El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, ha llamado a las cosas por su nombre, el pasado viernes, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha presentado los datos y cifras más relevantes referentes al inminente curso 2014-2015

Acompañado por la directora general de Personal y Centros Docentes, Mª Luisa Sáez de Ibarra, Miguel Ángel Serna se explayó ante los medios de comunicación tal y como es habitual en él, a través de un lenguaje llano y directo, sin metáforas ni simbolismos, tan infrecuente en los políticos de hoy en día. El consejero se expresó con una claridad meridiana, cosa que yo agradezco y aplaudo, con su acostumbrado tono sereno, cordial y, como diría un castizo, llamando al pan, pan y al vino, vino. Me centraré en esta entrada en los datos más significativos citados por el consejero Serna relacionados con la escolarización en los centros titularidad pública, gestionados directamente por la Administración educativa.

Decía el escritor y periodista británico Eric Arthur Blair, conocido por su seudónimo George Orwell, que «en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario«. No pretendo deificar al consejero de Educación; pero tampoco tengo inconveniente en manifestar mi admiración por el señor Serna, un político que ha dado sobradas muestras de tener palabra de honor y firmeza de convicciones. La frase de Orwell viene como anillo al dedo al referirme al consejero de Educación; tal vez, sin embargo, yo actualizaría hoy la palabra “revolucionario” por “de coraje político”.

Miguel Ángel Serna, consejero de Educación, Cultura y Deporte

Los datos aportados por el señor Serna se refieren a la realidad de los centros de la Administración (públicos), tal y como ha sido recogido por los medios de comunicación. Al hablar de la plantilla de profesores el consejero señaló que los centros de titularidad pública tendrán 6.500 profesores este año académico 2014-2015, 83 más que el curso pasado.

En cuanto al número de escolares, y pendiente de los últimos datos concretos, el señor Serna estima que los centros públicos acogerán unos 62.800 alumnos, una  cifra superior en 800 alumnos, más o menos, con respecto al pasado curso escolar. Las unidades en funcionamiento, según palabras del consejero, ascenderán a 1.852 unidades en Infantil y Primaria y 1.101 grupos en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional.

El bucle de datos y cifras de profesores, alumnos y número de unidades se completa con los detalles proporcionados por el consejero Serna sobre la ratio aproximada de profesores por unidad escolar en cada etapa educativa. Así, en Educación Infantil y Primaria los profesores a tiempo completo por unidad escolar son 1,6; en Formación Profesional, 2,25 y en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 3,15.

Por tanto, y resumiendo, los centros de la Administración (públicos) atenderán a unos 62.800 alumnos, distribuidos en 2.953 unidades por un colectivo de 6.500 profesores a los que apoya, además, un importante número de profesionales docentes y no docentes como son los profesores auxiliares de conversación (nativos) en lengua inglesa, francesa y alemana, además de una dotación específica de psicólogos especialistas en orientación escolar, entre otros.

Me parece especialmente relevante reflexionar seriamente sobre los datos aportados por el consejero de Educación en relación con la enseñanza pública. Disponemos de un servicio educativo público de primer nivel, siempre mejorable, estoy seguro, pero con unas dotaciones en recursos humanos más que satisfactorias. Es difícil comprender y aceptar las permanentes diatribas –“discurso o escrito violento e injurioso contra personas o cosas”, según definición de la RAE– de los partidos opositores al Gobierno y de movimientos agrupados en torno a organizaciones sociales de manifiesta intolerancia y radicalidad.

Parafraseando de nuevo a Orwell, yo acepto que, en aras a la libertad irrenunciable de cada ciudadano, cada cual exprese su discrepancia sobre cualquier actuación de los gobernantes y muestre, con toda la fuerza de la razón democrática, sus legítimas aspiraciones y convicciones, aunque no sean del agrado de quienes las escuchen. Ahora bien, la sociedad en su conjunto, y el Gobierno que le representa, no puede aceptar bajo ningún concepto el chantaje permanente al que algunas organizaciones someten de forma reiterada al Gobierno, en este caso a la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en la persona de su titular.

Voy a concluir esta reflexión sobre la información aportada por el consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria con un par de apuntes de distinto calado. Sé que mis comentarios no me ayudarán a comenzar el curso con más amigos. Sin embargo, me apropio del mismo derecho que asiste a cualquier ciudadano para expresar mis pensamientos en libertad sobre una faceta de interés general cual es la educación en nuestra comunidad autónoma.

En primer lugar, según la OCDE, España destina más dinero por alumno que el resto de países de la UE en relación con el PIB; gastamos más en profesores que la media de los estados miembros de la OCDE; tenemos más profesores por alumno y menos alumnos por clase que la media de los países de Europa y, por ejemplo, los profesores de primaria y secundaria ganan más que la media de la OCDE. Estas consideraciones, obviamente, son perfectamente aplicables a Cantabria.

En segundo lugar, y sin que parezca que acudo al final de este escrito al muro de las lamentaciones, la enseñanza concertada se encuentra claramente discriminada, en cuanto a recursos humanos y materiales educativos se refiere, por la Administración. Aun así, algunos agentes sociales, vinculados a partidos de oposición  política y a organizaciones de un dudoso comportamiento democrático y escasamente respetuoso con la Constitución y las leyes de este país, utilizan el recurso fácil de acusar a la enseñanza concertada de todos los males que afectan al sistema educativo cántabro, como arma arrojadiza para deteriorar la imagen del Gobierno.

Concluyo con unos datos contundentes sobre la aportación de la enseñanza concertada al sistema educativo de Cantabria. Me centraré, exclusivamente, en la ratio de profesores por unidad escolar en vigor, en centros de una línea: en Educación Infantil 1,08; en Primaria 1,21; en ESO, Educación Secundaria Obligatoria 1,28 – en primer ciclo- 1,36 -en segundo ciclo-; en FP Básica 1,32 y 1,56 en primer curso y en segundo curso, respectivamente; en FP de Grado Superior 1,44; en FP de Grado Medio y en Bachillerato 1,56.

Si cruzamos los datos precitados con los correspondientes a los centros de la Administración comprenderemos mejor el desequilibrio existente entre los proveedores de formación no universitaria en el sistema educativo de Cantabria. A mayor abundamiento, recojo un escrito publicado en este periódico digital, CECE Cantabria lamenta el desigual trato que recibe de la Administración educativa, de 19 de abril de 2013 en el que aporto un texto aprobado por la junta directiva de la Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) donde se recopila una serie de normas que excluyen a los centros sostenidos con fondos públicos de titularidad privada y que atentan, consecuentemente, contra el principio de igualdad que merecen todos los escolares de esta comunidad autónoma.

Pero volvamos al comienzo de esta entrada. Reitero mi positivo reconocimiento al consejero de Educación y a la transparencia de los datos que aporta referidos a los centros de los que la Administración es titular. Entiéndase mis comentarios finales como una clara señal, igualmente, de nitidez en los datos referidos a las ratios de profesores por unidad escolar de los centros concertados en cada etapa educativa.

Con esta contraposición de datos, insto al Gobierno de Cantabria a reflexionar sobre la misión de TODOS los centros sostenidos con fondos públicos y a aplicar políticas que permitan ejercer el derecho constitucional que asiste a cada ciudadano para elegir libremente el centro educativo que más se ajuste a su intereses en clave de igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de su titularidad pública o privada concertada y, en el caso de la FP, independientemente de los regímenes y modalidades educativas que unos y otros ofrezcan.