Martes, 29 de octubre

La senadora González García enciende la alarma en los centros específicos de Formación Profesional (FP) al afirmar que el Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa no incluye explícitamente a estos centros como proveedores del nuevo nivel educativo de Formación Profesional Básica que sustituye a los programas de cualificación profesional inicial (PCPI)

La conferencia inaugural del 41º Congreso Nacional de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), celebrado en Pamplona entre los días 24 y 26 de este mes de octubre bajo el lema “Abriendo caminos hacia una encrucijada educativa”, fue dictada por Ana Mª González García, Secretaria de la comisión de Educación en el Senado. Su disertación giró en torno al carácter técnico de la LOMCE en una ponencia titulada “La LOMCE: Un nuevo marco para la financiación y la libertad de elección”. Aprovechó la oportunidad que la brindaba CECE para desmitificar, por un lado, y rechazar, por otro, el carácter político de la nueva ley.

La intervención de la senadora González García ante el plenario de congresistas, entre los que me encontraba junto a dos ilustres personalidades de nuestra comunidad autónoma: Pedro Luis Gutiérrez, director del Colegio Antares de Reinosa, secretario de la Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) y diputado autonómico en la Asamblea Regional de Cantabria y Francisco Acero, secretario General de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria aportó datos muy interesantes sobre el proceso de gestación de la LOMCE, Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa, y de su justificación reformadora –que no sustitutiva- de la legislación básica que regula el sistema educativo actual en España.

En otra próxima ocasión me explayaré sobre el contenido, desarrollo y conclusiones de este del 41º Congreso Nacional de CECE. Hoy, no obstante, voy a referirme a un dato que me dejó un tanto perplejo y sorprendido durante la precitada conferencia inaugural. La senadora González García, al referirse al nuevo ciclo de formación profesional (FP) básica que regula la LOMCE, en sustitución de los programas de cualificación profesional inicial (PCPI), afirmó que este nivel educativo se impartiría en los centros de secundaria.

Al finalizar su disertación, durante el coloquio posterior, hice uso de la palabra para solicitar a la ponente una aclaración sobre el papel de los centros específicos de formación profesional inicial, cual es el caso de Decroly, a la hora de transformar las unidades de PCPI en ciclos formativos de FP básica. Mi sorpresa fue mayúscula cuando me contestó que esa opción no estaba contemplada en la nueva ley explícitamente y que serán las comunidades autónomas quienes determinen en que centros se impartirán estas enseñanzas.

Ni que decir tiene que su respuesta causó  alarma y un cierto revuelo no reprimido entre los directores de centros específicos de FP presentes en el auditorio. En un segundo turno de réplica solicité encarecidamente a la senadora considerar mi propuesta de presentar la pertinente enmienda en el Senado para incluir en la ley expresamente a los centros específicos de FP como proveedores de este nivel educativo, sin perjuicio de que también puedan impartirse estas enseñanzas en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

El sábado 26 tuve la oportunidad de conversar unos minutos con representantes de las consejerías de las nueve comunidades autónomas acreditadas en el Congreso para intervenir en la Mesa Redonda ”Financiación y Libertad de elección”, a quienes solicité que me adelantaran su posición respecto a la implantación de la FP básica en los centros de secundaria y/o específicos de FP. Asimismo, durante el descanso que siguió a la primera parte de la Mesa Redonda, manifesté mi inquietud al moderador, Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica, quien me indicó su intención de formular esa preocupación a los representantes de la las distintas administraciones educativas allí presentes.

El señor Belloso, tal y como me comentó en el intermedio, planteó la cuestión y me dio la palabra para concretar la preocupación que me embarga, igual que al colectivo de centros específicos de FP, ante el nuevo escenario que podría introducir la LOMCE en los centros de secundaria y en aquellos otros específicos de FP. Tengo que reconocer que los representantes de las comunidades autónomas entre los que se encontraban consejeros, viceconsejeros, secretarios generales y directores generales carecen de un criterio claro sobre el papel de los centros específicos de FP, remitiéndose a la aprobación definitiva de la LOMCE y a su posterior desarrollo por las comunidades autónomas.

El texto del último borrador del Proyecto de Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa remitido por el Congreso de los Diputados al Senado el pasado 14 de octubre, publicado por el Boletín Oficial de las Cortes Generales ese mismo día, recoge todo lo referido a la preocupación que me invade en relación con el papel de los centros específicos de FP a la hora de impartir ese nivel educativo. En todo caso, las autoridades de la comunidades autónomas intervinientes en el 41º Congreso Nacional de la CECE eran conscientes de la problemática que se suscita con la provisión de la FP Básica e informaron de la presentación de una enmienda para evitar futuras sorpresas en este cometido a la hora de aplicar la LOMCE.

Dado que el plazo para la presentación de enmiendas y propuestas finalizó el viernes último, día 25 de octubre, solo resta cruzar los dedos y confiar en la sensibilidad de senadores y, posteriormente, de diputados cuando regrese el Proyecto de Ley al Congreso de los Diputados.

Concluyo este post con una interrogación muy importante: ¿quién tiene que “impartir obligatoriamente” la FP Básica? Si son los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) exclusivamente se les puede crear problemas de instalaciones, ratios, etc. en virtud de que se trate de centros pequeños -una línea- o grandes  -de dos o más líneas-, con el problema añadido que se causa a los centros específicos de FP que imparten actualmente los PCPI y a las entidades no propiamente educativas (Ayuntamientos, ONGs…) que imparten PCPI actualmente y que dejarían de hacerlo a partir de la entrada en vigor de la ley el próximo curso.

¿Podrán ofertar los estudios de FP básica los centros específicos de FP que imparten ahora los PCPI? La mayoría de estos centros de FP no tiene autorizada la ESO, por lo tanto no podrían proveer esa FP Básica, si no recogiera la normativa esa posibilidad. En ese caso, ¿Qué ocurrirá con los profesores que sobren de ambos lados?, ¿En qué se reconvertirán las actuales unidades de PCPI?

Lo más sensato, en mi opinión es eliminar el concepto “secundaria obligatoria” y sustituirlo por sólo el de “secundaria”. Ello permitirá la flexibilidad necesaria para que la FP Básica se imparta en centros de secundaria y específicos de FP indistintamente, en función de las circunstancias que concurran en cada comunidad autónoma.