Un total de 130.062 pensionistas en Cantabria

Un reciente reportaje de la periodista Mª Ángeles Samperio, en el dominical Innova Cantabria del Diario Montañés, titulado Los cántabros dejan de trabajar a los 63 años, me suscita una reflexión sobre el presente y futuro de nuestra sociedad cántabra en el contexto del estado de bienestar. Con una pensión media de 803,99 € mensuales, el colectivo de 130.062 pensionistas registrados en nuestra Comunidad Autónoma representa una evidencia que demanda una reflexión y debate colectivo sobre la vida laboral de las personas y la financiación de las pensiones.

 

Esta cifra que aglutina la totalidad de pensionistas, incluidas las personas discapacitadas -987-, huérfanos -3.776- y viudos –asistenciamayores_compensacion-a-pensionistas-40-euros-de-media35.020-, me ha dejado perplejo. Los trabajadores jubilados, 76.195, que reciben una pensión media de 917,15 € al decir de la periodista, adquieren ese estatus con una media de edad de 63,5 años, muy próxima a la edad legal de jubilación en España.

 

El escrito de Samperio es muy oportuno por cuanto la polémica suscitada en círculos políticos, empresariales y sociales de una anunciada reforma legal por el Gobierno central, para retrasar la edad de jubilación a los 67 años, ha causado un profundo malestar y una reacción social contraria a la medida gubernamental. Sin embargo, esta medida ha sido bien recibida en algunos estamentos y por cualificadas personalidades del mundo de la economía como, por ejemplo, el profesor José Barea que publicaba en un diario nacional un escrito en el que, no solamente manifestaba su apoyo a esta medida sino que recomendaba que se retrasara la edad de jubilación a los 70 años.

 

En mi opinión, parece inevitable un retraso progresivo de la edad de jubilación, como medida adicional para garantizar el sistema de pensiones. Si bien, en una primera fase, y para evitar situaciones traumáticas y una indeseable alarma social, sería prudente aplicar esta medida de forma voluntaria para los trabajadores. Asimismo, establecerse un índice corrector para profesionales de sectores que requieran determinadas aptitudes físicas, psíquicas, etc. como la construcción o el transporte.

 

Es obvio que, dadas las circunstancias, no se producirán de nuevo situaciones de prejubilaciones como las recientemente vividas en el ente público RTVE en donde prejubilaron “obligatoriamente” a los mayores de 50 años. De hecho, los medios de comunicación se han hecho eco de prejubilaciones en la banca, por ejemplo, en las que hemos conocido que el Banco Santander ha ofrecido a sus empleados de menos de 50 años la posibilidad de acogerse a una prejubilación.

 

Pero como decía al comienzo de este escrito, estos datos publicados en el Diario Montañés me incitan a reflexionar sobre la realidad social en la que nos encontramos. No olvidemos que a este colectivo de pensionistas -130.062-, debemos añadir el de parados –más de 40.000, registrados en las oficinas públicas de empleo-; funcionarios al servicio de las administraciones públicas –autonómica, local y, en su caso, estatal-; personal laboral de esas mismas administraciones, incluyendo personal sanitario y personal docente, entre otros.

 

Permítaseme descender a mi área de actividad y de influencia. Yo trabajo en DECROLY, un centro de formación profesional con un importante colectivo de alumnos. ¿Qué puede decir yo a mis alumnos? Ante el escenario dibujado anteriormente, ¿qué puedo recomendar en pos de una actuación de sostenibilidad del sistema?

 

En primer lugar, se me ocurren algunas afirmaciones:

 

1. Defensa total, sin fisura alguna, del estado de bienestar que incluye, entre otros beneficios sociales, el derecho a una educación y salud gratuitas.

2. Blindaje del sistema de pensiones, actualizándolas periódicamente de acuerdo con el índice de precios al consumo IPC.

3. Puesta en acción de políticas de empleo y de productividad “agresivas” que contribuyan a paliar, reducir, eliminar el paro e impulsar la actividad económica. Esas actuaciones reactivan el consumo, generan riqueza y conllevan la obtención de recursos económicos que contribuyen al equilibrio de la balanza de ingresos y gastos de las administraciones públicas y la sostenibilidad del estado de bienestar.

4. Apertura de un debate político y social que conduzca a un pacto de estado en relación con las pensiones y el estado de bienestar en general.

 

Por otro lado, me permito enunciar unas recomendaciones contundentes, difícilmente contestables, inaplazables para revitalizar el sistema y evitar una quiebra social de nefastas consecuencias:

 

1. Potenciar la formación permanente de los trabajadores, en aras de un desarrollo personal y profesional que redunde en una mejora continua de la calidad de los productos y servicios y de la competitividad de las empresas e instituciones.

2. Desarrollar una cultura del trabajo, del esfuerzo y del empleo en contraposición con aquella otra de la subsidiaridad de las distintas administraciones.

3. Estimular el empleo y el autoempleo en general, como argumento que tienda al pleno empleo en nuestra Comunidad Autónoma.

4. Lanzar un plan de choque para atajar las dramáticas cifras del paro juvenil, con programas imaginativos de contratación, para dar cobertura de empleo en jornada completa o parcial a los jóvenes entre 16 y 30 años, teniendo en cuenta sus circunstancias de edad y nivel de formación.

5. Favorecer el crédito, a las empresas y a las familias. Como me apunta mi compañero y economista, profesor de DECROLY, Antonio Medrano Pampín, “hoy en día se percibe un temor generalizado en hacer circular el dinero.  Los bancos no conceden créditos, las empresas no invierten y las familias ahorran todo lo que pueden ante el temor de un futuro todavía peor. Si queremos que la máquina se ponga de nuevo en marcha hay que comenzar por engrasarla antes de cambiar las piezas, la batería se irá recargando por sí sola una vez que comencemos a alcanzar velocidad”.

 

pensionistasFinalmente, permítaseme señalar, como lo hiciera en su día el ex ministro de Asuntos Exteriores durante el primer gobierno de José Mª Aznar Abel Matutes, defender la ética del beneficio. ¿Qué quiero decir con esto? Sencillamente que, en mi opinión, debe buscarse un consenso político y social para un manifiesto a favor del colectivo empresarial, a favor del emprendedurismo que conduzca a la creación de empleo, particularmente para los jóvenes. ¿Quién crea empleo? ¿Quién crea riqueza? Ayudemos y estimulemos a las empresas pequeñas, medianas y grandes para que creen empleo.

 

El empleo genera productividad y riqueza para las empresas; también, ocupa a los parados y les proporciona un salario que les permite revitalizar y fortalecer su estado anímico y afrontar sus, posiblemente depreciadas, necesidades vitales. ¡Todos ganamos: empresas, trabajadores, incluso, los pensionistas que no verán peligrar sus pensiones en el futuro! La recuperación del empleo traerá bienestar; estabilidad económica y emocional de los ciudadanos; reactivación del consumo y, por ende, de la economía, en general. Por ello, todos los esfuerzos debemos encaminarlos hacia ese objetivo.

 

¿Le echamos imaginación?

 

1. Utilicemos una parte del gasto público del desempleo en ayudar a las empresas a financiar el coste de un empleado.

2. Apliquemos medidas como:

 

a. exención de las cuotas patronales a la seguridad social;

b. subvención del 25% -indicativamente-, del salario de esos nuevos trabajadores;

c. primemos a las empresas que creen empleo con ayudas a la contratación que mitiguen, adicionalmente, los efectos de la actual crisis económica;

d. instrumentemos una nueva modalidad de contratación para jóvenes de 16 a 20 años y de 21 a 30 años, por ejemplo, suficientemente atractiva a los ojos del empresariado, que incentive la contratación de este colectivo de desempleados.

 

La consecuencia inmediata sería que las empresas se “animarían” a contratar, reduciríamos la bolsa de desempleados y reactivaríamos el consumo. Eso sí, la administración se ahorraría el 75% del subsidio de desempleo de cada parado así recolocado.

 

¿Por qué no promovemos un gran pacto por el empleo, con los empresarios, obviamente? En lo que a mi respecta, en mi condición de empresario, ¡mañana mismo puede la administración contar conmigo!

 

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