La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha remitido ayer, miércoles uno de julio, una Nota de Prensa a los medios de comunicación en la que lamenta que se vuelva a discriminar a las familias que eligen centros concertados a la hora de educar a sus hijos y rechaza la exclusión de la concertada en los planes para la Reconstrucción Social.
Hace solamente un par de semanas, en una de mis habituales entradas a este blog, JUSTICIA DISTRIBUTIVA EN EDUCACIÓN ANTE EL COVID-19, publicada el jueves 18 de junio, relaté mi posición a la hora de elaborar
el preceptivo Plan de Contingencia de Decroly por mandato de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria. Este Plan de Contingencia de Decroly fue presentado a la Consejería en tiempo y forma, basado en las Orientaciones para la preparación de planes de contingencia para el curso 2020-2021, publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional el pasado mes de mayo y en las Orientaciones para la organización de la vuelta a las aulas en septiembre. Curso 2020-2021, dictadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria, de 5 de junio de 2020.
En aquella entrada, al final del escrito, señalaba mi preocupación, y la de todo el sector de la Concertada, sobre una eventual exclusión de este colectivo y sus comunidades educativas de la asignación de recursos y fondos públicos extraordinarios para educación en el contexto de la recuperación post pandemia. Con una especial sensibilidad ante la gravedad de las consecuencias derivadas de la enfermedad puse en valor y destaqué la inquietud y temor del sector ante una eventual marginación del colectivo que representa la Concertada. Hice alusión, asimismo, a las relevantes opiniones como las manifestadas por Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de la Universidad de Murcia y experto en exclusión educativa.
Reproduzco esa parte de JUSTICIA DISTRIBUTIVA EN EDUCACIÓN ANTE EL COVID-19 al final del texto de la Nota de 
Prensa emitida ayer por la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). En esos párrafos, describo mi desazón y recelo por los derroteros que ha elegido el Grupo de Trabajo de Políticas Sociales que forma parte de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica constituida en el Congreso de los Diputados avalando la propuesta del Gobierno por la que excluye a la escuela concertada de la asignación de fondos públicos extraordinarios para educación en el contexto de la recuperación post pandemia.
Añado, asimismo, algunas afirmaciones contundentes que no admiten discusión alguna por reflejar postulados que consagra nuestra Constitución. Una, «la libertad de los padres para elegir los centros educativos y el tipo de educación que creen de acuerdo con sus convicciones para sus hijos»; otra, «el Estado no es el propietario de los hijos, ni de la educación. Es un derecho de los padres que desarrollan en libertad e igualdad que ha de garantizar el Estado»
Además, no me voy a reprimir a la hora de calificar las iniciales intenciones del Gobierno y los partidos políticos que avalaron su investidura y lo sostienen desde entonces sobre este particular. Se trata de una flagrante discriminación al 29% de la población escolar y de sus familias, que libremente eligieron un centro educativo concertado. Desde el Gobierno y los partidos políticos que lo sustentan han construido un falso argumentario para desprestigiar a los centros concertados y justificar sus espurias intenciones absolutamente sectarias, que atentan contra la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución y avalada en numerosas ocasiones por los más altos tribunales de justicia al amparo de su jurisprudencia.
No es verdad, es rotundamente falso,… ¡y lo saben! el cúmulo de acusaciones a la Concertada tildándola de segregar, seleccionar, discriminar al alumnado e impedir a los más vulnerables su escolarización en estos centros educativos. La normativa de admisión de alumnos es igual para todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de gestión directa por la administración bien aquellos otros de iniciativa social, cuales son los concertados. La red pública y la concertada forman parte, ambas, del sistema público de educación.
La izquierda radical comunista que gobierna España, PSOE y Unidas Podemos, pretende hacer creer a la ciudadanía que la enseñanza concertada es elitista. Nada más lejos de la realidad. Los centros concertados son, por el contrario, un fiel reflejo de pluralidad tanto familiar como sociolaboral, económica, ideológica, cívica y cultural de la sociedad española.
Organizaciones sindicales y patronales, asociaciones y confederaciones de padres y madres de alumnos, partidos políticos de distinto signo, personalidades de reconocido prestigio,… denuncian las motivaciones ideológicas y rechazan contundentemente el acuerdo alcanzado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica con los únicos votos del PSOE y Unidas Podemos.
NOTA DE PRENSA
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) rechaza la exclusión de la concertada
en los planes para la Reconstrucción Social
Madrid, 1 de julio de 2020
“El Grupo de Trabajo de Políticas Sociales que forma parte de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica ha votado este miércoles en el Congreso de los Diputados a favor de la propuesta del Gobierno que excluye a la escuela concertada de la asignación de fondos públicos extraordinarios para educación en el contexto de la recuperación post pandemia.
Lamentamos que se vuelva a discriminar a las familias que eligen centros concertados. La enseñanza concertada escolariza a más de dos millones de alumnos de muy diverso origen socioeconómico. Representan el 29% en la enseñanza básica obligatoria. No entendemos cómo desde los poderes públicos se puede pretender que la recuperación educativa tras la pandemia pase sólo por la educación pública. El PSOE y Podemos olvidan que una gran parte de familias también confiaron en ellos, ahora sentirán una profunda decepción porque se excluye a sus hijos de los fondos públicos para paliar esta crisis.
Una vez más, asistimos a un uso ideológico de los fondos públicos, igual que ocurre en muchas CCAA con las ayudas de comedor y transporte. Es una rotunda injusticia en el uso de dichos fondos que, en vez de basarse en los datos reales del impacto de la crisis en las familias, ignore totalmente a una parte tan importante de ellas.
Deseamos que funcione muy bien la enseñanza pública, como es natural. Pero la solución no está en legislar contra ese 29% de familias españolas que eligen centros concertados y que han sufrido, como todos, los efectos de la pandemia.
Hoy, más que nunca, hay que legislar y gestionar la inversión pública sin exclusiones y sin ideología. Hay que contar con todos para la reconstrucción social del país. No es momento de tomar decisiones excluyentes. Para salir más fuertes de esta crisis, debemos estar todos en el mismo equipo y no dejar a nadie atrás.
Valoramos positivamente la decisión de partidos políticos muy diversos que se han posicionado claramente contra esta discriminación. Esperamos que Gobierno y partidos hagan un esfuerzo de consenso ante la votación final, e igualmente que todas las decisiones que salgan del Parlamento sean integradoras y respetuosas con los derechos y libertades constitucionales de todos los ciudadanos. Nadie sobra para mejorar la educación, y menos en un momento tan trascendental de nuestra sociedad como el que estamos viviendo”.
Tal y como adelantaba en la primera parte de la introducción de este post, mencionando mi estrada JUSTICIA DISTRIBUTIVA EN EDUCACIÓN ANTE EL COVID-19, de Jueves 18 de junio de 2020, añado los párrafos finales a los que aludía, indicando mis reflexiones sobre la anunciada financiación de los costes de los centros educativos para atender sus necesidades y adaptaciones demandadas por la pandemia.
“Una preocupación instalada en el sector educativo, de la que es plenamente consciente el Gobierno de España y el de las comunidades autónomas –la de Cantabria incluida- es la referida a la financiación del nuevo escenario originado por la pandemia del Covid19. El Gobierno anunció un fondo extraordinario de 2000 millones de euros destinados a afrontar los costes de los colegios para abrir en setiembre con las necesarias adaptaciones de seguridad que demanda la pandemia. Serán administrados por las comunidades autónomas quienes decidirán entre qué centros sostenidos con fondos públicos se repartirán estas ayudas.
Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar. “Por principios de equidad, los fondos adicionales se tienen que distribuir atendiendo a las necesidades reales que tienen los centros, y los públicos albergan a más alumnos desfavorecidos y el profesorado tiene que hacer frente a esas situaciones de desigualdad”, manifiesta Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de la Universidad de Murcia y experto en exclusión educativa y añade “La concertada no debiera quedarse fuera, pero debe recibir un trato equitativo, y ello significa dar más a quienes más lo necesitan”. “La Administración tiene que asumir el coste adicional que pueda haber en septiembre, porque todos somos centros sostenidos con fondos públicos”, manifiesta José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
Los fondos “irán a aquellos centros donde estén los alumnos más necesitados”, manifestó la ministra Celaá en una entrevista radiofónica en otro momento. Según este argumento, y de acuerdo con los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la concertada acoge al 25,6% de los alumnos con necesidades, si bien en materia de aprendizaje las necesidades ascenderías al 26,71% de los estudiantes.
Sin embargo, el presidente Sánchez ha causado gran estupor en la Concertada al afirmar que “el esfuerzo que está mostrando el Gobierno, sobre todo, para defender la sanidad y la educación públicas cuando en septiembre ya tengamos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio me parece definitivo”. En otro momento declaró que todo ese dinero sería para la pública.
La pelota, valga el símil popular, se encuentra en el tejado de las comunidades autónomas. Cantabria, a día de hoy, no se ha definido claramente sobre el reparto de estas ayudas. A nadie se le oculta que los criterios son dispares y no garantizan una distribución equitativa de los dineros entre todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Yo, sin embargo, soy optimista. No tengo la menor duda de que el Gobierno de Cantabria demostrará su altura de miras a la hora de tratar a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna. Todos los centros sostenidos con fondos públicos recibirán las ayudas pertinentes para hacer frente a las necesidades insoslayables de los alumnos más vulnerables y a todas aquellas referidas a los extraordinarios gastos producidos en aplicación de su Plan de Contingencia y de las medidas de higiene, distancia y seguridad que garanticen la salud y bienestar de todos los miembros de su comunidad educativa.
Decroly, igual que todos los centros concertados, exige a la Administración la aplicación de criterios de igualdad y no discriminación en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Por lo que a mi respecta, no contemplo en mi argumentario posibilidad alguna que contraríe la posición que sostengo basada en la fuerza de la razón sustentada en un principio irrenunciable cual es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley”.
Otras entradas y enlaces de interés:
rincondeldirector.com 