No se trata de decir “lo siento” porque esa expresión en castellano no expresa suficientemente mi disgusto por la respuesta recibida del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) a mi pregunta a las más altas autoridades del departamento sobre un eventual uso en Decroly de los materiales educativos de FP propiedad de la Administración educativa estatal

El “mensajero” en esta ocasión ha sido Mariano Carballo, jefe del Área de Información y Orientación Profesional del MECD quien me proporcionó todo tipo de explicaciones para justificar la imposibilidad de acceder Decroly a esos materiales por razones jurídicas, insalvables a día de hoy. Debo decir con toda claridad que el señor Carballo me atendió con la más exquisita y documentada delicadeza profesional. Se lo agradecí entonces y lo reitero hoy a través de esta entrada. Según Carballo, existe un impedimento legal que deberá desatascarse en un próximo futuro si aún confiamos en que impere la fuerza de la razón en este país.

Todas las autoridades del MECD y de la propia Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Cantabria con las que he tratado este tema han mostrado una actitud positiva, favorable al uso generalizado de los materiales existentes propiedad de las administraciones educativas, producidos con financiación pública, por los profesionales docentes de Decroly y de cuantos centros de Cantabria lo requirieran.

Lo he solicitado verbalmente –también por escrito-, en reiteradas ocasiones a Ángel de Miguel Casas, director general de Formación Profesional del MECD (recientemente en la I Semana de la FP en Cantabria); a José Ignacio Sánchez, director general de Evaluación y Cooperación Territorial del MECD, en el XIII Congreso Estatal de ADIPE, acaecido en el Palacio de la Magdalena de  Santander y en el 42º Congreso Nacional de la Enseñanza Privada, celebrado en Palma de Mallorca. A nivel autonómico, el asunto lo he tratado con el consejero Serna y los directores generales Haya, Blanco y Sáenz de Ibarra.

A todos ellos les he recordado el “mandato” de la Comisión Europea plasmado en la iniciativa “Apertura de la Educación”. Para ello les he trasladado tres recomendaciones especialmente significativas referidas a innovación, recursos educativos abiertos e infraestructuras tecnológicas recogidas en ese documento:

1. Crear oportunidades de innovación para las organizaciones, los profesores y los alumnos.
2. Aumentar el uso de los recursos educativos abiertos (REA), garantizando así que los materiales producidos con financiación pública sean accesibles a todos; y
3. Mejorar la infraestructura en materia de TIC y de conectividad en los centros de enseñanza.

¡No lo digo yo; lo dice la Comisión Europea! Y emulando al Rey Carlos I de España (1516-1556) y V Emperador del Imperio Romano Germánico (1520-1558): «La razón de Estado no se ha de oponer al estado de la razón.» ¡Pocas frases tendrán tanto significado con tan pocas palabras!

Aprovecho esta cita para recordar que nuestro Rey Carlos I era un locuaz políglota. Es conocida una frase que se le atribuye en relación con el uso de un idioma u otro en función de la ocasión: «Hablo latín con Dios, italiano con los músicos, castellano con las damas, francés en la corte, alemán con los lacayos e inglés con mis caballos.»

Pues bien, yo me considero inmensamente afortunado por conocer varios idiomas. Sin embargo, ese placer no es nada comparable con aquel producido al hablar en castellano con los gobernantes de turno si me escucharan y comprendieran en virtud de la fuerza de mis argumentos y no por intereses partidistas y sectarios ajenos al interés general.

Por esa razón, yo no voy a abdicar de mis convicciones para desistir de una reivindicación absolutamente razonable. No se trata de alimentar mi ego personal y profesional. Por el contrario, mi determinación e insistencia sobre la iniciativa que reivindica el uso de unos materiales con fines educativos y formativos de propiedad estatal, tanto en cuanto fueron elaborados por expertos financiados a cargo de una partida económica asignada en los presupuestos general del Estado –según mis fuentes, supera los 17 millones de euros- debe alcanzar el objetivo propuesto que no es otro que generalizar su utilización en todos los centros que lo soliciten en apoyo de la mejora continua de la calidad de la educación que facilitamos a nuestro colectivo de alumnos.

El Gobierno de la nación de turno, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, hizo un “mal negocio” con los autores de esos materiales, en su día. No fue voluntario, estoy seguro. Pero la realidad no admite dudas. ¡Ni siquiera se pueden actualizar aquellos que, por razones obvias, han quedado obsoletos! Tampoco se pueden utilizar por los profesores de aquellos alumnos de los centros públicos matriculados en régimen presencial. ¡Qué dislate!

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte solamente dispone de una salida decorosa para desbloquear y solventar esta situación con más de 140 autores implicados: cancelar el contrato que le impide actualizar los contenidos y generalizarlos, en su caso, como he demandado en tantas ocasiones y pactar otro nuevo que recoja las demandas de interés general del sistema educativo. Existe un clamor generalizado a nivel local, nacional e internacional para hacer llegar todos los recursos materiales no solamente a los centros sino también a los ciudadanos de cualquier signo y color en cualquier lugar del mundo.

Mal momento es este para adoptar decisiones de calado, yo lo reconozco. Con las elecciones a la vuelta de la esquina me temo que el coraje político para desatascar esta situación brillará por su ausencia. En fin, en Decroly estamos acostumbrados a solventar nuestros propios problemas sin ayudas complementarias de terceros. Por ello, la consecuencia inmediata no es otra que deberemos afrontar el régimen de FP a distancia previsto implantar inmediatamente con nuestros propios recursos materiales y los que puedan existir en el mercado.

El equipo directivo convocará próximamente un claustro extraordinario para informar de la situación actual y para establecer las medidas a adoptar para ofrecer la FP a distancia, tanto en el formato convencional, como en el derivado del proyecto singular para la formación inherente a los contratos para formación y el aprendizaje.