La revista Cantabria Negocios que dirige el periodista José Ramón Esquiaga publicó en su número 240, correspondiente a setiembre de 2019, el reportaje “La Formación Profesional sube un nuevo escalón”.

El escrito está basado en una entrevista previa que mantuve con ese profesional de la comunicación en la que hablamos de lo divino y lo humano en el terreno de la Formación Profesional del sistema educativo en Cantabria. En la repuesta a las preguntas formuladas tuve la oportunidad de expresar mi valoración acerca de las novedades de esta etapa educativa para el curso 2019-2020 que ahora comienza y del estado de situación de estos estudios en los centros escolares.

La entrevista se produjo en virtud de mi condición de presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) y director de Decroly. Una vez realizada la conversación escribí mis reflexiones y se las envié a Esquiaga con el fin de precisar alguna de mis apreciaciones que pudieron quedar insuficientemente concretadas en nuestro encuentro, tal y como acordamos. Lógicamente, dejé a su criterio  publicar aquellos aspectos que le parecieran más interesantes.

Transcribo a continuación las preguntas que me formuló y las respuestas que le remití por correo electrónico:

-Ante el inicio del curso, y desde la visión de los centros privados, ¿existiría alguna novedad significativa en el ámbito de la FP, que merezca la pena reseñar? 

Si. Algunas son de gran calado y trascendencia.

La Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) que presido valora positivamente la incorporación de un módulo de digitalización a todos los títulos de Formación Profesional en el plazo de un año.

CECE Cantabria considera, asimismo, un avance muy significativo la puesta en funcionamiento de cursos de especialización de FP dirigidos a titulados de Grado Medio y de Grado Superior a partir de este año. Son los postgrados de Formación Profesional. Se trata, utilizando un lenguaje popular, de los másteres de FP, una propuesta formativa similar a los postgrados universitarios, históricamente demandada por el sector.

Estas disposiciones facilitarán la ampliación y actualización de las competencias profesionales de los alumnos para ponerse al día en un mercado laboral cambiante, en permanente transformación. Ambas medidas fueron anunciadas por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá en el foro DigitalES Summit 2019, organizado por la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), el pasado 17 de julio.

El próximo curso escolar 2019-2020 abordaremos, también, algunos aspectos que inciden en las expectativas de las personas y de la sociedad en su conjunto en este singular momento histórico. Vivimos en una sociedad fuertemente influenciada por la tecnología digital a la que debemos dar respuesta desde distintos frentes, también desde el ámbito educativo y de la Formación Profesional. En concreto, se precisa una actualización del currículo de los planes de estudio de los títulos de FP existentes y la creación de títulos nuevos asociados a la economía digital, como Fabricación inteligente, Ciberseguridad, Big data, Realidad virtual y aumentada, Robótica colaborativa… para dar respuesta a los perfiles profesionales solicitados por las compañías de los más diversos sectores. Según fuentes próximas a las organizaciones empresariales el 80% de las empresas declaran tener dificultades para cubrir los puestos de trabajo que requieren.

Todos los actores del sistema debemos contribuir al logro de ese objetivo, tanto desde los centros de Formación Profesional, como desde las administraciones autonómicas y nacionales, la participación y colaboración de las organizaciones empresariales, la de las propias empresas y desde los medios de comunicación.

En un reciente encuentro de la Consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Marina Lombó, con el presidente de CEOE-CEPYME de Cantabria, Enrique Conde, acordaron poner en valor este curso la Formación Profesional. CECE Cantabria aplaude esta iniciativa y se adhiere a la decisión anunciada por la Consejera Lombó de convertir esta iniciativa en un objetivo estratégico para esta legislatura.

La colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, de CEOE-CEPIME de Cantabria, de todas las sectoriales empresariales, de CECE Cantabria, de las empresas individualmente consideradas y de los centros de Formación Profesional se me antoja esencial para, utilizando palabras de Marina Lombó, “diseñar el modelo productivo necesario para la sociedad de Cantabria”. El acuerdo alcanzado entre Lombó y Conde para constituir grupos de trabajo con el fin de establecer las necesidades y los perfiles profesionales necesarios en los distintos sectores productivos de Cantabria representa un avance cualitativo muy loable.

CECE Cantabria, CEOE-CEPYME de Cantabria y otras sectoriales ya conocen los beneficios de este tipo de iniciativas. Hace dos años constituyeron varios grupos de trabajo para desarrollar un proyecto de cooperación liderado por el centro de Formación Profesional Decroly y cuyos resultados fueron calificados de muy beneficiosos por quienes se subieron al barco de aquella innovadora actuación.

-En los últimos años, y sobre todo desde el inicio de la crisis económica hace una década, se ha producido un incremento de la demanda de estudios de FP. De acuerdo a los datos de que pueda disponer ahora mismo, ¿considera que esa tendencia seguirá manteniéndose en el nuevo curso?

Si. Los datos que se disponen a día de hoy son muy elocuentes. Las estadísticas publicadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional evidencian un incremento sustancial de matrículas de FP en los últimos años. Así, por ejemplo, en el curso escolar 2011-2012 se matricularon en España 615.079 alumnos; en el 2017-2018 el número de estudiantes de FP ascendió a 810.621, lo que representa un incremento del 31,79%. La realidad de Cantabria guarda una proporción similar.

Existen algunas cifras muy convincentes que demuestran el auge de la Formación Profesional en España. El mercado laboral, a nadie se le escapa, está dando un giro radical. Esa dinámica conlleva al hecho de que, por primera vez, las empresas requieren más titulados de FP que universitarios para cubrir sus puestos de trabajo. En 2018, el 42,26% de las ofertas de trabajo demandaban titulados de Formación Profesional frente al 38,5% que solicitaban candidatos graduados universitarios. Por otro lado, el 50% de los empleos en 2025 exigirán una titulación de FP, bien de GM o de GS, según informa el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP). A día de hoy solo tenemos un 25% de profesionales con estos niveles de cualificación.

-¿Cuáles serían las principales reivindicaciones de los centros privados ante la Administración, de cara a afrontar los retos y desafíos de la FP, en sus diferentes modalidades?

Las peticiones de CECE Cantabria se enmarcan en un contexto general aplicable al conjunto de los estudios de Formación Profesional. Esta Asociación reclama al Gobierno de Cantabria colocar la FP en su agenda política e impulsar un pacto educativo, social y político para esta etapa educativa.

Asimismo, CECE Cantabria plantea a la Administración impulsar la orientación escolar, vocacional y profesional en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a lo largo de toda la etapa con el fin de facilitar a los alumnos la elección de estudios posteriores. Es muy necesario potenciar la información sobre la FP en la ESO así como promover visitas a las empresas ubicadas en el entorno de esos colegios y patrocinar que expertos del mundo laboral colaboren, siquiera ocasionalmente, en las actividades docentes de los centros escolares.

Es hora ya de sobreponerse a los negativos prejuicios y estereotipos que calificaban los estudios de Formación Profesional en el pasado. Es responsabilidad de la Administración, y de todos los actores del sistema educativo -centros educativos, empresas, estudiantes y familias, medios de comunicación,..- enseñar una buena imagen, favorecer el prestigio social y mostrar la FP como una opción de calidad, de primera categoría, destacando, en particular, su empleabilidad.

CECE Cantabria reivindica a la Administración priorizar la inversión en FP por ser uno de los más eficaces instrumentos de desarrollo regional. En este sentido, pedimos un tratamiento justo e igualitario para la comunidad educativa de todos los centros sostenidos con fondos públicos, sean de titularidad de la Administración o bien concertados, en materia de recursos humanos y materiales. Reclamamos, asimismo, comportamientos y actuaciones equitativos para ambos tipos de centros que alejen cualquier atisbo de discriminación o exclusión alguna a cualesquiera protagonistas de su comunidad educativa, sean alumnos, padres-madres, profesores, personal de administración y servicios, o a las entidades titulares, en su caso.

Demandamos, asimismo, un respeto institucional a la autonomía pedagógica de los centros concertados para que puedan adaptar los planes de estudio de los títulos a las necesidades de las empresas en cada momento y a la realidad socioeconómica del lugar donde radican.

Solicitamos, también, un esfuerzo inicial y continuado de la Consejería para dotar a los centros de Formación Profesional concertados –especialmente a aquellos con unidades de FP Básica- de un psicólogo-orientador para facilitar y apoyar el desarrollo personal, emocional y social de sus alumnos a través de una educación inclusiva, equitativa y de calidad que dé respuesta eficaz a las demandas, necesidades, aspiraciones, talento, ritmos de aprendizaje,… de todos y cada uno de los estudiantes, independientemente de su condición personal, cultural,… y socioeconómica.

Finalmente, proponemos a la Administración que contemple la posibilidad de reunir en una normativa única los subsistemas de FP, tanto el del sistema educativo como el responsable de la formación para el empleo, sea ocupacional o bien continua.

-La FP dual sufrió un claro estancamiento en Cantabria, una situación que el anterior equipo de la Consejería de Educación se comprometió a reconducir. ¿En qué medida se ha conseguido reactivar esta modalidad?

Lamentablemente, la FP Dual, que nació con brío en Cantabria en 2013, sufrió un parón muy notable en 2016. La inseguridad jurídica derivada de una actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en las empresas colaboradoras de los centros en la implantación y desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual fue el detonante de una desconfianza que aún hoy prevalece.

Un cambio de criterio en el seno del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en materia de cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social de los alumnos de prácticas no laborales de FP y de otros niveles educativos -universitarios, enseñanzas deportivas, enseñanzas artísticas superiores- creó un justificado malestar en aquellas compañías que acogían alumnos para realizar las prácticas correspondientes a los proyectos de FP Dual autorizados por la hoy denominada Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo.

Lo mismo ocurrió con aquellas otras que cooperaban con los centros de FP para que su alumnado cursara las prácticas del módulo profesional Formación en Centros de Trabajo (FCT) del plan de estudios, cuando las empresas les proporcionaban una beca o ayuda económica –no obligatoria- por la realización de la susodicha actividad no laboral. Las empresas tuvieron que soportar los costes de seguridad social de todos los alumnos que cursaron sus estudios en las mismas, ¡con efectos retroactivos!

El asunto podría haberse subsanado si el Gobierno de Cantabria hubiera aceptado la propuesta de CEOE-CEPYME, presentada por mí en un Pleno del Consejo de la Formación Profesional de Cantabria, consistente en que la Administración se hiciera cargo de las cuotas de la seguridad social de los alumnos de FP Dual y de FCT que demandaba la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En un principio, los consejeros Ruiz, de Educación, y Sota, de Economía, fueron comprensivos con las contundentes razones alegadas por este representante de CEOE CEPYME en el Consejo de la Formación Profesional de Cantabria. Tanto los centros de FP –concertados y públicos- como las empresas habían sido informados erróneamente por la propia Administración educativa, asegurando que no era obligatoria dar de alta a los alumnos en la Seguridad Social. Pero, finalmente,… el Gobierno no atendió la justa reivindicación de las empresas afectadas.

A su juicio, ¿cuáles serían los principales obstáculos que condicionan el aumento en la oferta de plazas para cursar este sistema?

La inseguridad jurídica; la desconfianza de los empresarios; el mal ambiente creado en su día y que perdura hoy, a pesar del tiempo transcurrido. Como he relatado anteriormente, todo ello fue fruto de una información errónea proporcionada por la propia Administración educativa en materia de cotizaciones a la seguridad social en su día. Existe documentación escrita que lo avala. La intervención de la inspección de trabajo, sancionando a las empresas colaboradoras, originó unos costes imprevistos que causaron estupor entre los afectados y provocó una negativa reacción en cadena a la hora de participar en futuros proyectos de FP Dual.

A pesar de todo lo dicho, no se puede dar la batalla por perdida. Los empresarios están “condenados” a entenderse con los centros educativos y con los alumnos de FP “a pesar de” la Administración. Por tanto, es preciso reestablecer cauces que faciliten la mejor formación y cualificación posibles de los estudiantes que hoy pueblan las aulas de Formación Profesional. Ello no es óbice para reclamar con rotundidad un giro positivo hacia el entendimiento de la Administración, los agentes económicos y sociales, los estudiantes y los centros de FP en pos de un fortalecimiento de la agenda colaborativa mutua en beneficio de todas partes, incluido la ciudadanía en su conjunto.