Una costumbre muy española, ¡ya quisiera yo equivocarme!, consiste en “dar tiza” a todo lo que se mueve con tal de defender posiciones partidistas, cuando no claramente sectarias, particularmente por los partidos políticos de la oposición, por los agentes sociales –y económicos, en su caso- y por los poderes fácticos conocidos por toda la ciudadanía que, por otra parte, no engañan a nadie en su sano juicio.

Me refiero a los permanentes ataques a los gobernantes, independientemente del partido político que les sustente, a la hora de enjuiciar su labor cotidiana inherente a las funciones que les encomendó en su día el pueblo mediante el apoyo mayoritario en las elecciones, sean generales, autonómicas o locales. Una gran mayoría de profesionales del sector de la educación estamos francamente hastiados de unos comportamientos basados en aquella cultura trasnochada de reprobar cualquier tipo de actuación del Gobierno con tal de desacreditarlo con la finalidad de generar una cultura de insatisfacción permanente entre los ciudadanos para obtener un rédito político.

Como tengo suficiente edad como para evaluar estos comportamientos quiero dejar claro desde ahora mismo que esta afirmación sirve para calificar a la oposición de hoy y a la oposición de ayer que no es otra que quien gobierna hoy. Por tanto, apárquese cualquier calificativo sobre referencias políticas a mi persona, por favor, porque estas declaraciones valen por igual para unos y para otros.

Los sindicatos, por otro lado, en su condición de organizaciones representativas, concentran la mayor parte de su gestión cotidiana en asuntos privativos del colectivo al que representan. Me niego a aceptar que todas sus propuestas coinciden con los intereses generales de la ciudadanía. Así lo expresé, también, en Interés público de la educación versus interés privado de sus protagonistas, de 25 de noviembre de 2014, publicada en el nº 131 de Mi crónica, al hilo de una reseña del sociólogo Marino Fernández Enguita.

Siendo legítimas las reiteradas reivindicaciones de mejoras sectoriales de interés para los sindicatos como la exigencia de un Estatuto del Docente, la tasa de reposición, la recuperación de las condiciones laborales perdidas hace cuatro años, la ley de autoridad, las jubilaciones, estos proponen –como tantos y tantos interlocutores sociales y la inmensa mayoría de los españoles- su permanente reclamación de un Pacto por la Educación que, lamentablemente, gobiernos de todo signo y color y el conjunto de los agentes económicos y sociales han demandado con el resultado de fracaso en los sucesivos intentos. Sin embargo, hasta el momento presente, los esfuerzos de todos los actores han resultado infructuosos, baldíos, como consecuencia de la escasa voluntad de toda la partes para encontrar los postulados que comparten y el enrocamiento partidista de sus posiciones iniciales.  

Pero el sistema educativo tiene otros muchos problemas de interés público que siempre quedan relegados ante la urgencia de los agentes sociales por priorizar los temas arriba indicados. No es mi intención en esta entrada enumerarlos. Sin embargo, me detendré en una reflexión –también asumida por los sindicatos-referida al envejecimiento preocupante de los profesores. Según datos publicados en diversos medios de comunicación, un tercio de la plantilla docente se encuentra en una edad superior a 50 años. Ello nos indica que, en el los próximos años, deberán ser reemplazados decenas de miles de maestros y profesores.

Esta realidad sí que merece ser estudiada con mucha atención. Yo daría prioridad uno a una reflexión colectiva que guíe, a quien corresponda la responsabilidad de gobernar en los próximos años, en la delicada tarea de dotar a los centros educativos españoles los profesionales docentes que demanda la sociedad de la era postglobal en la que vivimos. Este sí es un tema de interés general, una reivindicación orientada a disponer en las aulas españolas de los mejores profesionales docentes que contribuyan a la excelencia educativa de todos los escolares y estudiantes de nuestro país. El foco debe ser puesto, por tanto, en la formación inicial y continua, cualificación profesional y evaluación permanente del profesorado.

Llegado a este punto, no puedo menos que lamentar la obstinada reacción de los sindicatos ante actuaciones gubernamentales como la concesión de 500 becas para facilitar a los profesionales docentes de educación infantil y primaria y educación secundaria en situación de desempleo –que reúnan una serie de requisitos- la realización de prácticas no laborales en los centros educativos de Cantabria sostenidos con fondos públicos. Es más, yo entiendo que se trata de una medida muy afortunada. Es posible que esta decisión sea susceptible de mejoras en un futuro. ¡Naturalmente que sí! Pero eso no invalida una disposición que facilita a los profesionales docentes en situación de desempleo ampliar su experiencia profesional práctica junto a un mentor de experiencia contrastada.

El sistema educativo español y de Cantabria necesita mejorar, ¿quién puede cuestionar esta aseveración? Un indicador de éxito, entre otros relevantes, es la permanencia de los usuarios en el sistema. Si el 100% de los escolares y estudiantes de las diferentes etapas educativas permaneciera en el sistema hasta la finalización de cada uno de los ciclos sería una buena señal para juzgar la calidad del servicio público, de interés general, que el Estado y, por ende, las distintas administraciones autonómicas tiene la irrenunciable responsabilidad de proporcionar. La realidad, sin embargo, avala mi percepción a la hora de aspirar a una mejora continua del sistema dada la inaceptable tasa de abandono escolar temprano.

La solución al déficit de calidad educativa pasa por multitud de actuaciones en las que deben implicarse todos los afectados, sean alumnos; padres de familia; entidades del ámbito social; organizaciones empresariales y sindicales; administraciones educativas, laboral y otras; partidos políticos y, ¿cómo no? el profesorado. Hoy no es posible otra educación distinta a la que demandan los ciudadanos del siglo XXI; con medios y recursos propios de esta época histórica para atender adecuadamente a quienes son la razón de ser del sistema educativo: el alumnado.

Y todo ello en clave democrática, de acuerdo con la Constitución y las leyes, respetando principios irrenunciables como son la libertad, la igualdad de oportunidades, la equidad y no discriminación por razones de cualquier índole.