Los máximos dirigentes de las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal y autonómico han mostrado un reiterado malestar por la decisión del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de apartarles de la gestión de los fondos para la financiación de la formación continua

La verdad es que este tema se está enquistando y no parece que vaya a tener un final feliz para todas las partes. El origen de la polémica se sitúa en el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral cuya vigencia parcial ha entrado en vigor el pasado mes de marzo y que se encuentra actualmente en fase tramitación como proyecto de Ley en el Congreso de los Diputados. Ver mi entrada La reforma del Sistema de FP para el Empleo (I), de 23 junio.

Los argumentos de los líderes empresariales se centran en rechazar un sistema de formación profesional cuya gestión pasa de sus manos a las de la Administración a pesar de que se sustenta con una aportación económica finalista de las empresas para la formación continua de sus trabajadores en activo (0,6%) y de los trabajadores (1%). Afirman, también, que ese dinero está siendo derivado hacia otros fines distintos como la recualificación de trabajadores en situación de desempleo.

Los directivos de las patronales empresariales ponen en tela de juicio, además, que vayan a tener un papel relevante en el diseño de los programas formativos. Una y otra situación les induce a pensar que los futuros programas resultantes difícilmente responderán a las necesidades de formación de las empresas. Con ese escenario que os he pintado, fiel a lo publicado por los más variopintos medios de comunicación, parece ser que se está fraguado una rebelión en toda regla en contra de las decisiones gubernamentales en esta materia.

Lo que ha transcendido a los medios de comunicación no tiene buena pinta. Día a día se suman más y más organizaciones patronales a la propuesta que lidera la CEOE-CEPYME con la intención de auspiciar una convergencia de fuerza para exigir del Gobierno la supresión de la cuota del 0,6% de las nóminas con el fin de destinar esos dineros a propiciar otros mecanismos para impartir la formación continua en las empresas. A cualquier observador mínimamente informado no se le escapa el hecho de que la patronal está echando un órdago a la Administración. No en vano estamos hablando de la gestión de unos fondos que ascienden a la nada despreciable cifra de DOS MIL millones de euros.

En los últimos años, patronales y sindicatos han gestionado estos fondos para la impartición de la formación continua de los cursos de oferta. ¿Cuál ha sido el resultado de la evaluación de su aplicación en términos de eficacia y de eficiencia? Un observador anglosajón, probablemente daría una primera respuesta con otra pregunta y una aseveración: Who knows?; that´s the question! Yo, por razones obvias, no me voy a pronunciar.  

En medio de este galimatías, los representantes patronales afirman no tener nada que objetar en relación con la denominada Formación Programada en las Empresas –hasta la entrada en vigor del precitado Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, formación de demanda o bonificada-, aquella que puede llevar a cabo la empresa con sus propios medios o con la colaboración a distintos niveles de una o varias entidades organizadoras y/o una bien varias entidades formativas.

El tono del lenguaje se va elevando a medida que transcurren los días. Expresiones como «incertidumbre» e «indignación«, se suceden en labios de los directivos de las más relevantes organizaciones empresariales de todo tipo de sectores y ámbito de actuación. Es el caso de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEAT), sus ejecutivos proclaman que el pago de las cuotas de formación «es voluntario» porque procede de un acuerdo inicial entre la patronal y los sindicatos. «Nuestra posición es que si no podemos participar del diseño de los cursos y si los fondos no se destinan en su totalidad a formación continua planteamos dejar de contribuir y autofinanciarnos recaudando dinero de forma voluntaria entre nuestros afiliados y sus empleados«, recogen en diversas publicaciones basadas en fuentes generalmente bien informadas.

Ahora bien. Una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. A día de hoy este revuelo suscitado por la decisión del Gobierno dictada mediante el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, no ha hecho más que empezar, creo yo. Los resortes del poder son muchos y pocos a su vez, cuando el Gobierno se encuentra en una posición débil. ¡Solamente tenemos que observar la deriva catalana para comprobar lo difícil que es adoptar medidas procedentes, incluso cuando la transgresión de la Ley es más que evidente!

En el caso que nos ocupa ya existe una manifestación expresada públicamente por andatarios empresariales de relieve en el sentido de dejar de pagar las cuotas a la Seguridad Social por este concepto. La tentación es muy fuerte y las consecuencias, who knows? diría de nuevo el anglosajón  de marras. ¿Qué consecuencias se derivarían para una empresa que adopta la decisión unilateral de no pagar las cuotas de formación en los seguros sociales? No soy experto en leyes pero mi intuición me dice sería un acto de rebeldía que traería graves repercusiones administrativas y tal vez de otro tipo.

Detrás de toda esta historia se esconde un motivo que no pasa desapercibido para la ciudadanía. Me refiero a la financiación de las organizaciones empresariales y, en su caso, sindicales. Durante años, esas entidades han nadado en la abundancia, gracias a las millonarias aportaciones del Estado para impartir la denominada formación de oferta. Al principio, el asuntó desconcertó a muchos. Los beneficiarios carecían de infraestructura y de recursos humanos para gestionar e impartir tal volumen de cursos de formación continua, en la modalidad de oferta. Y claro, con el beneplácito de la Administración, sin los controles de calidad apropiados en el ámbito formativo y económico, poco a poco fueron apareciendo ante la opinión pública multitud de irregularidades en actuaciones inaceptables tanto en el fondo como en la forma.

En mi opinión el Gobierno se ha “pasao” con esta reforma. Sin embargo, yo estaría de acuerdo en escuchar a todas las partes en el trámite parlamentario en el que se encuentra el ya Proyecto de Ley para encontrar una salida sociopolítica de consenso que evite dejar una retahíla de “cadáveres” con la aplicación de la nueva y necesaria normativa legal de la formación profesional para el Empleo. Muchos son los intereses. En el horizonte se vislumbra la formación continua, en la denominada modalidad de oferta, como un instrumento de financiación de organizaciones, ajeno a los fines que le son propios. Además, ha llegado el momento de exigir el máximo de calidad y profesionalidad a todos los actores del sistema. ¡Zapatero a tus zapatos!

Cuánta sabiduría encierra el refranero universal. El tema que hoy me ocupa me ha recordado el popular refrán “zapatero a tus zapatos”, atribuido a Apeles (352 – 308 a. C), insigne pintor griego de la Edad Antigua. Cuentan los historiadores que con esa cita el afamado artista contestaba a los improperios de un zapatero que reiteraba críticas a distintos aspectos de su trabajo. Hoy en día, una de las acepciones de esa expresión se utiliza para responder a quienes se ocupan de cosas de las que no son expertos. Empresarios, dedíquense a generar riqueza y puestos de trabajo. Las organizaciones empresariales y el resto de los agentes económicos y sociales preocúpense de apoyar y orientar el desarrollo empresarial. La formación déjensela a los profesionales, a los expertos de la formación profesional y, al mismo tiempo, con esa decisión, contribuirán a combatir el intrusismo y la competencia desleal en el sector de la formación.

Vivimos en una época muy crítica. La rebelión a bordo dejémosla para una lluviosa tarde de otoño en el cine, rememorando la magistral película del director Lewis Milestone, magníficamente interpretada por Trevor Howard y por Marlon Brando, entre otros legendarios actores. Yo defiendo el derecho a discrepar y a consensuar, a su vez; a reivindicar, por cauces legales, aquellas cuestiones que puedan estar siendo conculcadas por la Administración o por terceros; y, por supuesto, rechazo con toda la fuerza de mi razón la anarquía, la subversión de los derechos y libertades de unos a favor de otros, la llamada irresponsable de muchos líderes gubernamentales y de partidos políticos que siembran el caldo de cultivo de la desobediencia civil y el desacato de la legalidad vigente.