El martes, 29 de junio, a instancias de la presidenta de la Comisión de Planificación General de la Enseñanza del Consejo Escolar de Cantabria, Mª Teresa Cruz Lavín, a la que pertenezco en representación de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria), participé en una reunión telemática para tratar, entre otros temas citados en el Orden del Día, acerca de la “Elaboración de enmiendas sobre el Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional.

Previamente, a través de distintos recursos de comunicación que tenemos protocolizados los miembros de la Comisión de Planificación General de la Enseñanza, acordamos enviar a la secretaria del Consejo, Pilar Fernández, las enmiendas u observaciones sobre el precitado Anteproyecto de Ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional.

Por lo que a mí respecta, en diversas reuniones mantenidas con Pedro Cuesta y Sergio Ibáñez, miembros del equipo directivo de Decroly, elaboré unas aportaciones que sirvieron para dar mi visión a la Confederación de Centros de Enseñanza Privada (CECE) y a la CEOE CEPYME de Cantabria. Con esa base, y con la retroalimentación que me proporcionó Santiago García Gutiérrez, secretario general de CECE, remití a Mª Teresa Cruz Lavín, presidenta de la Comisión de Planificación General de la Enseñanza del Consejo Escolar de Cantabria, un amplio documento con mis observaciones a la propuesta solicitada.

En concreto, resalté los aspectos positivos más relevantes que, a mi juicio,  contiene el Anteproyecto. Con carácter general, mencioné 19 perspectivas. Asimismo, señalé un total de 22 particularidades que, en mi opinión, requieren clarificación o modificación.

A continuación transcribo el texto del documento remitido a la presidenta Mª Teresa Cruz Lavín:

Comisión de Planificación General de la
Enseñanza en Cantabria.
Observaciones sobre el Anteproyecto de
Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional.
Fco. Javier Muñiz Bárcena
Lunes, 28 de junio de 2021

Aspectos positivos

Con carácter general destaco lo siguiente:

1. Actualiza el sistema de Formación Profesional.
2. Integra la Formación Profesional del Sistema Educativo y la del Empleo, la acreditación de la formación por otras vías incluyendo la propia experiencia profesional, el registro estatal de formación y la conexión de la FP con el resto de etapas del sistema educativo y con el sistema productivo.
3. Aborda la regulación a nivel nacional de los diferentes modelos de FP Dual.
4. Reconoce la gran importancia de desarrollar un sistema de orientación profesional integrador y personalizado.
5. Describe un sistema innovador, flexible, que responde a las necesidades de cualificación de la población tanto joven como adulta, y se adecua a las necesidades del mercado laboral.
6. Crea microformaciones acreditables.
7. Establece la corresponsabilidad formativa de la empresa.
8. Refuerza la conexión entre el mundo de la empresa y el mundo educativo.
9. Regula la dual avanzada con contrato de trabajo y remuneración.
10. Define las figuras de tutor dual de centro y de empresa.
11. Propone la alineación con las políticas de competencias y FP de la Unión Europea.
12. Apuesta por la internacionalización.
13. Promueve la innovación, el emprendimiento y la investigación.
14. Facilita la relación con el entorno universitario.
15. Regula la creación del Registro Estatal de Formación Profesional y el Registro de acreditación de competencias profesionales adquiridas por vías no formales o informales.
16. Refuerza la autonomía de los centros, la posibilidad de ofrecer módulos optativos y el proyecto intermodular.
17. Posibilita la ampliación de los ciclos de grado superior a 3 años.
18. Flexibiliza los periodos de alternancia.
19. Reglamenta los dobles grados, tanto nacionales como internacionales.

Aspectos que requieren clarificación o modificación

Algunos de estos aspectos puede que no correspondan a la ley, pero sí a su desarrollo y considero oportuno mencionarlos:

1. La nomenclatura de los grados A, B, C, D y E puede resultar equívoca con los ya existentes Grados Básico, Medio y Superior.
2. La pretensión de que toda la FP sea dual parece poco probable que se logre. ¿Qué modelo seguirán los alumnos que no encajen en dual -perfiles de Ciclos de Grado Básico, por ejemplo-?
3. El establecimiento de protocolos de actuación para el alumnado menor de 16 años que no pueda acceder a la formación dual en los ciclos formativos de Grado Básico.
4. La imposición de la FP dual (Grados C, D y E) como único modelo de FP deberá resolver las dificultades del tejido empresarial español para que los empresarios asuman el rol de formador y deberá garantizar la permanencia de los puestos de trabajo de los actuales docentes.
5. La recomendación de que se contemple en la modalidad de Formación Profesional Dual General alguna compensación económica para el estudiante por parte de las administraciones, al menos para los gastos derivados del desplazamiento, manutención,….
6. La definición del estatus laboral del tutor de empresa, concretando si va a necesitar estar acreditado, si va a haber un registro de tutores de empresa, cuál será su perfil académico y/o profesional (también en el caso de la micropymes), si se va a regular su dedicación, horas, salario, incentivos, capacitación…
7. La determinación de un plan de implicación de las pymes y micropymes en el sistema que incluya: el establecimiento de las bases de apoyo económico a las empresas para realizar la misión formadora encomendada, si la dual avanzada se formalizará con el actual contrato de formación y aprendizaje o se va a regular un contrato específico o al menos un nuevo contrato de formación que permita esta modalidad.
8. La adecuación del calendario escolar a la dual avanzada no parece razonable cuando hablamos de personas con contrato de trabajo.
9. La regulación de las ratios docentes/alumnado máximas para estas enseñanzas eminentemente prácticas y cuyas metodologías son o deben ser activas (mediante trabajo por proyectos, etc.).
10. La determinación de ratios más bajas que las actuales para los ciclos formativos, estableciendo, al menos, un tope de 25 estudiantes en Grado Superior, 20 en Grado Medio y 15 en Grado Básico.
11. La contemplación de la parte práctica de los módulos -los desdobles para prácticas- que tenga una ratio máxima de 15 estudiantes por docente.
12. La concreción de las funciones del tutor dual del centro debe ser realizada por más de un profesor.
13. La participación del profesorado especialista que combina su carrera profesional en el sector productivo con la docencia en los centros de FP en los perfiles allí donde fueran necesarios, porque las materias a impartir sean de reciente implantación, por dificultad para encontrar los perfiles en los profesores orgánicos o cuando la complejidad u operatividad del proceso tecnológico estuviese muy ligado a la práctica productiva real.
14. La incorporación en los centros de FP de otros colaboradores como el trabajador experto senior para la actualización del currículo y la del prospector de empresas para ayudar a los centros a formalizar convenios con entidades de su sector.
15. La colaboración permanente en los centros de FP, en todas las ofertas A, B, C, D y E de la figura del orientador especializado en Psicopedagogía, que facilite el aprendizaje y el desarrollo personal y profesional, no solo de los estudiantes de FP Básica o Grado Medio, sino de todos los estudiantes jóvenes o adultos que necesiten apoyo en su desarrollo profesional.
16. La dotación de fondos a los centros sostenidos con fondos públicos para que las funciones que realicen los especialistas, expertos, prospectores y orientadores sean un servicio obligatorio y gratuito viable.
17. La implementación de un servicio de inspección específico para el ámbito de la FP.
18. La presentación de una memoria económica complementaria a la Ley que valore los nuevos recursos necesarios para una Formación Profesional de calidad con el fin de garantizar la sostenibilidad del sistema.
19. La sustitución de la obligatoriedad de tener grupos de los grados A, B y C funcionando en presencial por “experiencia previa” en modalidad presencial para la misma familia profesional como requisito para impartir esa formación en modalidad virtual.
20. La disposición y mantenimiento de una plataforma virtual que garantice la oferta virtual en todo el Estado con acceso para todos centros sostenidos con fondos públicos.
21. El establecimiento por Ley de un mínimo de créditos reconocibles dentro de la misma familia profesional al acceder a la universidad.
22. La regulación y creación de grados profesionales universitarios en los que se convalide el 100% de los 120 créditos de los ciclos formativos de Grado Superior.

Otras entradas y enlaces de interés:

– Agenda 2030 (2015-2030)
– 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030)
– Presentación I Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo
– I Plan estratégico de Formación profesional del sistema Educativo (2019-2022)
– Plan de Modernización de la Formación Profesional (2020-2023)
– Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027)
– Plan España Digital 2025
– Estrategia_España_2050
– Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (27 de abril de 2021)
– Alianza por la Formación Profesional: Una Estrategia de país (2021)

– Acuerdo por la Educación en Cantabria (16-05-2017)
– Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE)

– Anteproyecto Ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional (15-06-2021)
– Presentación anteproyecto de Ley de Formación Profesional (15-06-2021)