Libertad educativa para una sociedad plural

Este inspirador titular corresponde al del artículo de José Manuel Vallejo, padre y profesor del Colegio Sagrada Familia, vocal de la Junta Directiva de la Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria –CECE Cantabria-, publicado en la revista La Goleta Familiar de CONCAPA Cantabria, en su número 31 de junio 2021.

Como podrás comprobar al final de esta introducción –José Manuel me ha autorizado a publicar su artículo en este blog- su contenido es un canto a la libertad, a la diversidad, a la igualdad de oportunidades y a la convivencia en una sociedad democrática y plural como la española. En ese mensaje nos vemos representados la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles.

Corroboro y me adhiero con determinación absoluta, sin cortapisa alguna, al “movimiento iniciado por toda la comunidad educativa” visualizado de manera impactante a través de la plataforma cívica “Más Plurales”, tal y como sostiene José Manuel en su escrito. Hago propia, también, la reflexión de “Más Plurales” en el manifiesto leído el 22N a lo largo y ancho de la geografía nacional, que recoge José Manuel a modo de alegato final.

“No toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, defendemos la complementariedad de las redes, denunciamos que -a través del control político de la educación- estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología, reclamamos al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos, declaramos que no nos cansaremos, que no cejaremos, que no decaeremos. Nuestro compromiso con la libertad es y será inquebrantable.”

Libertad educativa para una sociedad plural
Por José Manuel Vallejo

Padre y profesor del Colegio Sagrada Familia
Vocal de la Junta Directiva de CECE Cantabria
Martes, 1 de junio de 2021

La diversidad es fuente permanente de enriquecimiento para una sociedad democrática y plural como la nuestra. Solo desde la interacción positiva en la diversidad se puede progresar hacia una convivencia realmente inclusiva. La exclusión y la imposición parecen más propias de otros momentos históricos en cuyas sociedades la inmensa mayoría de las personas eran meros súbditos, no ciudadanos de pleno derecho.

Parece mentira que en pleno siglo XXI, y con más frecuencia de lo deseable, tengamos que rescatar este tipo de reflexiones que quizá ya dábamos por entendidas, aceptadas y superadas. Pero no queda otra. En medio de la telebasura, de las fakenews, y de la machacona corrección política, no queda otra que alzar la voz por aquellos principios y valores que han permitido construir las sociedades abiertas de nuestras democracias liberales.

Una de las piedras angulares de nuestra sociedad plural es la libertad educativa. En una sociedad avanzada, la ciudadanía plural deberá ser siempre protagonista. El Estado solo deberá actuar en donde no llegue la iniciativa ciudadana. Monopolizar e imponer un modelo educativo excluyente no es propio de una sociedad libre y abierta, ya que la pluralidad de modelos educativos y la diversidad de idearios son garantía de madurez democrática.

La financiación pública de los diferentes modelos e idearios es lo que permite la elección real según las convicciones personales. Sin elección no hay libertad y sin financiación no hay elección. Con una salvedad, en contra de cierto discurso “progre”, los ricos siempre podrán elegir ya que los que tienen dinero nunca asumen riesgos cuando se coarta la libertad educativa. Ellos siempre podrán elegir modelo educativo para sus hijos, optando, si así lo desean, por centros privados sin financiación pública. Para el resto de los mortales la libertad educativa será un mero espejismo, un anhelo inalcanzable. Café para todos.

“El que quiera enseñanza privada que se la pague”, éste es el exabrupto típico de cierta “progresía” que pretende la imposición de un único modelo educativo. No deja de sorprender que el modelo de titularidad pública, que se pretende imponer a toda la ciudadanía, cueste a los contribuyentes más del doble que el modelo que pretenden excluir y aniquilar. ¿Han oído alguna vez a alguien decir que “el que quiera enseñanza de titularidad pública, que cuesta más del doble, que la pague”? Lo dudo. Y eso que los que optan por un modelo u otro, son igual de ciudadanos y, por lo tanto, igual de contribuyentes. ¿O no? Pues no. Al menos no del todo.

Sí que las familias, que optan por uno u otro modelo, son iguales en cuanto a su condición de contribuyentes -ya se sabe, Hacienda somos todos- pero, en 2021, la ciudadanía que opta por la enseñanza concertada sigue sin tener los mismos derechos efectivos que la ciudadanía que elige la enseñanza de titularidad pública: becas, aulas de 2 años, financiación de centros, orientación educativa… Curioso. ¿Dónde queda la tan pregonada igualdad? En este caso no se cumple ni siquiera con la indiscutible igualdad de derechos que debe prevalecer en un Estado democrático.

Decía el pensador austriaco Friedrich A. Hayek que “hay una enorme diferencia entre tratar a las personas de manera igualitaria y tratar de hacer que sean iguales. Lo primero es la condición para una sociedad libre, mientras que lo segundo implica una nueva forma de servidumbre”. La ciudanía, en este caso como comunidad educativa, debe de tener presente que la renuncia a la defensa de sus derechos y libertades nunca es una opción. El silencio de los bondadosos, y el conformismo para evitar la confrontación, es el camino inexorable hacia la servidumbre. La igualdad se debe buscar siempre desde la libertad, nunca desde la imposición y el servilismo.

La ley educativa aprobada recientemente, bajo la batuta de la ministra Celaá, supone un preocupante retroceso de nuestros derechos y de nuestras libertades. Durante la tramitación legislativa, algunos, desde la complacencia o desde la ignorancia, se atrevieron a calificarnos de agoreros y de “hackeadores de mentes” por el simple hecho de denunciar públicamente el atropello que se estaba pertrechando. Un atropello que ha quedado plasmado en el artículo 109 de la ley orgánica LOMLOE. En dicho artículo queda patente la imposición del intervencionismo estatal frente a la libertad de la ciudadanía.

Algunos manipuladores hablan de una supuesta neutralidad ideológica en educación. Esa neutralidad no existe. El mero hecho de excluir otras opciones ya supone apostar por una opción ideológica determinada. Es indiscutible que la educación incide en el pensar, sentir y actuar de las personas. Por lo tanto, la neutralidad es imposible y, quien diga lo contrario, miente.

La libertad de enseñanza está recogida en nuestra Constitución, en su artículo 27. La libertad y la pluralidad como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico son garantía para que se cumpla con lo establecido, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 26): “los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, muy a pesar de lo que piense y diga la ministra Celaá.

Confío firmemente en el movimiento iniciado por toda la comunidad educativa a través de la plataforma cívica “Más Plurales”. Su fuerza, sostenida en la justicia y la razón, y su compromiso, asentado sobre sólidos principios y valores, son todo un ejemplo del camino a seguir en la lucha por la defensa de la libertad educativa.

Termino, a modo de alegato final, con lo recogido en el manifiesto que se leyó el 22N cuando la marea naranja de “Más Plurales” inundó las calles de España: no toleramos límites ni recortes a nuestra libertad de enseñanza, defendemos la complementariedad de las redes, denunciamos que -a través del control político de la educación- estamos asistiendo también a una agresión a la libertad de conciencia en favor de la imposición de una ideología, reclamamos al Estado la obligación que tiene de financiar adecuadamente los centros educativos, declaramos que no nos cansaremos, que no cejaremos, que no decaeremos. Nuestro compromiso con la libertad es y será inquebrantable.

 

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