Las relaciones institucionales de CECE Cantabria –Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria-, a la que pertenece Decroly desde su creación en 1978, entidad patronal que presido en los últimos años, siguen en su misma línea de antaño, particularmente con las autoridades de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte

El actual curso 2015-2016 comenzó sin incidencias reseñables. Las actividades de los centros se iniciaron con normalidad, ajenas a los cambios de Gobierno producidos como consecuencia de las pasadas elecciones autonómicas celebradas en el mes de mayo. Ahora, el titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz Ruiz, y su equipo de directores generales, lideran el sistema educativo con energías renovadas de cambio para incentivar la mejora continua en un contexto en el que todos los actores tenemos un papel que desempeñar. Ese es el caso de los centros privados y, por ende, también de Decroly.

La relación con los técnicos de la Consejería no ha experimentado cambios relevantes. Por esa razón, los asuntos del día a día de los centros concernientes a la Dirección General de Innovación y Centros Educativos se tratan con las mismas personas de la etapa anterior y, en mi caso, con especial protagonismo en la unidad de centros de la que es responsable Alejando Gallego. Mi comunicación habitual con Alejandro permite clarificar y orientar aquellos temas que preocupan a Decroly y al resto de los centros educativos permitiendo un fluido feedback que todos agradecemos, iniciado en una primera reunión preliminar celebrada en 08 de setiembre.

El martes 13 de octubre mantuve la primera reunión formal con el Consejero, Ramón Ruiz, acompañado por la vicepresidenta de CECE Cantabria, Rosa Mª Blanco, y por el jurídico de la Asociación, Álvaro de la Fuente. Un relato de aquella entrevista fue plasmado en mi entrada Reunión con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, publicada en esta revista digital el pasado 20 octubre. En aquel encuentro con el Consejero pudimos apreciar las líneas de actuación que se propone implementar el Gobierno de Cantabria. Para ello, afirmó entonces, cuenta con toda la comunidad educativa.

En este contexto preliminar se produjo un encuentro con el director general de Innovación y de Centros Educativos, Alonso Gutiérrez Morillo, el pasado martes 12 de enero, en su despacho de la 5ª planta del edificio de Vargas 57 en el que se encuentra ubicada la sede de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. En esta ocasión estuve acompañado por el jefe de estudios de Decroly, Pedro Cuesta, y en esa cita participó, asimismo, la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Luisa María Carpio Rodríguez.

Vaya, el primer lugar, mi agradecimiento por el tiempo que nos dedicaron en el que tuvimos la oportunidad de repasar todos los asuntos fundamentales que preocupan a los centros privados. Para ello, tomé como referencia aquellos previamente presentados en la unidad de centros, preludio de los tratados con Ramón Ruiz, reflejados en mi precitada entrada de 20 de octubre. Durante más de una hora pasamos revista de soslayo, inicialmente, a los temas tratados con el Consejero para centrarnos, a continuación, en otros más actuales.

Como premisa general, reiteramos a Gutiérrez Morillo y a Carpio Rodríguez una petición expresa de exigir la histórica reivindicación de igualdad de trato en toda la normativa y actuaciones referidas a planes, programas y proyectos cuando de centros sostenidos con fondos públicos se trata. Es hora de zanjar los viejos estereotipos discriminatorios con respecto a la enseñanza concertada, argumentamos.

En la defensa de mis manifestaciones ante ambos directores generales utilicé toda la fortaleza que mi razón me proporciona e hice referencia a una de las máximas del consejero Ramón Ruiz consistente en promover un gran acuerdo para la Educación de Cantabria. En ese reto, el Gobierno de Cantabria y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte encontrará en la enseñanza privada un socio fiel y leal colaborador para propiciar un consenso, exigido durante años por la sociedad civil de esta región y del resto de España.

El sector de la enseñanza privada y concertada respalda el desafío propuesto por el consejero de Educación de pactar con toda la comunidad educativa -eso sí, con toda-. Propone Ramón Ruiz un protocolo de diez a quince medidas, según sus propias palabras, que permita “avanzar en la equidad y calidad de la enseñanza”. Es hora de pasar a la acción. CECE Cantabria comparte la tesis de Ramón Ruiz que sostiene el diálogo como instrumento y recurso principal para progresar por la senda que conduzca a la meta por todos deseada: un pacto por la Educación de Cantabria.

En otro orden de cosas, CECE Cantabria mostró una preocupación especial por la actualización y renovación pedagógica del profesorado. Es preciso afrontar los desafíos que demandan los alumnos en el siglo XXI, nacidos con la Wikipedia, las redes sociales, y la generalización en todas las facetas de la vida del impacto de internet y el acceso a la información y mensajería instantánea.

Más de un 30% del profesorado supera los 50 años de edad. Esa realidad exige una evaluación de necesidades formativas para ese colectivo, pero también para el conjunto del profesordo. Hemos de repensar la profesión docente para mejorar el sistema educativo con la incorporación de nuevos profesionales que insuflen nueva savia durante el natural relevo generacional.

Pero también, es preciso dar una respuesta eficaz y eficiente a las demandas de los escolares que pueblan nuestras aulas hoy con los profesores de hoy. Por ello, un plan de formación permanente del profesorado y de renovación e innovación pedagógica debe instarse desde la Administración educativa en lugar de ceder el protagonismo a la voluntariedad de los afectados.

La Formación Profesional Básica, cuya implantación ha concluido este curso 2015-2016 arroja unos datos muy preocupantes. Sin embargo, en el subsistema de Formación Profesional Inicial, auspiciado por los centros privados concertados, existe un criterio generalizado sobre las causas que han provocado la situación actual. Yo, también lo suscribo. Una de las más consistentes se refiere a la utilización partidista y sectaria de la LOMCE, y de este nivel educativo en particular, por partidos políticos y agentes sociales para erosionar al Gobierno y al partido político que lo sustentaba en la legislatura anterior.

Lamentablemente, ese comportamiento ha incidido gravemente en un colectivo de alumnos que por su perfil académico podría optar a este nivel educativo de Formación Profesional Básica. Los detractores, viciados por motivos ajenos al beneficio educativo de esos estudiantes e interés general, no han querido tener en cuenta las ventajas formativas y profesionales de la FP Básica con respecto a los anteriores Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) –en funcionamiento desde el curso 2008/09 hasta el 2013/14- o sus predecesores de Garantía Social (GS), operativos desde el curso 1998/99 hasta 2007/08. Ello ha conducido a un mayoritario número de profesores de tercero y cuarto curso –excepcionalmente, de segundo- de ESO a desincentivar las propuestas por el equipo docente a través del Consejo Orientador para que esos alumnos se incorporen a la FP Básica.

Durante el encuentro con ambos directores generales de Innovación y Centros Educativos y de Formación Profesional y Educación Permanente recordé los efectos académicos y profesionales de aquellos programas, a cuya finalización se entregaba al alumnado un Certificado de haber cursado esos estudios. Sus posibilidades de transitar por el sistema educativo eras escasas. Para acceder a la Formación Profesional de Grado Medio debían realizar un segundo curso, superar las pruebas conducentes a la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o bien aprobar una prueba de acceso.

Desde la entrada en vigor de la LOMCE y la implantación de los estudios de FP Básica estos alumnos se encuentran en el sistema con todos los derechos y posibilidades de transición a estudios superiores o bien acceder al mercado de trabajo con una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Las enseñanzas de la FP Básica garantizan la formación necesaria para obtener el Título de Técnico Profesional Básico y poder proseguir bien con los estudios accediendo automáticamente a un ciclo de FP de Grado Medio, o bien para la incorporación al mundo laboral.

Solicitamos información sobre Orden por la que se dicten las normas sobre la suscripción y modificación de los conciertos educativos para el curso académico 2016/2017. Según afirmó Alonso Gutiérrez el texto legal se encuentra en los servicios jurídicos para su preceptivo informe y será publicada en los próximos días.

En fin, hablamos de otros muchos temas, de mayor o menor calado educativo, reivindicados históricamente por los centros de iniciativa social. En el ámbito específico de Decroly, aclaramos una situación surgida como consecuencia de una denegación, en mi opinión injustificada, de una matrícula de Formación Profesional a distancia cursada por una empresa para una trabajadora empleada mediante un contrato para la formación y el aprendizaje.

Decroly fue autorizado en su día para impartir en régimen a distancia y sin sujeción a calendario escolar, exclusivamente para el colectivo de trabajadores vinculados a empresas mediante un contrato para la formación y el aprendizaje, las enseñanzas de la mayor parte de los ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior que tiene autorizados.  

Es hora de pensar en un próximo devenir, basado en el entendimiento, la concordia, la estabilidad y los valores democráticos e institucionales necesarios para progresar adecuadamente. En este reto, me apunto al significado de la célebre frase del genial Actor, director y escritor estadounidense Woody Allen: “me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida”.