La incertidumbre y el desconcierto abruman a una parte considerable de la ciudadanía de Cantabria como consecuencia de la publicación del calendario escolar del curso 2016-2017 aprobado el martes 7 de junio

El próximo curso escolar 2016-2017 las clases comenzarán el jueves 8 de septiembre y finalizarán el viernes 23 de junio en los niveles de educación Infantil y Primaria. El inicio del horario lectivo en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y formación Profesional arrancará el lunes 12 de septiembre y concluirá el martes 27 de junio.

El nuevo calendario escolar establece los mismos 175 días de clase de cursos anteriores, cinco bimestres lectivos y cuatro periodos vacacionales, uno cada dos meses aproximadamente. La actividad docente se suspende durante la semana, del 31 de octubre al 4 de noviembre; en Navidades, del 23 de diciembre por la tarde y al 8 de enero; del 27 de febrero al 3 de marzo; y, coincidiendo con Semana Santa, del 7 al 17 de abril.

La primera noticia sobre el calendario escolar para el próximo curso fue recogida el 25 de mayo en los periódicos locales. Una nota de prensa del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) sorprendió a tirios y troyanos. El paso de los días ha evidenciado una alarmante inquietud social. Aquella reseña, recogida por todos los medios de comunicación digital, escrita y audiovisual de la comunidad autónoma, informaba sobre el ACUERDO alcanzado entre la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y las Organizaciones Sindicales pertenecientes a la Junta de Personal Docente: STEC, CC OO, ANPE y UGT.

La tibia explicación posterior del titular de la administración educativa, Ramón Ruiz, a la filtración del STEC no hizo más que ratificar las preocupantes impresiones que la noticia había generado inicialmente en el sector de la educación.  Las reacciones no se hicieron esperar. El impacto producido en el ámbito de la comunidad educativa de Cantabria tuvo reflejo, asimismo, en los medios de comunicación nacionales.

Al desconcierto inicial en todo el sector, particularmente en el entorno de las federaciones y asociaciones de padres y madres de alumnos FAPA y CONCAPA y de las patronales y sindicatos mayoritarios de la enseñanza concertada, se une la indignación generalizada por la imposición y falta de transparencia de una decisión que afecta a la inmensa mayoría de las familias que escolarizan a sus hijos en enseñanzas no universitarias. Una vez más, quedan en el cajón de los recuerdos aquellas buenas intenciones manifestadas al comienzo de la legislatura por la vicepresidenta del Gobierno, Rosa Eva Díaz Tezanos, y por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, en las que apelaban al consenso y al pacto por la educación.

Cualquier observador imparcial de los acontecimientos acaecidos entre los días 25 de mayo y 7 de junio (fecha en el que se hace público el calendario para el próximo ejercicio) certificaría el revuelo suscitado por la medida. Si bien, esa realidad pudo constatarse aumentada y corregida una vez publicado. La falta de sensibilidad demostrada por la Consejería ante el clamor social por consensuar la norma antes de su entrada en vigor ha despertado viajas disputas ideológicas indeseables que yo, particularmente, ubicaba en el pasado y daba por amortizadas. 

La polémica está servida. La política de hechos consumados no satisface a nadie, genera crispación y reactiva viejos recelos que muchos creíamos superados. Pero, el incendio lo ha prendido la Consejería. El consejero, Ramón Ruiz, no ha ocultado que este calendario escolar estaba en su mente desde su época de director general de Políticas Educativas entre 2003 y 2011, siendo titular del Departamento la hoy vicepresidenta, Rosa Eva Días Tezanos. La Junta de Personal Docente, compuesta por cuatro de los sindicatos con presencia en la enseñanza pública: STEC, CC OO, ANPE y UGT han sido el instrumento agitador de una decisión adoptada en el seno del actual Gobierno PRC-PSOE.

La educación en Cantabria, igual que en otras comunidades autónomas, se encuentra en un momento muy sensible. La permanente posición crítica, sino insumisa, del gobierno autónomo a la hora de aplicar y cumplir la LOMCE coloca a la comunidad educativa en una situación de incertidumbre que puede derivar en actuaciones indeseables de la que se deriven graves consecuencias.

Introducir otro punto de fricción ha sido un error político. No por el hecho en si –el Gobierno puede adoptar las decisiones que entienda pertinentes- sino por la falta de sensibilidad y consideración con los órganos de participación en la enseñanza –Consejo Escolar de Cantabria; la Mesa de la Concertada; los sindicatos con representación en la enseñanza concertada de Cantabria: FSIE, UGT y USO; el sindicato Independiente de Funcionarios CSI-F; las entidades Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG); la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria); la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cantabria (FAPA Cantabria); la Confederación Católica Nacional de Padres y Madres de Familia, y Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA Cantabria);… y con las madres y padres de los 93.438 alumnos matriculados en los niveles no universitarios en 318 centros que van a estar afectados por el nuevo calendario escolar.

Para ilustrar todo lo anteriormente expresado voy a reseñar algunas manifestaciones de personas representativas de las instituciones y entidades cántabras precitadas. Unas, han sido recogidas por los medios de comunicación de nuestra comunidad autónoma; otras, por la prensa audiovisual y escrita de ámbito nacional. En este grupo, por razones obvias de extensión de esta entrada, me limitaré a señalar la opinión del presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, Enrique Castillejos, recogida por la periodista de El País, Pilar Álvarez, el sábado pasado, en su artículo El consejo de colegios de pedagogos recela del calendario escolar cántabro.

Una nota de prensa de CSI-F tacha este calendario escolar de “demagógico”. Subraya, también, que “deja indefensas a las familias” y continua con expresiones tales como: “ni es nuevo, ni está justificado por ninguna parte”; “ha conseguido tristemente ser portada de la prensa nacional por su ocurrencia y temeridad”; “se ha elaborado de espaldas a los docentes y de espaldas a las familias y a los alumnos”; “es sorprendente que quien aboga por el consenso y el acuerdo, tome estas decisiones tan trascendentales sin contar con los elementos más sensibles de la Educación, y tan a la ligera”.

La presidenta de FAPA Cantabria, Leticia Cardenal, antes de alcanzar un acuerdo con el consejero, Ramón Ruiz, el pasado jueves 09 de junio, expresó su “estupor” y frontal rechazo a la medida. “Esta propuesta de la Junta de Personal Docente busca única y exclusivamente favorecer las condiciones laborales de los docentes, sin haber tenido en cuenta ni al alumnado ni a las familias”, dijo en un comunicado el 26 de mayo.

En una reunión mantenida por Ramón Ruiz con un centenar de familias de FAPA Cantabria el pasado viernes, 10 de junio, recogida por el Diario Montañés al día siguiente «Es una vergüenza que no se cuente con nosotros para algo tan importante«, los padres echaron en cara al Consejero el “oscurantismo” evidenciado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en el diseño y aprobación del calendario

La CONCAPA, a través de su presidenta en Cantabria, Mónica Haro, ha señalado el “disgusto” del colectivo que representa a la vez que ha rechazado contundentemente el nuevo calendario escolar porque “no se nos haya consultado”. Además, ha afirmado, en esta disposición solamente se ha pensado “en los profesores, sin tener en cuenta a los miles de alumnos y familias afectadas”. Asimismo, la dirigente familiar ha destacado que “se ha reformado a nuestras espaldas”; ha cuestionado “los criterios pedagógicos” que defienden tanto la Consejería como los sindicatos de la Junta de Personal Docente y ha lamentado, también, que “el tema no se ha llevado al Consejo Escolar, tampoco a la Mesa de las Familias… ¿Por qué tanta prisa por aprobarlo?”.

Las entidades educativas privadas, Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG) y la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) han visto recogidas sus reacciones mediante una entrevista de una periodista de Europa Press a sus dirigentes, publicada en Madrid el pasado miércoles, día 08 de junio, y difundida a nivel nacional y en el ámbito local, incluidos los medios de comunicación de Cantabria.

El secretario general de Escuelas Católicas, José María Alvira, manifestó: «La defensa de este cambio de calendario por motivos laborales me parece bien, pero que se presente así, sin esconderlos«. En otro momento señaló que los «legítimos»  argumentos laborales no pueden «disfrazarse con argumentos pedagógicos«.  A la hora de enjuiciar el calendario declaró que «puede ser una complicación» porque «no es fácil» conciliar el trabajo con las vacaciones de los hijos cada dos meses. En línea con otras cualificadas opiniones, Alvira lamentó que no se haya contado con la comunidad educativa, particularmente, de los centros concertados.

Al ser consultado por la agencia de noticias citada, en mi condición de presidente de CECE Cantabria, tuve la oportunidad de exteriorizar mi perplejidad ante la sorprendente noticia que presentaba el nuevo calendario escolar de Cantabria para el curso 2016-2017. Tengo que reconocer que han pasado unos cuantos días desde su publicación y aun no acierto a comprender por qué este calendario se ha fraguado con una cierta dosis de nocturnidad y alevosía. ¿Por qué no se ha sometido a consulta en los distintos órganos de participación que el Gobierno tiene a su disposición? ¿Por qué se ha ignorado a toda la comunidad educativa, salvo a los sindicatos que conforman la Junta de Personal Docente? 

Especialmente relevantes me parecen las declaraciones de presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Pedagogos y Psicopedagogos, Enrique Castillejos, antes citado. “Pedagógicamente hablando, no tenemos argumentación para valorarlo. No hay estudios comparativos que atestigüen que hay un mayor rendimiento para los alumnos con un sistema u otro”; “España no es un país con largas estancias sin festivos”. En otro orden de cosas desaprueba “las soluciones maravillosas” sin antes contemplar cuestiones como cuál es el papel del profesorado “que no son animadores socioculturales” o cómo se organizan las familias, el tantas veces ensalzado criterio de conciliación de la vida personal y sociolaboral.

Concluyo esta entrada con un par de aseveraciones asumidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía, también por el consejero de Educación, Cultura y Deporte, me consta. Un sistema educativo moderno se sostiene gracias a los sólidos pilares anclados en convicciones irrenunciables como son la participación de las familias, del conjunto de la sociedad y de las organizaciones que representan a todos los actores del sistema. El proceso seguido hasta la aprobación y publicación del calendario escolar de Cantabria para el curso 2016-2017 pone de manifiesto la falta de sensibilidad de la Administración educativa y de su “socio” necesario, la Junta de Personal Docente, por el interés general de los ciudadanos.

Por lo que a la Administración se refiere asumo que ha sido una decisión legítima. Ahora bien, la discriminación de la mayor parte de los componentes de la comunidad educativa en este asunto de interés general debe subsanarse de inmediato una vez que el consejero Ramón Ruiz ha reconocido el grave error cometido por el departamento que dirige. Nadie discute la legalidad. Pero, las formas, querido consejero, son impropias de un hombre que ha luchado durante décadas por la libertad, el consenso, la equidad y la igualdad de oportunidades.