La Audiencia Nacional ratifica la nulidad de la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción

 

La Audiencia Nacional ha emitido una sentencia, con fecha 3 de noviembre de 2011, en la que ratifica la nulidad de la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), tal y como ya dictó el Tribunal Supremo en una sentencia de 27-10-2010, en la que anuló la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción para poder trabajar en este sector

 

Según ha informado ELA, con este fallo la Audiencia Nacional ratifica que la modificación del IV Convenio Colectivo General de la Construcción, introducida por CC.OO., UGT y la CEOE, es “ilegal”, por no ajustarse a lo ordenado por el Tribunal Supremo.

 

La resolución judicial indica que la TPC es una “forma más de acreditación de la formación que está a disposición del trabajador o trabajadora, pero no la única forma de acreditación”.En ningún caso es una forma de habilitación de la contratación laboral que impida que sean contratadas las personas que no estén en posesión de la TPC. El no contar con la TPC tampoco puede ser motivo de rescisión de los contratos de trabajo”, ha aseverado el sindicato nacionalista.

 

ELA ha recordado que el IV Convenio Colectivo General de la Construcción de ámbito estatal con vigencia 2007-2011 estableció la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC) para poder trabajar en el sector de la construcción en el Estado Español a partir de 31-12-2011.

 

La TPC sólo se emite por la Fundación Laboral de la Construcción, tras haber realizado el trabajador al menos una acción formativa de un mínimo de ocho horas en materia de seguridad y salud laboral. La Fundación Laboral de la Construcción (FLC) es una fundación privada bipartita financiada por fondos públicos, de la que forman parte la patronal del sector de la construcción y los sindicatos CC.OO. y UGT.

 

Con el establecimiento de la obligatoriedad de dicha tarjeta los citados integrantes de la FLC tenían por objeto convertirla en “fuente de financiación” de sus componentes (la patronal, CC.OO. y UGT), así como “monopolizar el acceso de los trabajadores de la construcción, incluso haciéndoles pasar en muchos casos por sus sedes para conseguir trabajo, ha denunciado ELA.

 

Osalan firmó el 8 de julio de 2009 un convenio de colaboración con la Fundación Laboral de la Construcción, por el que pone a disposición de la Fundación su Aula Permanente de Construcción, para que los trabajadores de la construcción de la CAPV pudieran recibir la formación necesaria para la obtención de la TPC.

 

Como consecuencia del acuerdo alcanzado, Osalan le pagó a la Fundación Laboral de la Construcción 380.000 euros en 2009 y 340.000 en 2010.

 

ELA recurrió judicialmente el Convenio Colectivo General de la Construcción, solicitando, entre otros puntos, que se declarase nula la obligatoriedad de la TPC. El Tribunal Supremo por sentencia de 27-10-2010 estimó las peticiones de ELA y anuló la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción para poder trabajar en el sector de la Construcción.

 

Posteriormente, CC.OO., UGT y la patronal del sector modificaron el IV Convenio Colectivo General de la Construcción, eliminando el término “obligatoriedad”, pero manteniendo el resto de los términos, entre otros, la consideración del carácter “imprescindible” de la obtención de la TPC.

 

ELA volvió a recurrir judicialmente la citada modificación por entender que se pretendía “burlar” el contenido de la sentencia del Tribunal Supremo, creando un “subterfugio” para mantener el carácter obligatorio de la tarjeta.

 

Ante este nuevo recurso, la Audiencia Nacional ha ratificado la nulidad de la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), y considera “ilegal” la modificación del IV Convenio Colectivo General de la Construcción, por no ajustarse a lo ordenado por el Tribunal Supremo.

 

Por todo ello, ELA ha exigido que se desmonte este sistema “fraudulento e ilegal” y que se deje de derivar dinero público a una Fundación que “sólo sirve para financiar a sus miembros y para blindar la pretendida posición de monopolio sindical de CC.OO. y UGT en el sector de la construcción”.

 

Además, ha reclamado que se asuman las responsabilidades políticas y sindicales necesarias por parte de las Administraciones, patronal y sindicatos que han creado y fomentado este sistema “ilegal”. En concreto, y en lo que se refiere a la CAPV, ha afirmado que Osalan debe “responder” por las cantidades económicas transferidas a la FLC para financiar la Tarjeta Profesional de la Construcción”.

 

Fuente: http://www.finanzas.com/

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