En unos momentos de preocupantes turbulencias sociopolíticas en nuestro país quiero romper una lanza a favor del tradicional consenso existente entre los partidos políticos mayoritarios que han tenido responsabilidades de Gobierno desde que entrara en vigor la Constitución de 1978 en materia de FP del sistema educativo

Por razones obvias de edad, y de implicación en el sistema de Formación Profesional –Decroly fue fundado en 1978-, he vivido intensamente los avatares que han guiado el modelo español de FP desde entonces y hasta el día de hoy. Han existido controversias dispares, algunas muy enconadas, en materia de educación entre los dos partidos políticos mayoritarios PSOE y PP pero nunca alcanzaron de plano a la FP. Más bien, por el contrario, el grado de coincidencia y consenso en este itinerario formativo puede calificarse de satisfactorio.  

Dicho sea de paso, la proyección cosmopolita de Decroly, impulsada por la participación de su profesorado y equipo directivo del que formo parte en toda suerte de eventos y proyectos europeos, permite aseverar con rotundidad que la FP española goza de un gran prestigio internacional. Sirva de muestra el acuerdo firmado por Decroly con la Universidad de Coventry para que sus titulados de Grado Superior –y por extensión de cualesquiera otros centros cántabros y españoles- puedan incorporarse a estudios universitarios de Grado en el nivel II y, eventualmente, en el nivel III, año final de carrera.

Hoy, más que nunca, la sociedad española clama por diálogo, consenso y pacto entre las diversas fuerzas políticas convencionales y aquellas otras emergentes nutridas de colectivos de ciudadanos desencantados y en algunos casos instalados en el antisistema. Aparte del imprescindible acuerdo de investidura y, en su caso, pacto de gobierno, pacto de legislatura u otros compromisos de distinto tenor la Educación se encuentra en el foco de las negociaciones, junto a la sanidad, la reforma laboral, el techo de gasto y otros temas de vital relevancia en clave interna y de corresponsabilidad con nuestros socios de la Unión Europea.

Mi reflexión hoy se centra en aquellas áreas en las que existe un alto grado de coincidencia, más concretamente, en la FP del sistema educativo dependiente de Educación. Afortunadamente, la historia de la FP del sistema educativo en España muestra un escenario de complicidad entre los principales actores del sistema: partidos políticos, administraciones públicas, centros de formación y agentes económicos y sociales, entre otros.

El baño ideológico que ha impregnado las sucesivas leyes educativas ha pasado de soslayo cuando de la FP se trataba. Ello sin perjuicio de toda la polémica surgida al juzgar la FP Básica y la FP Dual que propugna la vigente Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Por otro lado, enseñanzas alineadas en una clara concordancia con los modelos más prestigiosos de Europa.

Dicho lo anterior, la LOMCE centra el foco de la FP cuando señala “rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el emprendimiento” instando, además, a desarrollar y potenciar el talento de todo el alumnado para competir con notoriedad en la exigente, global y altamente tecnificada sociedad del siglo XXI. Todo ello sin perjuicio de contemplar y dar respuesta formativa a la diversidad de ciudadanos determinada por multitud de factores inherentes y sobrevenidos.

A título de ejemplo, no podemos obviar contextos individuales como pueden ser las especificas inteligencias múltiples de cada persona o las diferencias propias de una realidad social plural por multitud de razones socioeconómicas, étnicas, religiosas o de género.

El marco conceptual de la Ley facilita y estimula, sin embargo, la conciliación de los objetivos educativos con otros exigidos por una economía mundializada, que demanda personas altamente cualificadas en competencias básicas, profesionales y transversales. Los agoreros del sistema, que haberlos haylos, sostienen que la Ley subordina el desarrollo integral de la persona en el más amplio sentido y dimensión de la palabra a la competitividad y logro del éxito individual. No estoy de acuerdo. Personalmente me aferro a la idea que ambas realidades son compatibles y complementarias sin la necesaria supeditación de una sobre la otra.

Permítaseme señalar y comentar algunas declaraciones enunciadas en el preámbulo de la LOMCE en materia de FP. La mayor parte de ellas ya estaban recogidas en textos legales anteriores como son la LOGSE y la LOE. Si bien, la vigente Ley añade un atisbo de mejora continua necesario, tal y como proclama cualquier sistema de aseguramiento de la calidad contrastado.

El aprendizaje profesional se refuerza consistentemente con la creación de la etapa de FP Básica. Otra innovación destacable se concreta en el reconocimiento de la FP Dual previamente regulado mediante el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, posteriormente desarrollado por la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje.

La modernización de la oferta educativa se ha producido en estos últimos años rediseñando módulos formativos de la mayor parte de los Ciclos Formativos para dar cabida al aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras –inglés, francés y alemán-, principalmente.

La estructura actual de ciclos formativos fue diseñada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Aquellos currículos, determinaba la Ley, debían ser actualizados cada cinco años. Sin embargo, no fue hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) cuando se han revisado y actualizado. Ambas leyes fueron promulgadas por un Ejecutivo sustentado por el PSOE. A día de hoy, me atrevo a decir que la implantación de los títulos renovados se encuentra absolutamente generalizada.

El actual sistema de FP se enfrenta, y así lo recomienda la LOMCE, a retos de capital importancia. Me refiero a la necesaria adaptación de los estudios de FP a los requerimientos de los diferentes sectores productivos, algunos emergiendo cada día fruto del impacto de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el mundo productivo y la vida profesional y social de los ciudadanos. El desafío que demanda la sociedad del siglo XXI no tiene parangón en otras épocas históricas y, por tanto, como decía Machado en su poemario Proverbios y Cantares, toca “hacer camino al andar”.

La implicación de las empresas en el proceso formativo de los alumnos cobra un protagonismo de especial relevancia. Lo sabemos muy bien quienes llevamos casi cuarenta años solicitando una colaboración expresa de los empresarios en la formación y cualificación de los futuros profesionales.

Las Prácticas en Alternancia (voluntarias) en el viejo modelo de la FP I y FP II del sistema de FP implantado en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa supusieron un salto cualitativo extraordinario. Aquel modelo dio a conocer al empresariado el potencial de la FP del sistema educativo. Yo recuerdo muy bien las altas cotas de empleabilidad de los alumnos de FP II, principalmente, y el prestigio que, paso a paso, fue adquiriendo el entonces nuevo modelo de FP en la sociedad y entre el colectivo empresarial. La LOGSE y los Ciclos Formativos sustituyeron las Prácticas en Alternancia (voluntarias) por un módulo evaluable de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que ha fortalecido, si cabe, el espíritu colaborativo de los empresarios en la formación profesional de los ciudadanos desde el sistema educativo.

Tengamos presente, también, los cuatro objetivos que persigue la LOMCE con sus reformas: reducir la tasa del abandono escolar temprano, mejorar los resultados educativos, mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. ¿Alguien puede poner objeciones a estas intenciones?

No puedo obviar hoy, muy a pesar mío, el eventual desencuentro ocasionado por la nueva regulación de la FP Dual en Cantabria entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y el colectivo empresarial. Decroly, y los centros de Formación Profesional pertenecientes a la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria, tampoco comparte las tesis de la Consejería. Da la sensación que el Ejecutivo cántabro pretende imponer un modelo de FP Dual sui generis, para unos pocos, claramente reduccionista y, en mi opinión, discriminatorio al no contemplar más que a las grandes empresas como posibles “socios” colaboradores.

La economía productiva de Cantabria y España no es comparable con Alemania u otros países y regiones del Centro y Norte de Europa con gran arraigo en materia de colaboración centro – empresa para la implantación, impulso y fortalecimiento de la FP Dual. Aquí, todos aceptamos una leal y sostenible colaboración. Los empresarios, sin embargo, no parecen estar dispuestos a admitir reglas de juego sin consensuar previamente aquellos aspectos que afecten a los legítimos derechos de gestión y de dirección de sus empresas. A título de ejemplo, la nueva Orden que publicará próximamente el BOC establece una ayuda económica o beca para el estudiante a fijar por la Administración a cargo de las empresas. No es admisible esta imposición. De hecho, lo deseable sería una contribución económica compartida, tal y como posibilita el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre.

¿Por qué exige la Consejería una beca-salario a cuantificar por la propia Administración a cargo exclusivo de la Empresa? No lo sé. Pero esto es solamente un detalle. Las discrepancias son muchas y no parece que se vayan a diluir en un próximo futuro. Imponer un modelo de colaboración desproporcionada y perturbadora a los empresarios parece una medida poco inteligente para alcanzar los objetivos deseados. En mi opinión, esta actuación representa un retroceso de perniciosas consecuencias.

Confío y deseo que el consejero de Educación, Cultura y Deporte revise su política de colaboración con los agentes económicos o, por el contrario, auguro un futuro lleno de obstáculos que pueden afectar, también, a la participación de los empresarios en el módulo de FCT del formato convencional de provisión de la FP en Cantabria.

¿Qué piensa sobre la nueva normativa de Cantabria en ciernes las empresas y sectoriales que integran la Alianza para la FP Dual? ¿Está de acuerdo el colectivo de empresarios pertenecientes a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), una de las entidades adheridas a la Alianza integrada por más de 450.000 autónomos? ¿Alguien les ha consultado?

CEOE Cantabria ya ha dado la respuesta en el seno del Consejo de la FP. Me temo que el colectivo de empresarios pertenecientes a una u otras organizaciones cuestionaría, igualmente, la medida auspiciada por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

Concluyo con una llamada a la cordura, a la colaboración y al consenso entre todos aquellos responsables del éxito y la calidad de uno de los servicios de interés general más determinantes cual es la Educación. Y… en el caso que nos ocupa hoy convirtamos el título de esta entrada Apostemos por la FP del sistema educativo en un eslogan asumible por todas las partes, Administración y administrados incluidos.

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