Apoyo a la reforma del sistema educativo español y de Cantabria, sí; defensa del ordenamiento jurídico y de la autoridad legítima del Gobierno para atajar las debilidades del sistema, sí; acogida con espíritu colaborativo a todos los planes y programas que ello conlleva, sí;… mantenimiento de los puestos de trabajo en el sector, ¡también!

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) ha entrado en vigor y con ella se inicia una etapa nueva, repleta de desafíos, con la finalidad principal orientada a la mejora continua del sistema educativo en nuestro país y, por ende, en nuestra región. En reiteraras ocasiones me he posicionado a favor de cuantas reformas sean precisas para atajar los males que aquejan a la Educación en España y en Cantabria. Ello no es cortapisa, sin embargo, para que la transformación que se inicia a partir del próximo setiembre debe evitar cualquier tipo de trauma que atente contra la igualdad de oportunidades entre los centros educativos o la estabilidad en el empleo de los profesionales docentes.

Existen antecedentes históricos muy recientes en Cantabria, coincidentes con la etapa de Gobierno del PSCV y PRC y el actual de PP. A partir del curso 2009-2010, los agentes sociales más representativos de la enseñanza concertada, reunidos en torno a la denominada Mesa de la Concertada, alcanzaron acuerdos beneficiosos tanto para los centros como para el profesorado que presta sus servicios en Formación Profesional (FP). Entre otros aspectos muy valorados por el sector se encuentra el referente al mantenimiento de las plantillas como consecuencia de cualquier tipo de ajuste necesario por la implantación de nuevos títulos al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

Un asunto, relacionado con el tema que hoy nos ocupa, la “habilitación del profesorado ante las exigencias de nuevas titulaciones” fue tratado convenientemente por el Grupo de Formación Profesional de la Mesa de la Concertada. La noticia fue divulgada en mi entrada Apuntes de esta semana, de 26 de julio de 2010, con la denominación Reunión con María Jesús Reimat, Directora General de Formación Profesional. En aquella ocasión, según consta en las actas oficiales de las sesiones de trabajo, quedó despejada la incógnita sobre el mantenimiento de la jornada de los profesores ante eventuales pérdidas de carga lectiva como consecuencia de la entrada en vigor de nuevos planes de estudio.

En ese mismo orden de cosas, los agentes sociales más representativos del sector privado de la educación en Cantabria, al que pertenezco en representación de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria), mantuvieron frecuentes reuniones con la entonces directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Mª Jesús Reimat. En Mi crónica nº 1.25 colgué la noticia de lunes 17 de enero de 2011 Reunión de la Mesa de la Concertada en la que confirmaba el acuerdo del sector con la Consejería que lo expresaba de esta manera: “El tema vital de la reunión giró en torno al mantenimiento del número de unidades y de las plantillas de los centros, incluso en aquellos casos que, por imperativo de crecimiento vegetativo, por la implantación de los nuevos títulos LOE, se produjera algún desajuste en las plantillas de profesores.”

Ni que decir tiene que el tema de mantenimiento de unidades concertadas y de conservación de la jornada lectiva del profesorado que pudiera verse afectado por transformación de programas o ciclos formativos como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) causaba, en aquella época, una buena parte de las preocupaciones de los centros. Decroly digital publicó mi artículo La fuerza de la razón, el día 22 de febrero de 2011 en el que destacaba los temas tratados en la sesión de la Mesa de la Concertada celebrada el 15 de noviembre de 2010, presidida por el director general de Coordinación y de Política Educativa, Ramón Ruiz y en otra posterior, presidida por Mª Jesús Reimat, el 17 de enero de 2011. El acta de aquella primera sesión citada “olvidó” transcribir algunos asuntos de especial relevancia para el tema que hoy nos ocupa. Sin embargo, me sentí satisfecho con una subsanación posterior, en el acta de la reunión de 17 de enero de 2011. Así lo contaba en La fuerza de la razón:

“Este acta no recoge la positiva aceptación generalizada a mis peticiones en la primera intervención, incluida la del propio director general. Sin embargo, fijémonos en mis intervenciones y respuestas de la administración, reflejadas en el acta de la sesión de 17 de enero, presidida por la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Mª Jesús Burgués Reimat, que transcribo literalmente, a continuación:”

“D. Javier Muñiz Bárcena pregunta sobre el impacto que tendrá la implantación de los nuevos ciclos sobre el profesorado, a lo que Dña. Mª Jesús Reimat Burgués responde que se respetará el compromiso de mantener en el centro en labores de apoyo cuando no sea posible reordenar los horarios al profesorado que vea reducida su jornada con motivo de la  implantación de nuevos ciclos.”

Con la llegada del partido Popular al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria se produjo un avance cualitativo en materia de libertad de enseñanza y en reconocimiento de derechos y obligaciones a todos los centros sostenido con fondos públicos. Recuerdo muy bien mi primera reunión con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna Oliveira. Se celebró el miércoles 13 de julio de 2011 y fue recogida la noticia en Mi crónica 1.50 con el título Encuentro con el consejero de Educación, Cultura y Deporte.

El encuentro fue cordial y muy productivo ya que, finalizado el protocolo de saludo y presentación inicial el señor Serna propició una primea sesión de trabajo interesándose por los temas más relevantes que preocupaban al sector en aquella ocasión. Yo intuía, antes del encuentro, que podría tener la oportunidad de adelantar al Consejero las reivindicaciones más clamorosas del sector y me lleve “la lección bien aprendida”. Destaco tres peticiones, una de carácter general y otras dos relacionadas con el tema que hoy nos ocupa:

• igualdad de trato en la aplicación de la normativa educativa, para la red de centros sostenida con fondos públicos;
• posibilitar el crecimiento vegetativo de unidades de formación profesional en la sustitución de los ciclos existentes por otros nuevos, en aplicación de la LOE;
• mantener en el centro, en labores de apoyo, al profesorado que vea reducida su jornada, cuando no sea posible reordenar sus horarios al implantar los nuevos ciclos formativos de FP.

Debo reiterar en esta ocasión mi percepción de perplejidad del Consejero que constaté a través de sus reacciones positivas a mis reivindicaciones. También, es de justicia reconocer, después de estos dos años y pico en los que ha dirigido la Consejería de Educación, Cultura y Deporte el señor Serna, que aquellas provechosas apreciaciones del primer encuentro se han traducido paulatinamente en políticas educativas coherentes con una filosofía educativa compartida. Asimismo, nuestra lealtad y colaboración institucional se han visto implementadas con multitud de actuaciones cuyas evidencias no demandan aclaración alguna.

A mayor abundamiento, y ya voy concluyendo, en Mi crónica nº 1.65 incluí la entrada Mesa de la Enseñanza Concertada, de jueves 26 de enero de 2013. Allí, en una sesión que estuvo presidida por la directora general de Personal y Centros Docentes, Mª Luisa Sáez de Ibarra, acompañada por el director general de Ordenación e Innovación Educativa, José Luis Blanco y el jefe de servicio de centros, Alejandro Gállego, se planteó el denominado “crecimiento vegetativo” en los niveles de formación profesional como algo natural y consolidado en los centros concertados, de igual manera que sucede en aquellos otros de la Administración educativa.

Con este escenario nos encontramos en los prolegómenos del año 2014, un período que brinda oportunidades de cambio para reorientar las debilidades del sistema educativo hacia derroteros que faciliten una mejora sostenible de la calidad educativa que tienda a la excelencia. La reciente aprobación y entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE) establece que los actuales programas de cualificación profesional inicial (PCPI) serán sustituidos a partir de setiembre por los ciclos formativos de Formación Profesional (FP) Básica.

En La Formación Profesional Básica en la LOMCE (II), publicado el pasado 20 diciembre hago una referencia exhaustiva a los 14 títulos que inicialmente se pondrán en marcha el próximo mes de setiembre. Hoy toca considerar que este cambio exigirá adaptaciones importantes, tanto en el centro como en el profesorado. Los actuales PCPI de un año se sustituyen por programas de FP Básica de dos años. ¿Qué ciclos de FP Básica serán autorizados a Decroly? ¿Cómo encaja el profesorado actual en esos ciclos? Estas incógnitas deberán ser despejadas en las próximas semanas y para ello será preciso entablar un diálogo constructivo y cooperativo en el que todos los actores salgan ganando, en beneficio del sistema educativo de Cantabria.

Existe una tradición colaborativa de los representantes de los centros de iniciativa social con las distintas administraciones educativas, independientemente de su color político. Decroly es un buen ejemplo que lo evidencia. Ese buen entendimiento ha proporcionado paz social e innegables beneficios para el sistema educativo de Cantabria desde que se estableciera la Mesa de Concertada como vehículo para la participación en el sistema y en las negociaciones de los asuntos específicos en materia laboral del profesorado y de derechos y obligaciones de la entidad titular de los centros. De cara a la inmediata aplicación de la LOMCE en el curso 2014-2015 la enseñanza privada concertada y Decroly, por supuesto, brindan su participación colaborativa a la Administración educativa para contribuir al desarrollo educativo, social y económico de nuestra Cantabria.