Las reacciones a la reforma anunciada por la ministra de Educación y Formación Profesional el miércoles pasado ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados han puesto a una buena parte de la sociedad española en alerta roja y están generando un caldo de cultivo que augura el resurgir de movilizaciones y acciones judiciales a partir del próximo mes de setiembre