Una de las regulaciones contenidas en el Real Decreto-Ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo establece la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las personas que realicen las prácticas correspondientes al módulo Formación en Centros de Trabajo (FCT) de los estudios de Formación Profesional de Grado Medio y Grado Superior.

La medida afecta por igual, también, a los estudiantes de Postgrado y Grado universitarios, además de a aquellos otros que cursan estudios de Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño y de Enseñanzas Deportivas de Régimen Espacial.

En mi entrada SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ALUMNOS DE FP QUE REALICEN EL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT), del pasado jueves, 10 de enero, colgué en este blog rincondeldirector.com la noticia que da cobertura y difusión al despropósito recogido en el precitado Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre -¡Qué casualidad, Día de los Santos Inocentes!- en su Disposición adicional quinta Seguridad Social de las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas.

El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua carece de apelativos suficientes para calificar el dislate que esta genialidad del Gobierno –medida urgente– ¡ver para creer!, dictada a espaldas del Ministerio de Educación y Formación Profesional y sin conocimiento previo de las partes implicadas. Su entrada en vigor a partir del día siguiente, 29 de diciembre, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el ecuador de las vacaciones navideñas de alumnos y profesores, cogió a todo el mundo con el “pie cambiado”.

Durante las dos últimas semanas las reacciones han sido contundentes. Los medios de comunicación digital, particularmente, han recogido el sentir de las partes afectadas en el que el denominador común ha sido la manifestación de una preocupación indisimulada. Según palabras de la consejera de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca, Cristina Uriarte, “va en contra de todas las políticas que estamos desarrollado a favor de la colaboración de la empresa en la formación del alumno”, afirmación mencionada a la finalización de un encuentro de los consejeros de educación de todas las comunidades autónomas con la ministra Celaá en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 8 de enero.

Los empresarios canarios, por ejemplo, manifiestan sin complejo alguno que “las empresas no ofertarán prácticas si tienen que cotizar por los alumnos”. Simultáneamente, el secretario general de la Confederación de Empresarios de Tenerife (CEOE), Eduardo Bezares, ha deslizado una serie de frases que no han pasado desapercibidas, tales como: “no solo no nos gusta la forma” en la que el Gobierno ha aprobado esta medida calificada de “urgente” en el Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre, “sin diálogo ni acuerdo alguno”. Esta medida ha generado una enorme confusión y “tiene un objetivo claramente recaudatorio”. Por otro lado, recordó Bezares, el 96% de las empresas de Canarias tienen menos de 10 trabajadores con lo que “si al coste intangible que ya les está suponiendo tener alumnos en prácticas se le añade ahora uno tangible difícilmente podrán seguir acogiéndolos”.

Tal y como indica el punto 6 de la Disposición adicional quinta “El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, procederá a desarrollar lo previsto en esta disposición y a adecuar a la misma las normas reglamentarias sobre la materia”. Se avecinan unas semanas de intensas negociaciones, como las ya iniciadas por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) con el Gobierno, celebrada el pasado miércoles día 16 de enero, con representantes de los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Está previsto, también, una reunión inmediata de los agentes económicos y sociales con mandatarios de los ministerios de Educación y Formación Profesional y Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para acometer un diálogo que conduzca a un acuerdo satisfactorio para todas las partes implicadas en la realización de las prácticas del módulo FCT de los alumnos de Grado Medio y Grado Superior de Formación Profesional.

La CRUE y sus interlocutores gubernamentales ya han alcanzado un primer acuerdo. Se trata de que, pase lo que pase, la anunciada cotización de prácticas universitarias no sea obligatoria hasta el próximo curso 2019-2020. Ese criterio, entiendo, será aplicable a las prácticas del módulo FCT de Formación Profesional, igualmente.

Nadie en el ámbito universitario o el educativo de Formación Profesional está de acuerdo con las razones esgrimidas por el Gobierno para incluir en el apartado de “otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo” del Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre concretadas en su aseveración del Ejecutivo “queremos tener una fotografía nítida de los distintos tipos de becarios que hay en el país y acabar con las situaciones irregulares que se producen en algunos centros de trabajo”. Ese argumento no se sostiene. Las prácticas correspondientes al módulo de FCT de Formación Profesional están absolutamente controladas mediante el preceptivo convenio de colaboración de los centros con empresas y entidades que se deposita, una vez firmado por las partes, en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y en la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria, en lo que los estudiantes de los centros de esta comunidad autónoma se refiere.

Las prácticas en empresas y en otras entidades de los alumnos que cursan el módulo de FCT de Formación Profesional forman parte del plan de estudios de cada uno de los respectivos ciclos formativos y son determinantes para obtener el título académico correspondiente. Los alumnos de Formación Profesional son eso: alumnos, estudiantes,… ¡no trabajadores! Los alumnos de FP no reciben salario alguno por las prácticas que realizan. Están en las empresas formándose, aprendiendo. Las cotizaciones a la Seguridad Social están supeditadas en toda Europa a la percepción de un salario derivado de un contrato de trabajo o de otro tipo de relación contractual de la que se derive una remuneración pecuniaria o en especias.

Muchas son las voces discrepantes de esta medida adoptada por el Ejecutivo que preside el Dr Sánchez. Comunidades autónomas de todo signo y color, gobernadas por el PP, PSOE o PNV, se han opuesto abiertamente a las cotizaciones a la Seguridad Social por las prácticas curriculares de los alumnos imprescindibles para la obtención de su título académico, sea universitario o de Formación Profesional.

Destaca, por su relevancia política en distintos Gobiernos del PSOE, la opinión manifestada por Miguel Soler, en la actualidad secretario autonómico de Educación de la Comunidad Valencia y que ha ocupado en el pasado cargos de máxima responsabilidad en el Gobierno como son el de consejero técnico y subdirector general en la Dirección General de Renovación Pedagógica del entonces denominado Ministerio de Educación y Ciencia; director de la Alta Inspección de Educación del Estado en la Comunidad Valenciana o director general de Formación Profesional en el Ministerio de Educación. Me quedo con una frase lapidaria de Soler que ha recogido la prensa digital el pasado día 18 en la que afirma que la cotización “se carga el concepto de la formación”.

En clave local, en Cantabria, la noticia derivada de la publicación del Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre ha causado una gran confusión e incertidumbre. Por lo que respecta a los centros de Formación Profesional, y desde la Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) que presido, se considera que la inclusión de los estudiantes que realicen las prácticas correspondientes al módulo de FCT, y el pago de la cuota correspondiente –en torno a los 50€ mensuales- por cada uno de ellos, en el sistema de la Seguridad Social puede causar un grave perjuicio como consecuencia de la no colaboración de las empresas con el sistema educativo por esa circunstancia.

En la reunión de la Junta Directiva de CEOE CEPYME de Cantabria, celebrada el viernes 18 de enero en la sede de la organización, tuve la oportunidad de presentar esta situación derivada de la publicación del Real Decreto-Ley 28/2018 de 28 de diciembre. No me sorprendió la respuesta de todos los presidentes de sectoriales allí reunidos. La opinión unánime de los asistentes auguró que dar de alta a los estudiantes en el régimen general de la Seguridad Social y pagar las cuotas establecidas en el mencionado RD-Ley –unos 50 € mensuales- podría incidir negativamente en la firma de nuevos convenios de colaboración centro-empresa y provocar la cancelación de muchos de los ya existentes. Si esto fuera así, nos encontraríamos ante un escenario en el que parte de los alumnos que deben cursar el módulo de FCT no tendrían donde realizar las prácticas y, consecuentemente, no podrían titular.

Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, emitió un comunicado dirigido a todos los centros de Formación Profesional a través de la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Mª Jesús Reimat, para informar de su punto de vista sobre el particular. Lo más significativo del escrito quedó reflejado en el párrafo final que decía: “esta Consejería ha solicitado que en la negociación de la nueva normativa se excluyan de esta disposición las prácticas curriculares de carácter obligatorio”.

Como se puede apreciar existe un clamor generalizado en contra de la decisión del Ejecutivo de obligar a dar de alta en la Seguridad Social a los alumnos que realizan las prácticas curriculares del módulo de FCT y a pagar las cuotas reguladas en el RD-Ley. Rectificar es de sabios. ¡Ojalá la cordura y sensatez se impongan y el Gobierno acceda a dejar sin efectos la medida anunciada!

Enlace a las intervenciones en la Ceremonia de Graduación de la XXXIX Promoción de Alumnos de Decroly:

-Vídeo del saludo de bienvenida de Fco. Javier Muñiz, director de Decroly
-Video del discurso de Trinidad Gómez, jefa de la Unidad Técnica de FP
-Vídeo del discurso de Dolores Gorostiaga, presidenta del Parlamento de Cantabria
-Vídeo del discurso de Pablo Elizalde (FP Básica)
-Vídeo del discurso de Sergio Serrano (Grado Medio)
-Vídeo del discurso de Oksana Paposhnikova (Grado Superior)
-Vídeo del discurso de María Eugenia Barrio, exalumna y empresaria
-Vídeo del discurso de Fco. Javier Muñiz, director de Decroly

Enlaces a la fiesta conmemorativa del 40 Aniversario de Decroly

-Vídeo del discurso del director
-Vídeo del discurso del consejero de Educación
-Vídeo del discurso de la alcaldesa de Santander
-Vídeo del discurso del presidente del Gobierno de Cantabria

Otras entradas y enlaces de interés:

–Acuerdo por la Educación en Cantabria
–Presentación Libro Blanco de los Empresarios Españoles “La educación importa”
–Decroly en la revista Actualidad Docente
–La FP Básica en Rincón del Director
–La FP dual en Rincón del Director
–Decroly English Atmosphere
–Lluvia de ideas educativas

–Noticias de Decroly publicadas en Educantabria en 2017
–Noticias de Decroly publicadas en Educantabria en 2018
–Histórico de noticias sobre premios extraordinarios de Formación Profesional

-Vídeo Día de Europa 2017 en Decroly
-Vídeo Día Europeo de las Lenguas en Decroly
-Vídeo Educación Responsable en Decroly
-Micro-vídeo-relato de Decroly en el I Congreso hispano-alemán de cooperación
–Vídeo de Decroly seleccionado en el concurso “Erasmus+ FP”
-Vídeo del Discurso del consejero Fernández Mañanes en la entrega de premios del VI Concurso de proyectos en la Formación Profesional del sistema educativo

–A mi manera -My way, subtitulado

-Audio de la entrevista a Javier Muñiz en COPE+ Cantabria realizada por Cristina Jimeno y Jaime del Olmo con motivo de la celebración de la III Semana Europea de la Formación Profesional en Cantabria, el viernes 23 de noviembre.

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