La economía regional desde la perspectiva de Decroly

Texto íntegro remitido al diario Alerta, para su publicación en la sección Capital Cántabro, que fue publicado, parcialmente, en su edición del domingo pasado

 

La formación profesional, como todo el sistema educativo español y de Cantabria, ha estado sometida a multitud de transformaciones desde que se aprobara la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP). Las reformas han sido constantes y a ello ha contribuido, entre otra1-fjm normativa, la  Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE).

 

Por vez primera, en la historia de la educación española, la LOE otorga la condición de educación superior a los ciclos formativos de grado superior de la formación profesional. Esa circunstancia ha posibilitado la participación de alumnos y profesores en programas de movilidad europeos –Erasmus- hasta ese momento reservados, exclusivamente, para la educación universitaria.

 

En nuestra comunidad autónoma, el desarrollo de esa vorágine normativa ha tenido su máxima expresión en la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria y en el Decreto 4/2010, de 28 de enero, por el que se regula la ordenación general de la Formación Profesional en el sistema educativo de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 

Lamentablemente, la mayor parte de la normativa en la que se fundamenta el sistema de formación profesional se ha promulgado sin el consenso de los partidos 1-loepolíticos mayoritarios. Esa realidad ha perjudicado notablemente a todo el proceso de implantación de las reformas que ha estado siempre sometido a los vaivenes de las formaciones políticas y de las confrontaciones cotidianas. El consenso ha brillado por su ausencia. Los centros educativos, profesionales de la formación y, por supuesto, los usuarios del servicio formativo –los ciudadanos- sufrimos cada día los efectos de una inestabilidad, consecuencia de la alternancia en los gobiernos central y autonómico.

 

De mis palabras anteriores puede deducirse que el sector de la educación demanda un gran pacto educativo y social en el que se sienten las bases de un futuro estable para evitar que la educación se convierta en arma arrojadiza en el escenario de la “pelea política” cotidiana. Desde2-ley-moyano este foro lanzo un reto a los partidos políticos, principalmente, para que se posicionen a favor de estos argumentos, emulando a nuestros antepasados. La Ley de Instrucción Pública de 9 de setiembre de 1857, primera ley de educación española, promulgada durante el reinado de Isabel II, siendo ministro de educación Claudio Moyano, representa el mejor espejo en el que nos podemos mirar. Ajena a los avatares políticos de la convulsa historia de España, durante los siglos XIX y XX, estuvo en vigor hasta 1970. Es decir, ¡113 años!

 

¿Qué medidas son necesarias para reactivar la economía del sector?

 

En aras de la concreción, me voy a referir a tres medidas que, en mi opinión, impulsarán positivamente el sector.

 

3-medidas-fpEs preciso acelerar el proceso de reforma iniciado con la LOE e implementado, posteriormente, por la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación de Cantabria y normativa que la desarrolla, con la adaptación, y posterior implantación, de los “viejos” programas y ciclos formativos de grado medio y superior, derivados de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), a la realidad económica de Cantabria.

 

Por otro lado, crear nuevos programas y ciclos formativos acordes con los nuevos nichos de empleo -energías renovables, ciencias del mar, cultivos marinos, sector de la atención, etc.- contribuirán a la cualificación de un nuevo colectivo de profesionales que la sociedad ya requiere actualmente.

 

Los centros educativos demandan autonomía. Se sienten encorsetados con los tradicionales modelos burocráticos de gestión que, hoy en día, representan una rémora en esta sociedad del siglo XXI que insta actuaciones inmediatas para atender las necesidades puntuales de las empresas, verdadero motor de la economía.

 

¿Qué le hace falta a Cantabria para recuperar la senda del crecimiento?

 

Sin pecar de presuntuoso, algunas de mis reflexiones han sido puestas en escena por personas muy cualificadas de todo el espectro social, abogo por una serie de medidas “drásticas” sin las cuales, el crecimiento económico se me antoja un cuento de chinos.

 

Reducir el gasto público, aprovechando mejor los recursos humanos para lograr mayor eficiencia. Esta medida, no puede aplazarse un solo día, a partir de la toma de posesión del presidente electo Nacho Diego y su equipo de gobierno. Puede ser doloroso, ¿Cómo no?, pero inevitable. El gasto público debe estar supeditado a las4-reducir-gasto-publico posibilidades de la economía real de la región y a la eficiencia, calidad y coste de los servicios que de ello se derive. Permítaseme un dato del sector de la educación en el que me desenvuelvo. El coste medio del puesto escolar en los niveles no universitarios en Cantabria, en 2008, según una fuente del propio Ministerio de Educación, fue 2.899 €, en un centro concertado y 7.758 €, en un centro público. Sin embargo, el crecimiento del sector privado se encuentra vetado por la administración educativa, que prioriza un sector público más costoso y, desde luego, no más eficiente.

 

La administración pública está sobredimensionada. Nadie duda, en la actualidad, el excesivo protagonismo de empresas públicas, muchas de ellas, deficitarias o innecesarias y, otras, manifiestamente mejorables desde el punto de vista de la organización y la gestión. El número de organismos, entes y empresas mixtas no tiene parangón en Europa.

 

Una consecuencia de la medida anterior consiste en reducir las administraciones locales de forma significativa, pasando de 102 municipios a seis 5-municipios-de-cantabriamancomunidades con capacidad de gasto. Tres, en la zona central: Santander, Camargo-Astillero y Torrelavega; Reinosa, en la zona sur; Laredo-Castro-Noja, en la zona oriental y Liébana-San Vicente, en la zona occidental.

 

A titulo de reflexión, en el Reino Unido existen 400 corporaciones locales con capacidad de gasto; en Alemania ¡300! Este dato es suficientemente revelador para sugerir una actuación para frenar el despilfarro de dinero por los ayuntamientos. Además, ¿Son precisos todos los funcionarios y empleados públicos, de las distintas administraciones?

 

Puede parecer una contradicción. Pero, no lo es. Aumentar la inversión en educación reportará mayores beneficios a los ciudadanos cántabros en forma de desarrollo personal y profesional. Ello contribuirá, asimismo, a incrementar su saber hacer para aplicarlo en su puesto de trabajo actual y6-inversion-educativa futuro. Más formación es mejor para todos, así reza el eslogan de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

 

En este sentido, quiero hacer una llamada a los empresarios para que reflexionen sobre las ventajas competitivas que se derivan de una mejor formación de sus empleados. Existen modalidades de formación de los trabajadores en activo, cuyos costes se financian mayoritariamente mediante bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, que no se utilizan en la mayor parte de las pequeñas empresas. Las ventajas que reportan los planes de formación a los empleados y a las empresas son incuestionables. Sin embargo, es precisa una permanente campaña de sensibilización y concienciación. Por otro lado, los agentes económicos y sociales deberían considerar, como ya existen en un reducido grupo de sectores, vincular la formación a una parte del salario.

 

Una reforma laboral, haciendo hincapié en la flexibilidad de las contrataciones, en desligar la evolución de los salarios del crecimiento del IPC, en la flexibilización de la negociación colectiva y el abaratamiento del despido no admite demora. Desde las instituciones de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el gobernador del Banco de España y el sentido común de millones de ciudadanos se clama por una reforma laboral focalizada al estímulo del empleo.

 

La evidencia que me perturba, como a tantos otros ciudadanos, se refiere al analizar las cifras referidas al número de trabajadores en activo por cada jubilado y 7-empleoparado. No tengo el dato de Cantabria. Sin embargo los datos publicados por fuentes generalmente bien informadas, son estremecedores. En comunidades como Asturias o Andalucía los activos representan 1,05 por cada pensionista y desempleado. La media española se cifra en 1,32.

 

¿Cómo vamos a garantizar la protección social con estas cifras? Los datos hablan por sí solos. La situación, sin ánimos catastrofistas, raya con la quiebra total del sistema. Para paliar y enderezar esta situación yo soy de los que pienso, como tantos y tantos ciudadanos de este país, que la mejor protección social posible es el empleo. Y ese debe ser el objetivo sobre el que piloten todas las actuaciones del gobierno de España y de Nacho Diego, en Cantabria.

 

A título de inventario, otras actuaciones recomendables aportarán valor a un eventual e imprescindible crecimiento. Potenciar las denominaciones de origen; impulsar formas alternativas de turismo como, por ejemplo, acercarlo el sector primario; intensificar las relaciones comerciales con países emergentes; potenciar la investigación en la Universidad de Cantabria y en el Hospital Marqués de Valdecilla; fomentar el autoempleo; potenciar la UIMP y la Universidad de Comillas son algunos de los frentes que me suscitan una reflexión positiva sobre qué actuar en un inmediato futuro.

 

¿Cuál o cuáles cree que son los problemas de la economía de la región?

 

En primer lugar, por encima de cualquier otro, el paro. Solamente creando empleo la sociedad de Cantabria saldrá de los “callejones” en los que se encuentra en la actualidad. Obviamente, la creación de empleo no es algo mágico. Deben crearse las condiciones más favorables posibles. Eso es responsabilidad de las administraciones públicas. Además, un pacto de gobierno regional con los empresarios, principalmente, favorecería las nuevas contrataciones. ¿Se imaginan ustedes que se creara un empleo a tiempo parcial por el 20% de las PYMES de Cantabria? Yo, sí. Parafraseando al ilustre italiano Wilfredo Pareto, se resolverían el 80%8-credito-para-la-pyme de los problemas económicos de la región.

 

La ausencia de crédito para las PYMES se me antoja un elemento determinante en el freno de la economía real que causa estragos, a veces irremediables, que conducen al cierre de las empresas. ¿Existen mecanismos alternativos para ayudar a las empresas? Quizá, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una solución pasaría por habilitar instrumentos extraordinarios de financiación.

 

El alto endeudamiento de las administraciones públicas exige actuaciones inmediatas. Primero, diagnosticando la realidad de la situación; en segundo lugar, informando con claridad y transparencia a los ciudadanos y, finalmente, aplicando las medidas terapéuticas que proceda para revertir la situación.

 

La infrautilización del puerto de Santander no beneficia en absoluto al despegue de la economía regional. Por ello, parece oportuno incentivar políticas de reactivación que conduzcan al puerto a una posición de referencia en el ámbito de la entrada y salida de mercancías y, en su caso, de ciudadanos.

 

¿Qué es lo que hay que hacer para garantizar el estado de bienestar?

 

La garantía del estado de bienestar se encuentra en la mente de todos los ciudadanos sin distinción de credo. Ahora bien, el mantenimiento del estado de bienestar cuesta dinero. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde puede llegar la administración pública de Cantabria?

 

De nuevo, acudo a una frase anteriormente citada, posiblemente manida por el uso generalizado que hacemos los ciudadanos: ¡crear empleo! Y no lo olvidemos. El empleo lo crean las empresas y los empresarios con iniciativas; con proyectos y emprendimientos; con talento e implicación.

 

Campañas de información y difusión de la realidad económica y del estado de “salud” de la economía regional facilitarán la comprensión y mentalización de los 9-copagociudadanos, en los buenos usos de los servicios públicos. Entre aquellas cuestiones impopulares, que deben posiblemente abordarse, se encuentra el copago de aquellos servicios, hasta ahora universalmente gratuitos.

 

¿Serán necesarios más recortes?

 

Sí, sobre todo en gasto público de las administraciones regionales, reduciendo al máximo el número de empresas públicas y regulando sus puestos de trabajo en función de oportunidad, calidad, eficacia y coste.

 

¿Cómo se plantea esta nueva legislatura?

 

Con renovada ilusión. Los nuevos dirigentes que van a gobernar en la región tienen el mayor crédito que se puede lograr en democracia: el voto favorable de la mayoría. Por ello, deben administrar ese caudal mediante la puesta en acción de todas las  reformas necesarias para que Cantabria retome la tasa de crecimiento imprescindible para que se cree empleo neto en la comunidad.

Responder

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: