Una vez más la clase política nos “regala” una muestra de sus “demostrados” valores en cultura democrática, respeto institucional, capacidad de diálogo, espíritu colaborativo y otras lindezas que me ahorro, coincidiendo con la defensa del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ante el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado martes 16 de julio

El lamentable espectáculo – incidente que pudimos seguir en directo en las pantallas de la televisión nos lo habríamos ahorrado todos los españoles –y la comunidad internacional- si hubiera imperado en la clase política el más elemental respeto al Parlamento, al  dialogo representativo y, en suma, a todos los ciudadanos, independientemente de su adscripción partidista. El desagradable suceso adquiere un mayor protagonismo al producirse en un momento en el que debían debatirse las once enmiendas a la totalidad presentadas contra la LOMCE por la oposición parlamentaria. Si, si, los diputados estaban allí –en esta ocasión en la sede del Senado por encontrarse en obras las instalaciones del Congreso- para hablar de ¡educación! ¡Qué fuerte!

Me permito escribir estas líneas desde el respeto que me merecen todas las instituciones y todas las personas que las representan, incluidas aquellas que hoy llaman mi atención por su desafortunado comportamiento. El hecho de que los acontecimientos se produjeran en un momento en el que debía debatirse sobre la futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) me ha animado a recordar a todos los señores diputados que su actuación pública, en sede parlamentaria, en este caso, ha de ser ejemplarizante para todos los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes.  ¿Qué puedo decir a mi hijo de doce años –y a los estudiantes de Decroly- ante semejante conducta de aquellos que legislan para que mejore la educación en España? ¡No tengo palabras para justificar su inaceptable manera de proceder!

Todo empezó, según lo que he apreciado en la televisión, y que ha sido recogido posteriormente por otros medios, durante la primera réplica del ministro Wert quien, entre otras cosas, se preguntó en voz alta: «¿Debo entender, señorías, que el ejercicio de ignorancia palmaria sobre el contenido de la ley que han exhibido la mayor parte de los oradores obedece a pereza mental y falta de deseo?» A partir de aquí se originó un alboroto entre los diputados de la oposición que obligó al  presidente y la vicepresidenta del Congreso, Jesús Posada y Celia Villalobos, a llamar la atención. «Demuestren el nivel de educación que tienen«;  «escuchen incluso lo que no comparten, que no es malo«, espetaba Celia Villalobos. 

En fin, no era mi intención hablar de la LOMCE en esta entrada, sino de la “buena educación” de nuestros parlamentarios. Sin embargo, voy a dejar el relato vergonzante que he presenciado en vivo y en directo a través de la televisión para centrarme en alguna de las  novedades plasmadas en la futura ley que afectan a quienes trabajamos en el sector de la educación y a la sociedad en su conjunto.

La LOMCE es una Ley reformista. Cambia 57 artículos de los 157 que consta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) en vigor. Además, añade 8 nuevos. Si hacemos memoria histórica, eso no ocurrió en 2004, cuando una de primeras medidas del Gobierno socialista que ganó las elecciones fue la derogación de la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE). ¡Dialogo y consenso, a tope! Si no fuera por la gravedad de la situación podríamos tomarlo a broma. 

La LOMCE establece como objetivos prioritarios aumentar la calidad de la enseñanza, disminuir la tasa de abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes. En eso estamos todos de acuerdo. La situación actual en los tres ámbitos citados es lo suficientemente preocupante como para instar cambios que conduzcan a un fortalecimiento positivo de los resultados.

Es de justicia afirmar, sin embargo, que Cantabria ha dado pasos muy significativos en pos de esos objetivos, siempre presentes en el proyecto educativo de la mayoría de los centros escolares. Por lo que a Decroly respecta defendemos un cambio de política educativa cuyos principios básicos se centren en la figura del alumno, verdadero protagonista de la educación; en la igualdad de trato, de derechos y deberes, independientemente del centro en que estudie. Creemos en la libertad de elección del centro por parte de las familias y de los alumnos y en la autonomía pedagógica del profesorado, primer elemento de calidad y excelencia en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y, por supuesto, Decroly se posiciona a favor de la eficiencia en el gasto público sin ceder un palmo a la necesaria eficacia del servicio educativo. 

No toca hablar de las fortalezas del sistema educativo sino de sus debilidades y de la forma de corregirlas. Existen multitud de informes internacionales solventes que diagnostican y proponen, a su vez, soluciones. A título de ejemplo, con la LOMCE es preciso atajar el fracaso escolar, que se encuentra en cifras inaceptables; el abandono temprano del sistema educativo sin acreditación académica alguna, que supera el 25% de la población estudiantil; el desajuste en la proporción de la población universitaria y la de formación profesional; el aprendizaje de idiomas que ha sido, tradicionalmente, nuestra espada de Damocles; el bajo índice de titulados de FP que se sitúa 13 puntos por debajo de la media de países de la OCDE;…

Esta es la realidad. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de estas debilidades? Existe una tendencia a simplificar la problemática “echando la culpa” a la inversión o al gasto corriente, los ajustes, los recortes,… en educación, especialmente por los agentes sociales que representan los intereses de aquellos que absorben el mayor presupuesto con la menor eficiencia cuales son los centros de la Administración. Sin embargo, ¡ese no es el problema! España destina un 15% más que la media de los países de la OCDE en gasto público al año por cada alumno, según datos publicados por Panorama de la Educación 2013.  

Entonces, ¿dónde se encuentra el origen de estos problemas? ¿Quizá en el alumnado o, tal vez, en sus padres–tutores; en el profesorado; en nuestras leyes educativas que  no propician el esfuerzo, ni la excelencia, ni la autonomía pedagógica, ni la libertad de enseñanza; en el entorno socio cultural en el que se mueven nuestros jóvenes (medios de comunicación, aspectos lúdicos de ocio y tiempo libre, facilidad en el acceso al alcohol y otras sustancias,) que dista mucho de ser educativo? 

Yo creo que las leyes educativas inciden sustancialmente en los resultados. Por ello, sin entrar a valorar la necesidad de un consenso reclamado a voces por toda la sociedad en materia de educación, me decanto a favor de aquellos aspectos de la LOMCE que ponen el acento en lo sustancial que no es otra cosa que la excelencia en la formación integral de los ciudadanos. Recuperar valores como la exigencia, el esfuerzo y la responsabilidad; potenciar la cultura de la evaluación y propiciar acciones de mejora redundará en beneficio del sistema educativo.

Concluyo esta entrada, un tanto ecléctica, para centrarme en aspectos que afectan a Decroly. Un instrumento que proporciona la Ley es la reforma de la Formación Profesional. En concreto, el cambio más relevante se refiere a la nueva FP Básica que sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Su duración será de dos cursos y los estudiantes podrán acceder a partir de los 15 años, tras acabar tercero de la ESO (excepcionalmente, al finalizar segundo). La diferencia con los PCPI es que van a ser dos cursos obligatorios y que, una vez finalizados satisfactoriamente estos estudios los alumnos podrán pasar directamente a un Ciclo Formativo de Grado Medio (CFGM).

También veríamos con buenos ojos que se regulara el acceso a un Ciclo formativo de Grado Superior (CFGS) a través de un sistema que incluya pruebas realizadas en el propio centro. Y respecto a la FP Dual, entiendo que debe profundizar más la futura ley concretando algunos aspectos esenciales como la concesión o no de becas salario por parte de la Administración educativa para evitar discriminaciones en los alumnos con respecto a aquellos otros que se incorporan al sistema a través de lo establecido en el  Real Decreto 1592/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual.

Yo soy una persona optimista y jamás pierdo la esperanza. Ayer, en el bar de mi pueblo, Marleni me preparó un café muy sabroso, como todos los días. Marleni   irradia profesionalidad y simpatía acompañadas de una sonrisa que le proporciona una fuerza vital contagiosa. En su camiseta había una inscripción en inglés: believe in the beauty of your dreams. Me preguntó que significaba y se la traduje. Cuando llegué a casa comprobé que ese texto estaba basado en una frase The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams – El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños– de Eleanor Roosvelt, 1884-1962, defensora de los derechos sociales, diplomática y escritora estadounidense, esposa del presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt.

Trabajemos en el presente y proyectemos los resultados hacia el futuro. Reflexionemos sobre la frase de Eleanor Roosevelt que para mi representa una importante fuente de inspiración.