Lo apuntaba en mi entrada Vacaciones escolares en Cantabria y otros asuntos de mayor o menor enjundia, publicada en este blog el pasado día 3 de noviembre: ¿Deberes, sí?; ¿deberes, no? ¿A quién corresponde adoptar una u otra decisión?
Todos los medios de comunicación escritos, digitales y audiovisuales se hicieron eco de la manifestación a favor de la huelga convocada por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA). La demostración en las calles, con mayor o menor participación, fue secundada por familias relacionadas con sus 12.000 asociaciones asociadas, pertenecientes a otros tantos centros públicos, propiedad de la Administración educativa.
Emulando las emociones y los sentimientos que se suscitan históricamente entre los adolescentes al deshojar los pétalos de las margaritas, y que todos hemos experimentado alguna vez para comprobar si “me quiere,… no me quiere” la chica o el chico de turno, reflexiono sobre dos acontecimientos que me han impactado la semana pasada. Ahora bien, no me referiré a las alegrías o tristezas derivadas de la frase que cautive o desconcierte al final del “juego” a quien se atreva a tentar al destino arrancado una a una las hojas de esa maravillosa flor.
Mi discurso de hoy versará, siquiera de soslayo, sobre la presente realidad del país, con un nuevo Ejecutivo y, más en detalle, acerca del conflicto escolar que se ha desatado –huelga de las familias en contra de los deberes escolares- ignorando los tiempos de diálogo y debate que se avecinan en pos de un Pacto Social y Político por la Educación en España para las próximas generaciones.
En primer lugar, aprecio como muy positivo la constitución del nuevo Gobierno de España. Auguro que, dada la correlación de fuerzas en el Parlamento, el nuevo Gabinete ya constituido va a proporcionar toda suerte de novedades hasta ahora desconocidas o inaplicadas. Ha llegado la hora y la necesidad de dialogar, consensuar y pactar los grandes asuntos que conciernen a todos cuantos habitamos en este país nuestro.
En segundo lugar, y a él dedicaré el grueso de esta entrada, focalizaré mis comentarios en un acontecimiento absolutamente negativo, bajo mi particular punto de vista. Menciono con una indisimulable tristeza, la insólita decisión de la CEAPA de convocar a una huelga a las familias pertenecientes a las asociaciones de padres y madres de alumnos de centros de la Administración que la conforman. El objetivo de la misma consiste en llamar la atención sobre su posición a favor de suprimir los deberes e instar a sus hijos a la insumisión ante las tareas escolares durante todos los fines de semana de este mes de noviembre. No me voy a reprimir. Por ello no puedo menos que avanzar mi asombro y perplejidad ante tamaño dislate que azuza mi inteligencia e inunda de tristeza mi alma y mi corazón.
No se pueden matar pulgas a cañonazos. Lo siento, señores padres y señoras madres de alumnos y de alumnas de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. No se debe adoptar una medida tan drástica involucrando a sus propios hijos e hijas en una actuación contraria a las indicaciones de sus maestros y profesores. Nunca se ha debido llegar a esa decisión sin contemplar actuaciones previas centro a centro, docente a docente, discente a discente, atendiendo a criterios profesionales de una Pedagogía del siglo XXI, personalizada para cada situación y alumno o alumna.
No existen verdades absolutas. He leído y oído estos días de reflexión, de ocio y de vida familiar innumerables opiniones sobre el particular. Todas no las podría citar en esta entrada por razones obvias. Pero sí incluiré, al final de esta entrada, alguna cita de los actores más relevantes del sector educativo, publicadas en la prensa digital, escrita y audiovisual. Sin embargo si afirmaré que comparto muchas de las variopintas opiniones y de las más diversas manifestaciones y tendencias plasmadas en los medios de comunicación por personalidades y expertos de todo tipo y condición. Incluso, permítaseme afirmar, coincido con algunas aseveraciones de la CEAPA, ¿por qué no decirlo? Ello no me impide, sin embargo, expresar mi posición radicalmente contraria a la huelga que ha propiciado esa entidad asociativa.
La verdad absoluta, amigas y amigos míos, ¿Quién la posee? Tal vez el Gobierno; o, quizás, uno u otro sindicato de profesores; puede que la CEAPA… o la COFAPA… ¿y si la CONCAPA estuviera en lo cierto?; tal
vez los expertos nacionales o internacionales en las ciencias de la educación;… los decanos de las facultades de educación de todas las universidades españolas, seguro que algo tendrán que decir sobre este asunto; los comités de directores de los centros públicos, privados y concertados;…
¿Sigo reclamando lucidez de cualesquier persona e institución relevante para responder al hecho de si los docentes de cualquier nivel educativo no universitario (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional) deben proponer actividades escolares curriculares o no para realizar en casa sus alumnos? Si, ¿por qué no? Será bienvenida.
Concluyo con una reflexión sobre la evolución histórica de la educación a partir de las leyes educativas dictada a partir de la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978.
Independientemente de la pluralidad de criterios que pueden esgrimirse por parte de colectivos tan numerosos como son los que conforman la comunidad educativa (millones de alumnos y de familias: padres, madres y/o tutores de niños y adolescentes en edad escolar; decenas de miles de profesores que imparten docencia en los establecimientos educativos no universitarios; sindicatos y patronales del sector; administraciones públicas) el hecho es que la Educación ha sido, desde la Transición, un arma arrojadiza de los partidos políticos con fines electoralistas, partidistas y, en muchas ocasiones, claramente sectarios.
En esa tesitura, se han aplicado leyes educativas, todas impulsadas por los sucesivos Gobiernos sustentados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), inspirada por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, promovida la pasada legislatura por el Gobierno del Partido Popular (PP) presidido por Mariano Rajoy.
Eso sí, siendo presidente del Gobierno José Mª Aznar (PP) se aprobó, igualmente, la Ley de Calidad en la
Educación (LOCE), aprobada el 23 de diciembre de 2002, siendo ministra de Educación, Cultura y Deporte Pilar del Castillo. Pero nunca entró en vigor. El Gobierno del presidente José Luis Rodríguez Zapatero paralizó en 2004, nada más acceder al poder, su calendario de implantación en una medida sin precedentes en la historia de la educación española, siendo ministra de Educación y Ciencia María Jesús San Segundo.
En mi entrada Siete leyes orgánicas educativas en cuarenta y dos años, de 9 octubre de 2012, hago un repaso sintético de los detalles más relevantes de cada una de las leyes promulgadas a partir de la Constitución Española de 1978 que, por cierto, en materia de Educación, alcanzó un amplísimo consenso entre todas las fuerzas políticas de la época. Pero, los políticos de la Transición pronto encontraron “un filón” para “tirarse los trastos a la cabeza” y sacar un mezquino rédito político a expensas de todos los españoles de bien. Si, lamentable, pero cierto. Esa triste realidad surge, inicialmente, por la escasa altura de miras del ministro de Educación de la época, José Manuel Otero Novas, en el primer Gobierno postconstitucional presidido por Adolfo Suarez.
La Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECE) de 1980 se convirtió en la primera ley orgánica de la democracia, tras la firma de la Constitución. Sin embargo, también fue la primera en introducir el disenso y romper los débiles acuerdos que propiciaron el pacto de los principales artículos de la consensuada Constitución Española de 1978 en materia de Educación. Tal fue así, que una de las primeras reacciones del entonces secretario general del PSOE en aquella época, Felipe González, fue anunciar su derogación en cuanto llegara al Gobierno. ¡Cumplió su palabra! Y como diría un castizo, tirando del refranero español: “de aquellos polvos vienen estos lodos”.
La respuesta del PSOE se concretó en Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). La contestación social y política a la nueva Ley alcanzó tintes alarmantes y su entrada en vigor consumó el cisma social que hoy perdura. La utilización partidista de la educación se graduó con un sobresaliente cum laude, permítaseme el aforismo.
Nos encontramos en un momento histórico absolutamente propicio para restañar “heridas” y trabajar sin denuedo por el ansiado Pacto Nacional por la Educación que este país necesita. Ojalá nuestra clase política recupere el espíritu de la Transición con el apoyo y aportación de todos los agentes económicos y sociales.
Y finalizo con alguna de las manifestaciones y frases más significativas pronunciadas al hilo de la huelga en contra de los deberes escolares:
Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación: “Ha llegado el momento de no hacer huelgas, sino de entrar en el espíritu colaborativo del Pacto Nacional por la Educación. Discutamos las cosas ahí, porque empezar una política de huelgas, cuando eso no está en el ambiente…En un tema como éste, que requiere sosiego y contar con las opiniones de los expertos, me parece que este tipo de medidas no son las correctas”.
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): «refuerzan la disparidad socioeconómica en los logros de los estudiantes»; «aumentan la franja entre los ricos y los pobres».
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO y Maribel Loranca, responsable del sector de Enseñanza de FESP-UGT: “No es de las cuestiones más urgentes que necesita la educación en estos momentos”. “Llamamos a las familias al sentido común para no generar crispación en un momento en que el ministro va a presentar un Pacto de Estado. Dedicar a este debate uno de los seis meses fijados para alcanzar el acuerdo no me parece adecuado”.
Mario Gutiérrez, presidente del sector de Educación de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF): “Las tareas para casa están planificadas y programadas y permiten al alumno trabajar a solas consigo mismo en los contenidos que ha aprendido en clase. Son un refuerzo de los conocimientos y una forma de descubrir cuáles son sus lagunas o dificultades. Fomentan su autonomía personal y el esfuerzo y crean un hábito de trabajo”.
Nicolás Fernández Guisado, presidente del sindicato ANPE: “Apelamos al sentido común para que los padres no atiendan este ejercicio de insumisión”.
Pedro Caballero, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA): «Nosotros no somos partidarios de llamar a los escolares a la insumisión»; «Los deberes deben existir en una medida proporcionada y acorde al nivel educativo. Hay unas mesas de debate donde discutirlo, pero estamos en contra de convertir a los menores en insumisos».
Otras expresiones vertidas en los medios de comunicación:
“desproporcionada”, “no tiene sentido”, “atenta contra la libertad de cátedra y el principio de autonomía pedagógica y organizativa de los centros”, “socava la autoridad académica”, “perjudica la buena convivencia escolar”, “va contra el rendimiento académico del alumno”, “se está desautorizando a los profesores y dejándolos a los pies de los caballos”, “maleduca a los alumnos”, “inoportuna”, “desafortunada”, “una barbaridad”, “un disparate descabellado”,…
No existen verdades absolutas. Sin embargo, yo me posiciono abiertamente en contra de esta extravagante huelga. Ahora bien, en el asunto sobre deberes, sí; deberes no, como en tantas otras facetas de la vida, no existe una postura uniforme. De ahí que deba ser objeto de debate en el contexto de un Pacto Nacional por la Educación. Mientras tanto, yo he elegido una frase de Albert Einstein para finalizar este post: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”.
Estoy plenamente de acuerdo en la discrepancia sobre la convocatoria de esta huelga. Una vez más, yo me preguntaría sobre el mensaje que se los padres que han secundado esta huelga han transmitido a sus hijos (no sólo para el momento presente sino para momentos futuros también). Y desconozco la respuesta que esperan de los docentes pero en mi opinión esto sólo acaba generando desmotivación y desinterés. «Yo, docente, mando deberes porque creo que va a ser bueno para el aprendizaje del alumno; los padres no quieren que sus hijos hagan deberes; mi respuesta: pues, vale, que no los haga, ¿a quién perjudica?»
La solución creo que debe ser racional (no impuesta por ley). Habrá que mandar deberes a los alumnos cuando el docente estime profesionalmente que pueden ser una mejora en su aprendizaje. A partir de ahí habrá que matizar en edades de los alumnos, coordinación de docentes, etc.
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