Con LOMCE o sin ella; con consenso o sin él; con este Gobierno o con cualquier otro que pueda dirigir los designios de España y los de Cantabria hemos de realizar un extraordinario esfuerzo para atraer al sistema educativo a quienes lo abandonaron prematuramente para facilitarles una formación profesional de calidad, acorde con las demandas presentes y futuras de la economía global
El desproporcionado índice de abandono escolar temprano, incentivado sustancialmente por el desmedido crecimiento del sector de la construcción en España
en los primeros años de este siglo XXI, sustituyó el pan de entonces –empleo fácil y muy bien remunerado– por la miseria de hoy, –desempleo de personas con nula o escasa cualificación– fruto del estallido de aquella burbuja inmobiliaria desenfrenada que obnubiló a los jóvenes de entonces que hoy se encuentran en una horquilla entre los 20 y 30 años.
La crisis económica –acepción que tardaron en asumir los sucesivos Gobiernos de España durante su período de gestación entre los años 2004 y 2007 y de expansión, como si de un virus se tratara, en el período 2008-2011- invade la vida personal y social de las personas de forma generalizada. Ahora toca corregir los errores cometidos y encontrar salidas que favorezcan el crecimiento, la competitividad y el empleo.
Vivimos en un momento histórico en el que la sociedad exige a sus dirigentes políticos y a los agentes económicos y sociales recuperar el espíritu del pueblo de Fuenteovejuna que tan brillantemente describiera Lope de Vega en una de sus clásicas obras literarias. Yo no arrojo la toalla. Recuerdo mi post La fantasía de un sueño hecho realidad de 02 agosto de 2010, en donde reflexionaba sobre el coraje de los españoles ante la adversidad. Lamentablemente, mis deseos de entonces se quedaron en el limbo de las ilusiones gracias a la escasa altura de miras de nuestra clase política, principalmente.
La realidad de las cosas muestra su cara más tozuda. Aún así, es preciso mantener la esperanza y alimentar los sueños de que algún día los hombres y mujeres de este país seremos capaces de aparcar rencillas, intereses particulares y partidistas para favorecer el bien común. Hoy la sociedad debe afrontar un reto inaplazable sobre el que existe unanimidad absoluta: la empleabilidad de los jóvenes. Se trata de un objetivo prioritario irrenunciable por el que debemos trabajar todos unidos. Para ello, el sistema educativo necesita estabilidad prolongada. La sociedad española demanda un pacto de Estado por la educación que garantice la viabilidad y la calidad del servicio de interés general que representa la educación y la formación profesional.
No seré yo, sin embargo, quien se niegue al cambio como instrumento de mejora continua y de tránsito hacia la excelencia. Pero la sociedad demanda a los Gobiernos y a los partidos políticos que les respaldan un esfuerzo de consenso –que se me antoja muy difícil, tal y como observamos indefensamente los ciudadanos cada día- para definir un modelo educativo que permanezca en el tiempo durante décadas. Dejemos a los Gobiernos de turno la misión de realizar los retoques necesarios –vía consenso con el resto de fuerzas políticas- de las áreas de mejora que en cada momento histórico proceda.
La Constitución Española de 1978 se fraguó gracias a una decidida apuesta de las fuerzas políticas de la época por el necesario consenso. Sin embargo, lamentablemente, quedaron algunos temas – la educación, entre ellos-suficientemente abiertos para que los sucesivos Gobiernos, sustentados por unos u otros partidos políticos, estropearan aquel logro con desarrollos legislativos carentes del más elemental pacto que permitieran su sostenibilidad, alejados de los avatares ideológicos cotidianos.
La estabilidad del sistema educativo ha sido una quimera, fruto de las “peleas callejeras” de las fuerzas políticas mayoritarias de ámbito estatal, propiciada, frecuentemente, por otras de ámbito autonómico con el punto de mira en sus propios intereses partidistas o localistas. Sin embargo, no sería justo negar algunos avances cualitativos logrados por todas las leyes dictadas por los Gobiernos democráticos, en materia de FP. Eso sí, a excepción de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), paralizada por el Ejecutivo del presidente Zapatero una vez alcanzado el poder en 2004.
La Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), por ejemplo, concibió la FP como un sistema educativo asentado en competencias, al más puro estilo anglosajón ya constatado en aquella época. Incorporó, asimismo, un modulo OBLIGATORIO –Formación en Centros de Trabajo (FCT)- en todos los ciclos formativos de grado medio y superior, con una duración en torno a TRES meses, haciendo prácticas profesionales en un ambiente de trabajo real. En cierto modo, ese modelo que hoy perdura, conceptualmente hablando, puede considerarse muy próximo al emergente formato de FP dual. Si bien, se trata de un módulo de FCT prácticamente de similar duración en todos los ciclos formativos carente a día de hoy, por cierto, del incentivo económico que predica la FP dual.
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP) se materializó, sorprendentemente, con un elevado grado de consenso. Quizá ello fue posible a la indisimulada presión que se ejercía a nuestro país desde las instituciones europeas. De hecho, esa normativa ha sufrido muy pocas variaciones, lo mismo que el sistema de FP en su conjunto.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), gestada por el Gobierno socialista de la época que paralizó la LOCE, nació muerta, a causa del disenso visceral entre los partidos mayoritarios –lo mismo que hoy ocurre con la LOMCE-. Ahora bien, yo atribuyo un importante valor a esta Ley en materia de FP. En su Artículo 3 Las enseñanzas, apartado 5, dice que la formación profesional de grado superior, junto con las enseñanzas universitarias y otras, configuran la educación superior. Esa decisión ha marcado un antes y un después en la consideración y prestigio social de este nivel educativo.
Como es público y notorio, la educación es uno de los campos de batalla donde se libra la guerra por alcanzar el poder, el Gobierno de España y, también, en la parte alícuota correspondiente, el de las comunidades autónomas. No obstante, la FP solo conlleva “escaramuzas” y por ello el margen de maniobra es mayor.
La oposición política, con respecto a los aspectos normativos de la LOMCE en materia de FP, ataca al Gobierno en asuntos menores tales como su percepción sobre la oportunidad de establecer el ciclo de Formación Profesional Básica, a partir de 3er curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En esta ocasión, me alineo con la tesis del Gobierno porque nadie ha puesto encima de la mesa una propuesta alternativa que resuelva la enquistada evidencia sobre el abandono temprano del sistema educativo por los adolescentes y el fracaso escolar, que alcanzan índices absolutamente alarmantes.
La empleabilidad de los jóvenes se encuentra en todas las estrategias europeas y españolas como objetivo prioritario en los próximos años. En Cantabria, también. Existen innumerables factores que inciden positivamente o, por contrario, negativamente en la creación de empleo. Entre los positivos, no me cabe la menor duda que destaca uno: la formación y cualificación profesional. Si, una formación de calidad en competencias y realizaciones profesionales que conjugue aprendizaje y desarrollo personal, social y profesional de las personas con la demanda de los distintos sectores productivos para afrontar las exigencias del mercado laboral y de una realidad socioeconómica de extrema complejidad.
Las sociedades más avanzadas, aquellas en las que el empleo juvenil se encuentra atascado en índices de una sola cifra, han apostado por una formación profesional en la que participe muy activamente con recursos humanos y económicos el colectivo empresarial. Es el caso de Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda, Austria,… En España, salvo honrosas excepciones, no se han propiciado esas colaboraciones Administración – centro educativo – empresa con determinación hasta épocas bien recientes. Ahora toca “ir de prisa”, para acercarnos a un modelo que ha proporcionado resultados satisfactorios en materia de empleo allende nuestras fronteras. Pero, ¡ojo! Evitemos los atajos por caminos tenebrosos. Construyamos una ruta sólida que facilite un proceso “a la española”. ¡Propiciemos un modelo propio en Cantabria que contemple nuestra idiosincrasia y el hecho singular de nuestro tejido productivo! Copiar y pegar es plagio y… ¡eso no está bien visto ni añade valor!
En mi opinión, los españoles y los cántabros disponemos de las herramientas necesarias para hacer el camino al andar. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”, decía Antonio Machado. El mensaje de estos versos maravillosos ha marcado la vida de las personas de mi generación. ¿Por qué no interiorizarlo hoy, también, para su aplicación en el tema que nos ocupa, la creación de empleo auspiciado por una formación y cualificación profesional de alto nivel de calidad? La senda ya existe en forma de leyes, decretos y órdenes. Ahora, las comunidades educativas, la Administración y las empresas han de dar pasos en la dirección correcta. Y lo estamos haciendo.
Centrémonos en esta Cantabria nuestra. El Gobierno actual ha desarrollado una política educativa muy realista y apropiada en materia de Formación Profesional Inicial.
Así, hoy en día, todos los cántabros podemos beneficiarnos de un modelo que permite actuaciones “a la carta” para atender nuestras más insólitas circunstancias personales. Los regímenes presencial y a distancia y las modalidades completa, parcial, modular y por unidades formativas, -todo ello implementado con un nuevo formato de FP dual– propician una realidad para que cada persona encuentre la horma de su zapato. He aquí nuestras fortalezas.
Ahora bien, ¿Dónde se encuentran las debilidades del sistema? Bajo mi punto de vista es preciso impulsar acciones diversas, desde todos los frentes posibles, que consoliden una cultura y responsabilidad social corporativa de las empresas que incluya su compromiso para participar activamente en la formación profesional inicial de los ciudadanos y, también de forma más específica, en la de sus empleados a lo largo de su vida profesional activa.
Los centros educativos han de favorecer tendencias creativas e innovadoras que contribuyan a la formación, cualificación y profesionalización de los ciudadanos de este siglo XXI. Los equipos directivos y los profesionales docentes deben acometer proyectos educativos que giren en torno a las demandas y expectativas de cada alumno. Asimismo, los establecimientos docentes han de poner el foco en aquellos valores tradicionales que conciliados con otros emergentes configuran al ser humano de esta histórica generación.
La Administración tiene que despojarse de su tradicional mochila ideológica para liderar la salida a una crisis que no conoce parangón en la reciente historia de España. La Administración ha de generar ilusión y esperanza en los ciudadanos; marcar y orientar la ruta a seguir por los agentes económicos y sociales e invertir en las personas para generar optimismo, estimular el talento creativo y emprendedor; facilitar la creación de empleo y de riqueza. Para ello, aunque nunca gusta citar este escabroso asunto, es preciso dinero.
Permítaseme una licencia en forma de propuesta al Gobierno de Cantabria para terminar esta entrada. Pido al Gobierno ser un referente para la ciudadanía que aporte equidad y equilibrio. En este caso, liberen una partida económica, SIMBÓLICA si fuera el caso, para animar a los “desertores” del sistema a regresar a las aulas de formación profesional e incentivar a todos aquellos que eligen esta opción educativa.
Aporte la Administración una partida económica ¿UN EURO? por hora de prácticas que desarrollen los alumnos de FP Inicial en las empresas, en todos los regímenes y modalidades. Si así fuera, las empresas serían menos reacias a aportar becas salario en exclusiva. El aliciente económico ejercería un contundente efecto llamada hacia la FP. No en vano, más formación es mejor para la empresa y para los trabajadores. La formación es el pilar básico de la empleabilidad. Mejorando la FP reforzaremos la solidez de las bases que sustenten un posterior empleo.
Europa, España y Cantabria se vuelcan con el empleo juvenil a través de todo tipo de planes y estrategias. Pero las apuestas no son gratis. Nosotros ya tenemos algunos instrumentos como el Real Decreto 1592/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional (FP) dual puede servir de base jurídica para ello. Su Artículo 33, Becas dice: los alumnos podrán estar becados por las empresas, instituciones, fundaciones, etc., y/o por las Administraciones, en la forma que se determine para cada proyecto.
Además, la Orden de desarrollo futura que regulará la FP dual en Cantabria, también recoge esa posibilidad. En fin, concluyo con otra reflexión: ¿Por qué no extender esa ayuda de ¿UN EURO? a las empresas que contraten a titulados universitarios o de formación profesional de grado medio y/o superior, menores de 26 años, bajo el formato de un contrato de prácticas no laborales, previstas en el Real Decreto 1543/2011, de 31 de octubre por el que se regulan las prácticas no laborales en empresas?
¡Que así sea!
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