Hace unas semanas, el pasado 24 julio, me ocupé en Rebelión a bordo del malestar mostrado por algunos agentes económicos y sociales como consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral
Fruto de mi participación en una Jornada Técnica en Madrid sobre la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, colgué
el post La reforma del Sistema de FP para el Empleo (I), de 23 junio, en el que desglosé las novedades más significativas reguladas en el recitado Real Decreto-ley 4/2015. Además, añadí al final una docena de entradas relacionadas, anteriormente publicadas en esta revista electrónica Decroly Digital.
El hecho es que los españoles hemos estado asistiendo a un tira y afloja permanente entre el Ministerio de Trabajo y los agentes económicos y sociales. La negociación preliminar, caracterizada por posturas alejadas, ha concluido sin acuerdo. La publicación por parte del Gobierno de esta nueva normativa, que reforma el Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, establece un modelo distinto que no ha hecho más que avivar un debate que puede conducir a situaciones muy preocupantes en el ámbito de la concertación social y de las relaciones de los agentes económicos y sociales con la Administración.
Sin embargo, el cambio para mejorar debe ser aplaudido y bienvenido. ¿En qué 
escenario nos movemos los españoles con respecto a otros países de la OCDE, por ejemplo? La realidad es que el nivel de formación profesional y cualificación técnica de los trabajadores españoles se encuentra en una posición inferior a la media de esos Estados. Es evidente que los españoles tenemos que hacer un enorme esfuerzo para habilitar instrumentos que nos permitan progresar hacia una sociedad más productiva y competitiva. La formación profesional en toda su variedad de regímenes y modalidades debe ser una herramienta clave para generar un mayor rendimiento, mejorar la eficiencia del sistema productivo e impulsar la competencia digital y tecnológica de los empleados.
Pero volvamos a uno de los problemas que ocasiona desavenencias ente los agentes sociales y el Gobierno. El origen se encuentra en el año 1992. En esa fecha, CEOE y los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO alcanzaron un importante compromiso con el fin de crear un sistema de formación continua estable y permanente. Para ello, los agentes económicos y sociales citados firmaron un acuerdo mediante el cual la financiación del modelo se realizaría a través del establecimiento de una CUOTA FINALISTA del 0,7% en las cotizaciones de la seguridad social: 0,6% a cargo de la empresa y 0,1% a cargo del trabajador, para financiar la formación continua, a lo largo de toda la vida activa de los trabajadores ocupados.
Pero, la verdad solo tiene un camino, dice el refrán popular. Después de veintitrés años el modelo de formación continua establecido en los acuerdos del 92 no ha
conseguido el deseado fin de mejorar la competitividad de las empresas. Luego, la reforma parece acertada desde el punto de vista de reorientar las políticas de formación en el empleo. Dicho lo cual, parece entendible, también, que si se cambia el modelo se revise su financiación. Y es aquí donde las divergencias de los agentes económicos y sociales con el Gobierno parecen irreconciliables.
El punto básico de fricción se concentra en la financiación del nuevo modelo. Los representantes de los empresarios y de los trabajadores no comparten ni aceptan seguir financiando con un 0,7% el nuevo sistema del que se sienten desplazados. Afirman, además, que la Administración utiliza más de dos tercios de esos fondos para financiar la formación de desempleados, un fin distinto del acordado por los agentes económicos y sociales en el año 1992.
Dicho lo cual, y para concluir esta entrada, parece ineludible constatar que el mercado de trabajo ha cambiado mucho en los diez últimos años; a velocidad de la luz, diría yo con ánimo de propiciar una reflexión con esta exageración; y demanda nuevas competencias profesionales a sus trabajadores ligadas a las respectivas ocupaciones y puestos de trabajo así como otras de carácter transversal, social, 
tecnológicas y digitales imprescindibles. Ha llegado la hora de combatir con determinación todas aquellas actuaciones, comportamientos, metodologías que mantienen estancado un modelo más propio de los hoy obsoletos requerimientos sociales y empresariales vigentes durante el siglo XX.
Las nuevas exigencias y demandas de una sociedad actual, caracterizada por su carácter global, multidimensional, plurilingüe y multicultural, severamente mediatizada por el impacto de las TIC -tecnologías de la información y de las comunicaciones-, y de un incierto e impredecible mercado de trabajo presente y futuro, obligan a diseñar y aplicar sin prisa pero sin pausa un modelo colaborativo de formación profesional, tanto inicial como para el empleo –ocupacional y continua- en el que adquiera un protagonismo principal las empresas, los trabajadores, los agentes económicos y sociales ¡y los centros de formación! No debemos aplazar un solo instante cuantas soluciones formativas se encuentren al alcance de unos y otros para dar respuesta a una de las preocupaciones más sensibles de los españoles cual es la empleabilidad.
En Decroly nos sentimos actores relevantes de la película que muestra la mejor cara de la formación profesional. Críticos con el sistema, cuando las circunstancias lo exigen; leales con las administraciones públicas, para aportar desde el sistema regulado por quienes tienen la capacidad de gobernar y dirigir el gobierno del país y de la región; comprometidos con las sociedad, lo que es lo mismo con las personas de nuestros alumnos, con los empresarios; fieles a nuestra cultura corporativa e ideario en los que prima la atención a la diversidad y multiculturalidad, el desarrollo del plurilingüismo, la igualdad de oportunidades y la equidad entre otros valores.
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