Sostenibilidad y calidad de la enseñanza

Me llama la atención en positivo una decisión del Parlamento vasco que reclama al Gobierno de esa comunidad autónoma mejorar sus ayudas a la enseñanza concertada

 

Poco a poco se vislumbran voces a favor de la sostenibilidad del sistema educativo contando con toda la red de centros sostenidos con fondos1-fjm-150x150 públicos, en la que los centros concertados representan un porcentaje muy significativo en la mayoría de las comunidades autónomas españolas. En esta ocasión, los parlamentarios vascos, a excepción de los representantes del Partido Socialista de Euskadi (PSE), han aprobado una iniciativa que obliga al Gobierno a designar una ponencia para que, en el plazo de un mes, determine aquellos indicadores que faciliten un examen imparcial y cristalino del sistema educativo vasco.

 

El objetivo que se pretende con la creación de ese foro consiste en alcanzar un amplio acuerdo para garantizar la sostenibilidad y calidad del sistema educativo mediante la financiación adecuada de todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin discriminación alguna por razón de titularidad. Al mismo tiempo se trata de impulsar actuaciones de colaboración y participación que refuercen la estabilidad del modelo, frente a las trasnochadas actitudes de confrontación presentes en algunos grupos sociales, a pesar de la consagración de la libertad de creación de centros privados por la Constitución Española de 1978.

 

En España, en Euskadi, en Cantabria,… en todas y cada una de las diecisiete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla incluidas, las familias tienen derecho a elegir el centro educativo para sus hijos. No existe primacía alguna por razones de titularidad. Por ello, es inaceptable contravenir ese derecho constitucional de los padres mediante artilugios ideológicos contrarios al espíritu de nuestra Constitución.

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Por tanto, ambas opciones son susceptibles de elección en términos de igualdad de condiciones, convirtiéndose de facto los centros concertados en una opción complementaria, no subsidiaria, de los centros públicos. Por esa razón, los poderes públicos deben financiar ambas propuestas educativas suficientemente y con criterios de equidad. Lo contrario sería contravenir el mandato constitucional con argumentos mezquinos, hoy en día ausentes en la opinión pública pero todavía presentes en entidades con una carga ideológica injustificable, cuando de Educación se trata.

 

Es evidente y notorio que el coste del puesto escolar en un centro público duplica, en el mejor de los casos (tendría que decir peor de los casos), el coste de ese mismo puesto escolar en un centro concertado. No lo digo yo, así lo publica el propio Ministerio de Educación. Algunos “defensores de la Patria”, contrarios a la libertad de enseñanza, todavía sostienen el trasnochado argumento de salvaguardar los intereses generales obviando los más elementales principios de eficiencia, calidad y coste. La optimización de los recursos públicos es un deber inexcusable de los gobernantes. Ello no tiene por qué minar la provisión del servicio. Eso sí, puede significar suprimir un sinfín de prebendas y privilegios, inadmisibles en la sociedad del siglo XXI.

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Pensemos en la estructura organizativa de un centro de Formación Profesional de dieciséis unidades, por ejemplo. Veamos el cuadro de organización pedagógica y los recursos humanos subsiguientes. La comparación no soporta un análisis objetivo y serio. Sin entrar en detalles, quizá algún día lo haga, permítaseme afirmar que la jornada laboral lectiva de los profesionales docentes en un centro de titularidad pública, hasta el presente curso escolar 2011-2012, se mueve en torno a un máximo de 18 horas a la semana (parece ser que se podrán incrementar hasta dos horas más, a partir del próximo curso). Esos mismos profesionales docentes, en un centro concertado imparten 25 horas de clase a la semana, lo que representa un esfuerzo adicional en torno a un 40%. ¿Cuánto representa esta realidad en términos económicos?

 

Las diferencias se agrandan más, si contrastamos pormenorizadamente los órganos unipersonales de Gobierno y aquellos otros colegiados de Participación de unos y otros centros. En el primer caso, a título de muestra, el Secretario, que lo es también del Claustro y del Consejo Escolar, no tiene asignado complemento retributivo alguno por las funciones que desempeña en los centros concertados; lo mismo ocurre con los Jefes de Departamento, citados en segundo lugar. Por cierto, uno y otros, trabajan bajo el subterfugio de Coordinador de secretaría y Coordinadores de departamento. ¡Toda una arquitectura lingüística al servicio de la Administración para evitar los complementos de cargo establecidos en el convenio colectivo del sector!

 

La decisión del Parlamento de nuestros vecinos vascos me parece una idea digna de ser aplaudida. Estaré atento a la evolución de esta iniciativa que obliga al Gobierno a producir un análisis de situación del sistema educativo vasco en el plazo de dos meses. Asimismo, a través de la Asociación de Centros Privados de Cantabria (CECE Cantabria), voy a trasladar esta iniciativa al presidente del Parlamento de Cantabria para su consideración en la Asamblea Regional de Cantabria. En mi propuesta, me basaré en lo acordado en el País Vasco y solicitaré la proposición de de una iniciativa que inste al Gobierno de Cantabria a regular la normativa legal necesaria para cerrar la dicotomía público-privado y facilite la estabilidad, sostenibilidad y calidad de todos los centros sostenidos con fondos públicos en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades.

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