La locuacidad partidista e incesante de algunos políticos que aspiran a que su partido gobierne los intereses generales de la ciudadanía de Cantabria me causa estupor y perplejidad

No deja de sorprender que quienes han tenido responsabilidades de gobierno en el pasado reciente, a nivel estatal y autonómico, mantengan un discurso anacrónico y obsoleto en el que achacan todos los males del sistema educativo al Gobierno de turno y, en la parte alícuota correspondiente, a la enseñanza concertada. Es la vieja fórmula de echar la culpa al empedrado. Todo el mundo es culpable, excepto yo que soy el salvador de la patria…

Según afirmaciones del secretario de Educación del PSOE de Cantabria, Roberto del Val, recogidas por Europa Press el pasado 30 de diciembre, la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) en nuestra comunidad autónoma ha sido “caótica”; además, manifiesta, existe un “maltrato” a la universidad de Cantabria; califica de “humo y propaganda” a la Formación Profesional Dual; conceptúa de “ocurrencias” a cuestiones como la referente al denominado por esa formación política MIR docente. Añade el señor del Val un par de frases lapidarias. “Por el bien de la educación”, dice, espera que este curso 2014-2015 sea “el último gestionado por el PP”.

En otro momento de su diagnóstico arremete contra la “política de acoso y derribo del PP” a la que se han visto sometidos todos los sectores de la escuela pública, no así la enseñanza concertada, afirma, que ha aumentado considerablemente el número de unidades concertadas. Sí, señor del Val; es verdad. Un crecimiento de módulos para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, no menciona usted que algunos grupos han sido concertados a entidades variopintas en el contexto de libertad de creación de centros. Una de esas empresas, el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) –UGT-, ha sido beneficiaria de un concierto para los estudios de Marketing y Publicidad de FP de Grado Superior. Usted conoce bien esta compañía educativa, ¿no es cierto?

Una descripción de innumerables angustias que azotan a la enseñanza pública, auspiciadas por el látigo del PP, completa su manifiesto en el que la guinda de todos los males es “la pérdida de calidad” por un sinfín de causas como la supresión de becas para libros de texto, comedor y transporte escolar o el aumento de la ratio de alumnos por aula; la “tardanza insoportable” en las sustituciones por ILT; la “eliminación” del carácter pedagógico de las aulas de 2 años; la reducción de los gastos de funcionamiento de los centros;… My goodness!, exclamaría un flemático anglosajón.

Eso sí, debo entender y deducir, una vez leídas estas declaraciones, que la enseñanza concertada nada en la abundancia, según su valoración.

La verdad es que yo podría publicar una lista interminable de agravios comparativos que sufre la enseñanza concertada, supuestamente la gran beneficiaria de las decisiones políticas en materia de educación auspiciadas por el Gobierno de esta comunidad autónoma. Incluso, podría describir situaciones educativas claramente discriminatorias para las familias, los alumnos, los centros y, por supuesto, para los profesores que prestan sus servicios profesionales en los centros de iniciativa social. ¡No lo haré! Revolcarse en el fango no es la manera de limpiarse, decía Huxley en Un Mundo Feliz. Yo veo el vaso medio lleno; usted, medio vacío.

La inmensa mayoría de las quejas a las que alude el secretario de Educación del PSOE de Cantabria no aguantaría el análisis objetivo en clave de igualdad mediante una comparativa entre las realidades de la totalidad de centros sostenidos con fondos públicos. La diferencia de posición que yo sostengo, señor del Val, ante la evidente e histórica tamaña desventaja de la enseñanza concertada con respecto a la escuela pública no merece comentario adicional alguno.

He reaccionado a sus declaraciones, señor del Val, en mi condición de director de un centro privado concertado, en este caso de Formación Profesional, y de presidente de la Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria), para trasladarle mi más rotundo desacuerdo en casi todas sus afirmaciones sobre los males que aquejan al sistema educativo de Cantabria y de las adversidades de la escuela pública, en particular. Usted parte de una premisa exclusivamente economicista para justificar la deficiente calidad educativa que proporcionamos a nuestros ciudadanos. Yo, llegado el caso, plantearía también otras opciones doblemente eficientes, cuando menos igualmente eficaces y sostenibles en el tiempo, a pesar de las limitaciones presupuestarias objetivas.

Ahora, señor secretario de Educación del PSOE toca hacer más con menos o, en su caso, con lo mismo. Y desde luego, ¡cuanto más, mejor!… pero con una misma vara de medir. La calidad educativa no siempre es directamente proporcional a la inversión. En la última década, el gasto educativo en Cantabria y en España ha aumentado muy considerablemente; sin embargo, esa realidad no se ha concretado en un impacto directamente proporcional en la calidad de la educación. Existen otros factores que no me corresponde a mí determinar hoy que usted, por cierto, no menciona.

Además, en mi condición de ciudadano de esta comunidad autónoma, defensor del sistema democrático que nos hemos otorgado todos los españoles, y en virtud de las leyes estatales y autonómicas, aspiro a que los representantes de las fuerzas políticas prediquen con el ejemplo. Sí, usted y aquellos que ostentan una encomienda de un partido político con vocación de gobierno deberían ser un modelo en el que nos pudiéramos fijar los ciudadanos. No es el caso. Su acritud permanente descalificando cualquier decisión del Gobierno -¡Hombre!, algo hará bien, digo yo- y señalando a la enseñanza concertada como causante del déficit real del sistema educativo merece un rechazo sin paliativos.

Esta reflexión complementa otra que centra el foco en la leal colaboración de los partidos de la oposición con el Gobierno para atender al estado de bienestar común del conjunto de los ciudadanos. Las elecciones las ganan o pierden los partidos políticos. Ahora bien, el Gobierno resultante nombrado por el partido ganador tiene la obligación legal y moral de dirigir, administrar y proporcionar los servicios públicos y dar respuestas equitativas para solucionar las necesidades y expectativas de todos los ciudadanos por igual, sin discriminación alguna. Ya está bien de primar solamente a los afines y allegados o a aquellos que ejercen una mayor presión social.

Me gustaría conocer sus propuestas concretas para solucionar los problemas que denuncia y que afectan, según usted, a la escuela pública. Me sentiría feliz por cualquier medida que usted plantee y que repercuta en las familias, alumnos, profesores y comunidad educativa, independientemente de la opción educativa elegida en ejercicio de su libertad para optar por un proyecto educativo u otro; por un centro de la Administración o por otro privado concertado.

No olvide, Señor del Val, que España es un país democrático que, como tal, se rige por las reglas de juego de la democracia. Por ello, toda actuación de cualquier administración pública o de las organizaciones políticas y agentes económicos y sociales debe ser presidida por aquellos principios y valores que esgrimimos como irrenunciables como son, entre otros, la libertad, la justicia, la equidad, la igualdad de oportunidades, la no discriminación,…

En suma, presente usted cualquier crítica que le parezca oportuno a las actuaciones del Gobierno en materia de educación pero no responsabilice a la enseñanza concertada de las eventuales deficiencias de la escuela pública que usted denuncia. Esa realidad que describe, cuando menos, se dibuja aumentada y corregida en los centros de iniciativa social.