Recortes en la concertada

El Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, publicado en el BOE del pasado día 14, de medidas urgentes para garantizar la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad nos dejó un “recadito” inesperado al sector de la enseñanza privada concertada

 

Cuando ya estaba exhausto de leer penas a lo largo de un documento de más de noventa hojas, me topo con las disposiciones finales décima y1-fjm-150x150 undécima por las que se modifica la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, publicada el pasado 30 de junio.

 

Allí, podemos apreciar en qué consiste la modificación introducida y como afecta a la comunidad educativa de la concertada, tanto a profesores como alumnos y entidad titular, teniendo en cuenta que la medida tiene carácter retroactivo al 1 de enero de 2012, por lo que el porcentaje de reducción puede ampliarse considerablemente ya que ha de aplicarse prácticamente en los cuatro últimos meses del año.

 

Veamos, por tanto, en cifras una primera “foto finish” de la situación:

 

a.    Una reducción de los módulos de concierto 2012 que se traduce en el 4,5% en el salario del personal docente, el 4.5% en la partida de gastos variables y un 1,5 % en la partida otros gastos.

 

La reducción del 4,5% en el salario base del profesor en pago delegado, lo sitúa en una cantidad inferior a la que establecen las tablas salariales del 2008, últimas firmadas y publicadas en el V Convenio de Enseñanza Concertada. Esta situación podría dar lugar a demandas contra los centros, en el supuesto de que el pago de la masa salarial que abone la Administración autonómica fuera inferior a las cantidades consignadas en dichas tablas.       

 

b.    Una modificación de las cantidades máximas a percibir de los alumnos en concepto de financiación complementaria en los conciertos singulares suscritos para enseñanzas de niveles no obligatorios (Bachillerato y ciclos formativos de grado superior de FP) y en concepto exclusivo de enseñanza regladas. Si hasta ahora se establecía una cantidad fija de 18 € alumno/mes durante 10 meses, pasa a establecerse un abanico de entre 18 y 36 euros alumnos/mes durante 10 meses en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012.

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Visto lo anterior, deberemos estar atentos a la aplicación concreta de la modificación anterior, necesariamente condicionada por la regulación que pueda establecer, en nuestro caso, la comunidad autónoma de Cantabria para la partida de otros gastos.

 

Según me indica el presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), Antonio Rodríguez-Campra, esta medida es absolutamente sorpresiva, por cuanto en las recientes reuniones mantenidas con el Ministro de Educación, tanto con patronales como con sindicatos de enseñanza privada, las autoridades gubernamentales no han hecho ninguna mención expresa ni implícita a la adopción de la misma.

 

Desde la patronal CECE se han iniciado conversaciones con otros agentes económicos y sociales del sector para coordinar una estrategia que trate de paliar, en lo posible, los efectos negativos de esta normativa en los centros concertados que, tanto a nivel de la titularidad como del personal docente, hace ya mucho tiempo vienen soportando unas condiciones muy precarias. Añadir ahora un mayor déficit a los centros concertados los pondría en una situación límite difícilmente asumible y que podría abocar a muchos de ellos a su desaparición.

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Una vez más, el ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha mostrado una total ausencia de sensibilidad con un sector, el de la enseñanza concertada, que atiende a un importante porcentaje de alumnos (en torno al 30%, sino más) con una permanente precariedad de recursos humanos, si se compara con el sector público, claramente discriminatoria. Valga para muestra un botón. Evitaré poner el ejemplo de la asfixiante situación de las entidades titulares de centros privados concertados, Decroly incluida. Me referiré a los profesionales docentes, de secundaria y formación profesional, por ejemplo. A partir del 1 de setiembre, hasta entonces el desfase es mayor, los profesores de la enseñanza privada concertada imparten un 25% más de horas lectivas que sus homónimos de la enseñanza pública y reciben un salario orientativo de un 10% menos.

 

En mi condición de presidente de la Asociación de Centros de Enseñanza Privada de Cantabria (CECE Cantabria) he iniciado gestiones en la consejería de Educación para conocer la posición de la Administración ante un hecho que puede minar más, si cabe, la moral de la comunidad educativa del este sector de la enseñanza privada concertada.

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