La deriva secesionista del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, iniciada con especial y progresiva virulencia hace tres décadas y visualizada en su lado más oscuro a través de la declaración unilateral de independencia, ha situado a esa Comunidad Autónoma y al conjunto del Estado español en una situación límite por conculcar el ordenamiento constitucional y despreciar e incumplir reiteradamente la ley y los mandatos de los tres poderes públicos: ejecutivo, legislativo y judicial.