En estos momentos de penurias económicas generalizadas conviene hacer público algunos aspectos de la financiación de los centros concertados de Formación Profesional

No voy a entrar en las históricas reivindicaciones del sector, y por tanto también de Decroly, sobre cómo se sufraga el coste real de la educación en un centro concertado. Existen publicaciones de todo tipo, incluidas aquellas de la Administración pública estatal y autonómica, que ilustran esa irrazonable realidad. Centraré, sin embargo, este post en dos cuestiones absolutamente objetivas: Las deducciones económicas a los centros por la Administración, teniendo en cuenta el número total de puestos escolares autorizados y los déficits ocasionados como consecuencia de los impagos por los alumnos de las tasas legalmente establecidas en la Ley de Presupuestos de cada año.

Con respecto a las deducciones que realiza la Administración a los centros concertados –a Decroly, en este caso- existe un procedimiento absolutamente perverso. La Consejería detrae de las cantidades establecidas en el módulo económico del concierto educativo firmado con el centro una suma de 3.606 € por unidad, al entender que esa es la cantidad que recibe Decroly por cuotas del alumnado, en virtud de los 20 puestos escolares por grupo que tiene concertados. Adicionalmente, la Consejería aplica una reducción del 15% del módulo por el diferencial de Decroly en su autorización para 20 alumnos en lugar de para 30. Ello representa, en términos cuantitativos, una disminución de 27.094,68 € del total, correspondiente a las 17 unidades concertadas en el actual curso 2012-2013.

Pero la Consejería sabe que ese criterio es absolutamente injusto. ¿Por qué? Sencillamente, porque no todos los ciclos formativos escolarizan a un número de alumnos igual al total de puestos escolares permitidos ni existe tal diferencial en los gastos comunes que debe afrontar el centro en virtud del número de estudiantes por aula. La realidad es que, en términos de porcentaje, Decroly ha matriculado en este curso académico 2012-2013 a una media del 89% de su capacidad máxima reconocida.

Sobre este asunto, las organizaciones empresariales representativas del sector educativo privado han presentado toda suerte de argumentos para reconducir la situación por parte de la Consejería; Decroly, también. La Administración ha mostrado su comprensión en distintos momentos pero, a día de hoy, no ha resuelto favorablemente la arbitrariedad que se está produciendo.

La financiación complementaria del servicio educativo por parte de los alumnos y/o sus padres o tutores, en su caso, supone otro rompedero de cabeza para los centros en general, también para Decroly. La realidad es que esas tasas o cuotas establecidas legalmente por la Comunidad Autónoma se deducen en su totalidad por la Administración educativa en las liquidaciones económicas previstas en el concierto educativo para el capítulo de “otros gastos”. Ello significa que el centro recibe unos fondos recortados en función del número de puestos escolares autorizados y, además, esa minoración se incrementa con los impagos de los alumnos, sea cual sea su circunstancia y razón.

Estas dos eventualidades, que afectan directamente a la viabilidad económica y sostenibilidad de Decroly, han sido ampliamente explicadas, oralmente y por escrito, a toda la comunidad educativa decroliana durante este año 2013. Algunos argumentos e informaciones fueron publicados por Decroly Digital en distintos momentos como, por ejemplo, en las entradas de Mi crónica de 12 de abril, Decroly considera favorablemente las propuestas de los alumnos; de 01 de marzo, Los delegados de Grado Superior presentan un manifiesto al director; en mi post Información y orientación académica y profesional en Decroly, de  08 febrero; en Mi crónica de 01 de febrero, Sesión ordinaria de la Junta de Delegados; o en mi escrito Cuotas de bachillerato y de Ciclos Formativos de Grado Superior, de 22 enero. También hemos tratado este tema con los alumnos delegados de curso en distintas reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Delegados.

¿Qué pasa con quienes no abonen sus tasas académicas al centro? Un alumno que no pague las cuotas legalmente reguladas pierde sus derechos administrativos. Decroly le permitirá seguir con las clases e incluso realizar exámenes, pero no le evaluará; tampoco cumplimentará el acta con sus notas. Ello significa, además, que ese estudiante no podrá inscribirse al año siguiente ni pedir el título ni certificado académico alguno. La deuda queda viva y el educando debe saldarla si quiere volverse a matricular, aunque sea del mismo curso.

En relación con la financiación de los puestos escolares de Formación Profesional en los centros privados concertados Decroly ha presentado este escenario en distintos foros en los que se encuentra representado. Si bien, aparte de comprensión, no ha existido respuesta positiva alguna para resolver su difícil situación económica habilitando la Administración una medida más coherente para abonar las cantidades que dan cobertura al capítulo “otros gastos”. La Administración tampoco ha entrado a valorar mecanismo alguno para proceder los centros al cobro de los impagados o, alternativamente, instaurar un dispositivo de compensación que palíe esa circunstancia.