Justicia distributiva en Educación ante el Covid-19

El retorno de los escolares a los centros educativos en setiembre para iniciar el curso escolar 2020-2021 presenta numerosas incógnitas y dificultades que deberán aclararse y subsanarse en las próximas semanas. Un asunto crucial, entre otros, es la necesaria dotación de recursos para afrontar adecuadamente el reto que se avecina, en todos los centros sostenidos con fondos públicos.

Decroly ha elaborado un Plan de Contingencia con el fin de dar una respuesta eficaz, dentro de las posibilidades que permiten sus recursos humanos y materiales, a las recomendaciones del Ministerio de Educación y Formación Profesional y a la normativa de la Administración Educativa estatal y de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo de Cantabria. El Plan de Contingencia que Decroly presentará a la Consejería en los próximos días para su conocimiento y aprobación, si procede, expone las líneas maestras de actuación educativa en este centro de Formación Profesional en las diversas situaciones operativas que contempla ante la futura evolución de la pandemia causada por el Covid-19.

El Plan de Contingencia de Decroly se basa en las Orientaciones para la preparación de planes de contingencia para el curso 2020-2021, publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional el pasado mes de mayo y en las Orientaciones para la organización de la vuelta a las aulas en septiembre. Curso 2020-2021, dictadas por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria, de 5 de junio de 2020. El texto contempla multitud de aspectos relevantes, agrupados en cinco áreas: Organización escolar adaptada a la pandemia, Programación didáctica de cursos y áreas, Dotación tecnológica. Plan de refuerzo de la competencia digital y Plan tutorial para la actividad lectiva a distancia. Además, Decroly ha incluido un sexto punto que ha denominado Necesidades para ofrecer una respuesta eficiente y ajustada a la realidad escolar.

Una primera información detallada sobre el Plan de Contingencia de Decroly la describo en mi entrada PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2021, de 28 de mayo de 2020. El equipo directivo señala en el texto la ineludible necesidad de combinar la actividad educativa presencial y la teleformación, en la medida que las circunstancias de cada momento lo exijan. Contempla, además, la implantación de una metodología de enseñanza-aprendizaje que facilite la utilización por parte del profesorado y del alumnado en sus domicilios de aquellas herramientas y recursos que ofrece el mercado. Asimismo, recoge aquellos otros dispositivos que puede proporcionar el centro a los estudiantes, incluido los materiales de elaboración propia de los profesionales docentes de Decroly.

El escenario que se vislumbra de cara a setiembre altera sensiblemente la realidad educativa presencial hasta ahora conocida. Tal vez, por esa razón, carecemos de una normativa legal que ordene el sistema educativo a partir del comienzo del próximo curso escolar 2020-2021, ante la dificultad que ello entraña. Recomendaciones aparte de las autoridades sanitarias y educativas estatales y autonómicas, lo cierto es que la ÚNICA norma obligatoria, vinculante, es la referida a las medidas de protección e higiene para volver a las aulas en septiembre. En concreto, la exigencia de guardar 1´5 metros de distancia entre los alumnos en las aulas, dictada en el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Ese requisito formal ha originado en las comunidades autónomas una reacción contundente y contraria a esa decisión. Hasta nueve presidentes autonómicos rechazan por inviable e imposible de cumplir ese imperativo legal con los recursos humanos, instalaciones, equipamientos y materiales disponibles. Todos ellos reclaman que, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), la separación en las aulas se rebaje a un metro (1m). Aquí está la clave del debate y, posiblemente, de la tardanza de legislar una normativa de obligado cumplimiento en todo el Estado.

Si se mantiene la distancia de 1´5 metros entre los alumnos las evidencias son incontestables: no habría aulas suficientes en la inmensa mayoría de los centros ni existen recursos económicos bastantes para contratar profesores, si ese asunto no se resolviera a favor del criterio de 1 metro. Todo ello, añadido al coste adicional que las medidas sanitarias representa para financiar el gasto de mascarillas, geles, mantenimiento de la limpieza e higiene necesaria, etc.

Decroly, igual que todo el sector de la enseñanza concertada, ha diseñado un Plan de Contingencia acorde con las posibilidades estructurales de sus instalaciones y los recursos humanos y materiales disponibles en virtud de la ratio legal en vigor y la financiación a través del capítulo de Otros gastos. El resultado más optimista, a la hora de que sus alumnos se incorporen presencialmente al centro, presenta un escenario en el que los alumnos de unos 10 de los 22 ciclos formativos operativos en Decroly podrán cursar su estudio a tiempo completo. Es decir, 30 horas de clase semanales. Todos los demás grupos se subdividirán en dos y asistirán presencialmente media jornada. Es decir, 15 horas de clase semanales.

Una preocupación instalada en el sector educativo, de la que es plenamente consciente el Gobierno de España y el de las comunidades autónomas –la de Cantabria incluida- es la referida a la financiación del nuevo escenario originado por la pandemia del Covid19. El Gobierno anunció un fondo extraordinario de 2000 millones de euros destinados a afrontar los costes de los colegios para abrir en setiembre con las necesarias adaptaciones de seguridad que demanda la pandemia. Serán administrados por las comunidades autónomas quienes decidirán entre qué centros sostenidos con fondos públicos se repartirán estas ayudas.

Las reacciones a esta medida no se han hecho esperar. “Por principios de equidad, los fondos adicionales se tienen que distribuir atendiendo a las necesidades reales que tienen los centros, y los públicos albergan a más alumnos desfavorecidos y el profesorado tiene que hacer frente a esas situaciones de desigualdad”, manifiesta Juan Manuel Escudero, catedrático emérito de la Universidad de Murcia y experto en exclusión educativa y añade “La concertada no debiera quedarse fuera, pero debe recibir un trato equitativo, y ello significa dar más a quienes más lo necesitan”. “La Administración tiene que asumir el coste adicional que pueda haber en septiembre, porque todos somos centros sostenidos con fondos públicos”, manifiesta José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.

Los fondos “irán a aquellos centros donde estén los alumnos más necesitados”, manifestó la ministra Celaá en una entrevista radiofónica en otro momento. Según este argumento, y de acuerdo con los datos estadísticos publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, la concertada acoge al 25,6% de los alumnos con necesidades, si bien en materia de aprendizaje las necesidades ascenderías al 26,71% de los estudiantes.

Sin embargo, el presidente Sánchez ha causado gran estupor en la Concertada al afirmar que “el esfuerzo que está mostrando el Gobierno, sobre todo, para defender la sanidad y la educación públicas cuando en septiembre ya tengamos a los niños y niñas a la vuelta en el colegio me parece definitivo”. En otro momento declaró que todo ese dinero sería para la pública.

La pelota, valga el símil popular, se encuentra en el tejado de las comunidades autónomas. Cantabria, a día de hoy, no se ha definido claramente sobre el reparto de estas ayudas. A nadie se le oculta que los criterios son dispares y no garantizan una distribución equitativa de los dineros entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Yo, sin embargo, soy optimista. No tengo la menor duda de que el Gobierno de Cantabria demostrará su altura de miras a la hora de tratar a todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna. Todos los centros sostenidos con fondos públicos recibirán las ayudas pertinentes para hacer frente a las necesidades insoslayables de los alumnos más vulnerables y a todas aquellas referidas a los extraordinarios gastos producidos en aplicación de su Plan de Contingencia y de las medidas de higiene, distancia y seguridad que garanticen la salud y bienestar de todos los miembros de su comunidad educativa.

Decroly, igual que todos los centros concertados, exige a la Administración la aplicación de criterios de igualdad y no discriminación en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Por lo que a mi respecta, no contemplo en mi argumentario posibilidad alguna que contraríe la posición que sostengo basada en la fuerza de la razón sustentada en un principio irrenunciable cual es que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley.

Otras entradas y enlaces de interés:

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: