El tercer borrador del anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 14 de febrero, que el Ministerio de Educación acaba de remitir al Consejo de Estado recoge la petición formulada por muchas entidades y organizaciones, a las que se sumó Decroly en su día, en el sentido de regular el acceso directo de los estudiantes titulados en FP Básica a los estudios de Grado Medio

A nadie se le escapa la controversia que ha suscitado la LOMCE desde su lanzamiento por el ministro José Ignacio Wert nada más llegar al Gobierno, como consecuencia de los resultados de las elecciones generales de 20 de noviembre de 2011. Ahora, con la publicación del tercer borrador del anteproyecto, se abre un nuevo escenario ante la recogida de sugerencias y propuestas de las comunidades autónomas, los partidos políticos y las entidades y organismos de participación de ámbito estatal y autonómico como son el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional, patronales y sindicatos del sector, asociaciones de padres de alumnos, y centros educativos, entre otros.

Algunos idealistas hemos mantenido siempre viva la esperanza de que las fuerzas políticas mayoritarias y los agentes económicos y sociales forjaran un gran pacto de Estado por la Educación. Obviamente la realidad evidencia que se trata de un sueño utópico que se vislumbra muy lejano en el horizonte. Lo han intentado, decían ellos, todos los ministros desde la época de Villar Palasí, impulsor de  la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa. Sin embargo, es público y notorio que la Educación –igual que otros servicios públicos de interés general- se ha convertido en un escenario cotidiano de confrontación política partidista.

Pero hoy yo me quiero centrar en el título de esta entrada que merece una especial atención. Si reflexionamos un instante sobre la futura FP Básica tendríamos que enunciar, en primer lugar, la nueva redacción que dispone el tercer borrador del anteproyecto de LOMCE que dice, en su artículo 41. Condiciones de acceso y admisión. 2. El acceso a ciclos formativos de grado medio requerirá el cumplimiento de al menos una de las siguientes condiciones:

a)    Estar en posesión de al menos uno de los siguientes títulos:

1. Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, siempre que el alumno haya superado la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria por la opción de enseñanzas aplicadas
2. Título Profesional Básico
3. Título de Bachiller
4. Un título universitario
5. Un título de Técnico o de Técnico Superior de Formación Profesional

El borrador determina, asimismo, otras posibles vías de acceso en sus apartados b), c), d) y e).

Me permito realizar un breve balance histórico de las respuestas que han dado las distintas administraciones educativas a los alumnos más desfavorecidos desde que se promulgara la precitada Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, una ley promulgada 113 años después de la Ley de Instrucción Pública de 9 de setiembre de 1857, primera Ley General de Educación aprobada en España.

La Ley General de Educación (LGE) de 1970 hizo aportaciones muy relevantes como disponer la enseñanza obligatoria hasta los 14 años, en dos etapas de 5 y 3 años respectivamente. Esa Educación General Básica (EGB) permitía a todos los titulados acceder a los estudios de un Bachillerato Unificado y Polivalente (BUP) o a una Formación Profesional de Primer Grado (FP1). Los alumnos que no obtenían el Título de Graduado Escolar –así se denominaba para quienes finalizaban positivamente la EGB- obtenían un Certificado de Escolaridad que acreditaba su permanencia en el sistema durante 8 años, independientemente de los resultados obtenidos, y cuyo horizonte académico se centraba exclusivamente en los estudios de FP1.

En ese momento nace una “leyenda” que nos ha acompañado hasta fechas muy recientes alimentada, para su propio sonrojo, por muchos de los profesionales docentes de aquella época. “Señora, su hijo no vale para estudiar; ¡mándele a la Formación Profesional! Yo conozco muy bien lo que pasó. Estaba allí en aquellos años ejerciendo como docente en un centro público. Al finalizar la EGB, los alumnos que obtenían el Título de Graduado Escolar eran orientados hacia estudios de BUP; aquellos otros “fracasados” que no aprobaban, recibían un Certificado de Escolaridad y se les “acomodaba” en la FP1. Datos estadísticos de aquella época demuestran que los estudios de FP1 se nutrían mayoritariamente de alumnos “que no valían”. 

El Gobierno socialista de Felipe González dictó la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), siendo ministro de Educación Javier Solana. Lo más relevante de esta Ley, en mi opinión, es la extensión de la obligatoriedad de la escolarización hasta los 16 años –Educación Primaria, de 6 años; Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de 4 años-. Finalizada la ESO, los titulados podían optar a unos estudios de Bachillerato de 2 años de duración o a un ciclo formativo de Grado Medio, de uno o dos años de duración dependiendo del título y/o de la familia profesional. Para los no titulados el sistema previó los Programas de Garantía Social (PGS).

 La LOGSE dio un paso al frente en materia de dignificación de la FP. A partir de su entrada en vigor, la FP de Grado Medio se convierte en una opción no en un “aparcamiento de fracasados”, como se tildaba a la FP1 a la que acudían muchos de los alumnos, cuando no abandonaban directamente el sistema. Sin embargo, la ausencia de un diseño claro y de una implementación académica y económica para atender las muchas y variadas necesidades de ese colectivo de alumnos escolarizados en PGS, desfavorecidos, diversos, procedentes de familias desestructuradas, emigrantes y de entornos socioeconómicos deprimidos condujo a un fracaso del modelo. 

La verdad es que la oferta de PGS fue insuficiente y poco atractiva para su implantación por los centros y para satisfacer la demanda de un colectivo desmotivado al que no se le dio la prioridad que su situación académica y personal pedía a gritos. Durante la vigencia de la LOGSE el abandono escolar temprano adquiere cuotas inaceptables. En ciertos círculos educativos y sociales se acopia el término “desertores del sistema” para calificar a todos aquellos alumnos insatisfechos; deficientemente atendidos en los establecimientos educativos; desorientados; en definitiva, abandonados a su suerte. 

Con el Partido Popular (PP) en el Gobierno presidido por José Mª Aznar, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) quiso dar una respuesta contundente al colectivo de alumnos que no obtenía un rendimiento escolar satisfactorio en la ESO, mediante los Programas de Iniciación Profesional (PIP). Sin embargo, la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la presidencia del Ejecutivo impidió su aplicación mediante la paralización de la entrada en vigor de la ley.

Cuatro años más tarde, entra en vigor la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En relación con el tema que nos ocupa, aparecen los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) que no aportan detalles contundentes que presuman una solución definitiva para los “fracasados” de la ESO. De hecho, existen expertos educativos que afirman que su estructura se asemeja más a los PIP del Partido Popular que a los PGS del PSOE. Algunos aspectos mejoran con respecto a los precedentes PGS. Sin embargo, algo falló: ¿convencimiento?; ¿determinación?; ¿recursos humanos y materiales?; ¿Implicación de las empresas? 

Bueno. Aquí hemos llegado. Año 2013; el PP en el Gobierno de España; una nueva ley orgánica encima de la mesa… Pues bien, el tercer borrador del anteproyecto de la LOMCE nos presenta una variable con respecto al anterior en relación con el nuevo ciclo formativo de Formación Profesional Básica que regula. Como he mencionado anteriormente la nueva versión del anteproyecto de ley prevé el acceso automático a la FP de Grado Medio de todos aquellos alumnos que posean el titulo de FP Básica.

En fin, creo que ha llegado la hora de la verdad. He realizado un recorrido por las distintas propuestas de las administraciones educativas de todo signo y color en los últimos cuarenta y tres años para dar salida satisfactoria a los “desertores del sistema” proporcionándoles una cualificación profesional básica, digna, reconocible y homologable por las empresas, en España y en la Unión Europea.

Desde la FP1 hasta la FP Básica, pasando por los PGS, los nunca implantados PIP o los PCPI generaciones de alumnos han transitado por un sistema que ha fracasado en el objetivo prioritario de dotar de las competencias básicas, personales y sociales más elementales a este colectivo. Hasta ahora, los alumnos matriculados en esos programas han estado insuficientemente atendidos; no se les ha concedido los medios y recursos necesarios para sacarles de una penosa situación académica y ¿quién sabe? si de una no menos preocupante realidad personal, familiar y social. Ya no vale reproducir pantomimas como las de antaño. ¡Esta vez no les podemos fallar!

El éxito de la FP Básica residirá en la calidad que el sistema educativo pueda ofrecer a este importante colectivo de personas desfavorecidas, comprendidas entre una horquilla de 15 y 20 años, pertenecientes a una sociedad cambiante y enormemente competitiva. Esa calidad deberá ser evaluable, medible. 

Un indicador infalible es el índice de empleabilidad de los titulados al finalizar ese ciclo formativo de FP Básica. Para ello, es absolutamente necesario entablar acuerdos y convenios con los empresarios además de realizar una planificación coherente con las necesidades de las empresas de cada localidad.

Otro indicador, sin duda alguna, tiene como referente las dotaciones en forma de recursos humanos y materiales necesarios para llegar al puerto del éxito, de la satisfacción personal del alumnado y de su empleabilidad. Sí, hace falta dinero para ello. Pero también ayuda el compromiso y la determinación de todos los actores del sistema  para apoyar a cada una de esas personas singulares que pueblan las aulas de nuestros centros.

Por cierto, y concluyo, un detalle del tercer borrador del anteproyectoque me parece especialmente relevante. Me refiero a la consagración de una de las banderas que enarbola un importante colectivo de la sociedad española cual es la libertad de enseñanza. El nuevo texto, en el apartado de principios de la educación, además de los consabidos de calidad, equidad, esfuerzo individual, cooperación entre el Estado y las comunidades agrega: “La libertad de enseñanza y de creación de centro docente, de acuerdo con el ordenamiento jurídico”. 

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