Por Fco. Javier Muñiz Bárcena, presidente de CECE Cantabria

La junta directiva de la Asociación Regional de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) aprobó un texto en el que recopila una serie de normas que excluyen a los centros sostenidos con fondos públicos de titularidad privada y que atentan, consecuentemente, contra el principio de igualdad que merecen todos los escolares de Cantabria

Además, la Junta Directiva de CECE Cantabria sancionó dar traslado de ese documento al consejero de Educación, Cultura y Deporte para su conocimiento y consideración en aras de rectificar las políticas educativas que discriminan claramente a los centros concertados con respecto a sus homónimos de titularidad pública y a las familias y alumnos que eligen esos centros.

El documento titulado “Un proceso de escolarización en igualdad” enuncia un amplio abanico de actuaciones en las que la Administración educativa no concede el mismo trato a todos los Centros sostenidos con fondos públicos. A los centros de iniciativa social no se les ha permitido ofrecer a sus alumnos programas y proyectos innovadores, “en materias que no dependen de su organización ni de su titularidad, sino de los fondos necesarios para hacer posible esta igualdad y, esta injusta desigualdad de trato, ha situado a unos centros y a otros en una posición distinta, a pesar de tratarse de una educación básica, obligatoria y gratuita…”

La realidad es que los padres pueden elegir libremente el centro que mejor se ajusta a sus demandas y expectativas para educar a sus hijos. Sin embargo, esa elección queda condicionada, en un significativo número de casos, por los servicios que ofrecen los centros que dependen exclusivamente de las dotaciones económicas de la Administración educativa. Veamos algunos casos flagrantes a los que alude el documento aprobado por la junta directiva de CECE Cantabria que condicionan, por otra parte, el pluralismo educativo.

Ayudas para el comedor. Si una familia con problemas socioeconómicos busca un colegio que le pueda ofrecer una ayuda para el comedor de su hijo o hija, no podrá matricularlo en un Centro Concertado, pues la Orden sobre comedores escolares solo contempla esa posibilidad si está matriculado en un  centro público.

Centros bilingües. Si una familia quiere que su hijo acuda a un centro bilingüe oficialmente reconocido por la Consejería de Educación para E. Infantil o Primaria, verá que podrá hacerlo en numerosos centros Públicos y solo en un máximo de cuatro centros Concertados que  se autorizaron por primera vez el año pasado.

Inmersión lingüística. Si una familia quiere que su hijo o hija acuda a un centro que tenga implantado un Plan Oficial de Inmersión Lingüística en lengua inglesa, tampoco podrá hacerlo nada más que en uno de los Centros Públicos seleccionados por la Consejería de Educación, pues ni tan siquiera existe convocatoria para los centros concertados.

Auxiliares de conversación en inglés. Si una familia busca para su hijo o hija un Colegio que disponga de un Auxiliar de Conversación en inglés, una vez más deberá ir a un Centro Público, pues tampoco existe convocatoria ni dotación alguna para los Centros Concertados.

Plan de refuerzo educativo. Si lo que necesita para su hijo o hija es un Plan de Refuerzo Educativo complementario, lo podrá recibir gratuitamente solo en un centro público, pues la Consejería ni se lo plantea para los alumnos de los centros concertados.

Orientación educativa. Si la familia tiene interés en que su hijo o hija acuda a un centro que disponga permanentemente de un profesional que se encargue de su orientación educativa, tendrá que acudir a un centro público pues en los centros concertados solo podrá recibir una orientación puntual y externa que se limita a la realización de evaluaciones psicopedagógicas.

Escuela 2.0. Si la familia, después de leer en la web de Educantabria, que existen unas condiciones de distribución de las dotaciones del Proyecto Escuela 2.0, y pregunta por ellas, verá que a los alumnos y alumnas de los centros concertados no ha llegado ni tan siquiera un ordenador.

Si repasamos los diferentes planes y Programas que tiene operativos la Consejería de Educación encontraremos otros –Plan Educa3, por ejemplo, para financiar plazas públicas del Primer Ciclo de Educación Infantil- que se circunscriben exclusivamente a los centros de titularidad pública.

Ante esta situación que se viene repitiendo desde hace muchos años, dice el texto aprobado, todos los centros concertados, hemos implantado propuestas alternativas de gran calidad sobre aspectos que consideramos fundamentales como la potenciación y conocimiento del Idioma Inglés,  la implantación de las nuevas tecnologías o la atención personalizada a la situación de cada alumno y alumna. A veces lo hemos podido hacer con nuestros propios recursos y otras con los de nuestras familias, pero no por ello, en ningún caso, debemos renunciar a los derechos que tienen el alumnado que eligió nuestros centros a recibir el mismo trato por parte de la Administración.

Todas estas injusticias y discriminaciones hacia las familias que escogen para sus hijos e hijas un centro de iniciativa social van en contra del derecho subjetivo fundamental de los ciudadanos de recibir un trato igual y que obliga a los poderes públicos a respetarlo salvo que exista una suficiente justificación de tal diferencia, fundada y razonable, de acuerdo con unos juicios de valor, que en estos casos no existen.

En el año 2009, El tribunal Superior de Justicia de Andalucía dictó una sentencia clara y contundente declarando nulos por discriminatorios y atentar contra el principio de igualdad al derecho a la educación, la mayoría de los artículos de un Decreto y diferentes Órdenes relativas a educación que aprobó la Junta de Andalucía. Posteriormente el Tribunal Supremo, el 2 de diciembre de 2010 ratificó la sentencia.

En Cantabria no será necesario acudir a esas instancias para defender nuestros derechos pero  llevamos años pidiendo que se respete a los centros concertados y a las familias que han elegido estos centros, de acuerdo con sus creencias y convicciones, por encima de cualquier ideología. Reclamamos que la Administración ejerza su papel de garante, promotor y protector último del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, facilitando a todos los centros los medios para ejercerla y creando las mismas condiciones idóneas para su desarrollo.