la realidad de los perfiles del alumnado y de la capacidad de las empresas para hacer frente a esas nuevas exigencias.

Dos modalidades de dual, beca y contrato.

Sobre las dos modalidades de dual, creo que la auténtica dual es la que se denomina avanzada o en alternancia. Esta cumple con los 14 requisitos del marco de calidad para el aprendizaje que definió la Comisión Europea. La llamada dual general, desde mi punto de vista, es una Formación en Centros de Trabajo ampliada, pero con participación formativa de la empresa. No voy a extenderme en el punto de vista empresarial, ya expuesto por el compareciente anterior, pero para los centros esta dual general puede suponer un problema, sobre todo en determinados perfiles como los que ya he comentado.

Quisiera hacer una breve referencia al contrato. Creo que es necesario un trabajo conjunto de los ministerios responsables para definir un contrato que se adapte a las necesidades de la FP dual. El actual contrato de formación y aprendizaje no es el instrumento adecuado para ello.

Actualmente hay comunidades autónomas que realizan FP dual mediante beca al estudiante, sin contrato. Pasar a un modelo que exija contrato, siendo deseable, requerirá un periodo de transición para ir consiguiendo el cambio de mentalidad. No es algo que se haga de la noche a la mañana, ni que se pueda imponer. Habría que estudiar fórmulas transitorias, mantener la posibilidad de las becas, buscar incentivos para las empresas.

Otro aspecto sobre el contrato que requerirá una buena explicación es el estatus del estudiante. Si se habla de que realizará actividad laboral retribuida, pero por otra parte se debe someter al calendario escolar – salvo situaciones excepcionales –, la empresa no sabrá realmente si tiene o no un trabajador, qué le puede exigir, etc. Esta indefinición no favorecerá la implicación de las empresas.

Tutores duales de centro y de empresa

La regulación de estas figuras era absolutamente necesaria. Aunque la ley enumera sus funciones, quedan pendientes algunos temas relacionados. Si vamos a itinerarios formativos personalizados, serán necesarios varios tutores en cada grupo de alumnos. De hecho, la gran mayoría del profesorado desempeñará esta función, y hay que regular las condiciones en las que se desarrollará su trabajo.

De la misma manera, se tendrá que definir el estatus laboral del tutor de empresa, si va a necesitar estar acreditado, si va a haber un registro de tutores de empresa, quién puede ser tutor de empresa, qué ver qué ocurre en el caso de las micro pymes… Habrá que regular su dedicación, horas, salario, incentivos, capacitación…

Sobre el profesorado

En lo referente al profesorado, quiero tocar solo algunos aspectos que nos preocupan. En primer lugar, aunque parece que en el espíritu de la ley está claro, hay que asegurar que el incremento de las horas de formación en la empresa no lleve aparejado una disminución de profesorado en los centros educativos.

Apreciamos el reconocimiento de la importancia de la participación del profesorado especialista que combina su carrera profesional en el sector productivo con la docencia en los centros de FP. Solicitamos que se elimine del su carácter de figura excepcional. Solicitamos que se considere su participación de manera más realista, teniendo en cuenta la necesidad de estos perfiles allí donde fueran necesarios, porque las materias a impartir fueran de reciente implantación, por dificultad para encontrar los perfiles en los profesores o cuando la complejidad u operatividad del proceso tecnológico fuese muy ligado a la práctica productiva real.

Sin entrar en polémicas que corresponden al ámbito de la función pública, reivindicamos también la necesidad de que los Técnicos Superiores de FP puedan seguir impartiendo docencia en los centros, tanto públicos como privados. Los que hemos tenido responsabilidades directivas en centros sabemos la importancia de contar con los mejores profesionales, capacitados para impartir los conocimientos prácticos requeridos, y en muchos casos esto solo se consigue con dichos técnicos superiores.

La importancia de la orientación y la introducción de otras figuras

Compartimos el papel fundamental que la orientación debe jugar en el sistema. Creemos necesaria la introducción de la figura del orientador profesional o vocacional en los centros, como complemento al orientador psicopedagógico. Es necesario un esfuerzo de formación de dichos profesionales.

El anteproyecto señala que “toda persona tendrá derecho a una orientación flexible y gratuita, que se adapte a sus necesidades específicas e incluya la acreditación de competencias profesionales adquiridas en la experiencia laboral”. Y también que “todos los centros que impartan oferta de formación profesional deberán prestar el servicio de orientación profesional”. Para poder hacer esto viable, es necesario que las administraciones doten de recursos a todos los centros del sistema.

Creemos también muy positiva la incardinación en los centros de FP de otros colaboradores como el trabajador experto senior para la actualización del currículo y la del prospector de empresas para ayudar a los centros a contactar con empresas de su sector. Nuevamente habrá que articular las medidas oportunas para que esto llegue a todos los centros y sea viable.

Modalidad virtual, exigir calidad garantizando la posibilidad de la oferta

Sin duda alguna el objetivo de flexibilidad de esta ley requiere de todas las modalidades de formación, y la virtual ha de jugar un papel importante. Por ello, nos parece que no deben ponerse más condiciones que aquellas que garanticen la calidad de la oferta.

Para los llamados grados A, B y C, resulta de difícil cumplimiento tener grupos funcionando en presencial como requisito para impartición en modalidad virtual. Asimismo, la exención de determinados requisitos para su autorización a centros que impartan exclusivamente modalidad virtual no debe depender de la titularidad del centro.

Investigación e innovación.

Resulta muy oportuno que la innovación y la investigación aplicada formen parte de los ejes principales de la ley. Uno de los proyectos estrella de la Comisión Europea para mejorar la imagen y la calidad de la FP son los “Centros de Excelencia Vocacional” (CoVE), plataformas de cooperación entre centros y empresas para desarrollar juntos enfoques innovadores para abordar los desafíos sociales, tecnológicos y económicos. Los proyectos de innovación que se financian en España van en la línea de estos proyectos internacionales.

Internacionalización

Otro punto destacable es la apuesta por las actividades internacionales. Acabo de mencionar una de ella, pero también están los dobles grados internacionales – en Europa se llaman Joint Qualifications – y todas las actividades de movilidad y transferencia de innovación que se financian en el marco del programa Erasmus+, recién aprobado para el periodo 2021-2027. España tiene una gran participación en las actividades de movilidad en FP, y con la potenciación de las mismas estaremos más cerca del objetivo europeo, mencionado en la recomendación que cité al principio, de alcanzar para 2025 un 8% de alumnado de EFP que se haya beneficiado de una movilidad en el extranjero por motivos de aprendizaje.

Para conseguir esto, a la hora del desarrollo de la ley se debe ser ambicioso en la introducción del aprendizaje de otros idiomas, teniendo en cuenta la especificidad de cada sector.

Colaboración público – privada

Tanto en el Plan de Modernización de la Formación Profesional como en este anteproyecto se menciona la colaboración público – privada como uno de los principios vertebradores del sistema. No puede haber una buena FP sin esta colaboración, que debe englobar no solo a las empresas, sino a los centros educativos y de formación. La realización de este ambicioso proyecto de modernización de la FP es tarea de todos, y todos los actores son necesarios. Creemos, por tanto, que los futuros desarrollos de esta ley tendrán que contar con todos los centros que forman parte del sistema de formación profesional.

Por supuesto quedan otros temas referidos a este anteproyecto de ley, pero creo que estos son los más relevantes desde nuestra perspectiva. Les agradezco su atención, y quedo a su disposición para contestar a las preguntas que consideren oportunas.

Muchas gracias.

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