Desde la atalaya de mis cuarenta años de vida profesional diviso un escenario educativo repleto de contradicciones surgidas desde una parte del colectivo de profesionales docentes muchas de ellas condicionadas por planteamientos ajenos al interés general del servicio público que representa la Educación en España

La llegada al Gobierno de España del Partido Popular con un apoyo mayoritario de la sociedad española ha creado un ambiente infumable en el sector de la educación como jamás se había conocido. El Ejecutivo ha desatado las iras de aquellos que consideran la educación un coto privado y excluyente al implantar su programática política educativa, bajo la dirección del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, mediante disposiciones favorecedoras de la corrección de flagrantes disfunciones del sistema y a través de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), aún en trámite parlamentario.

Algunas medidas, necesarias por otra parte, adoptadas por el Ministerio de Educación y por las consejerías respectivas en las diferentes comunidades autónomas, fruto de la gravedad de la crisis económica que nos azota implacablemente, han agudizado comportamientos y actuaciones que se tornan en contra del interés general, persiguiendo fines espurios, en  mi opinión, ajenos a la mejora de la eficacia y eficiencia de los recursos públicos al destinados a la educación.

Lamentablemente, la falta de consenso político que dote de la necesaria estabilidad al sistema, traslada al ruedo político cotidiano disputas ideológicas, partidistas y sectarias que causan un deterioro de grandes magnitudes al sistema educativo. Las consecuencias se aprecian cada día más y más. Y ¿quiénes son los principales perjudicados? La respuesta es muy sencilla. Los alumnos y sus familias, los profesionales docentes y, por extensión, toda la sociedad que observa perpleja el deterioro progresivo del servicio educativo que proporcionamos a los ciudadanos.

Si a ello añadimos, la toma de posición de algunos agentes sociales en contra de las decisiones gubernamentales legítimas, por otro lado, fomentando huelgas y algarabías de considerables repercusiones en los alumnos y sus familiares podemos comprender mejor el estado caótico en que se encuentra el ámbito de la educación. Un ejemplo, más que evidente, lo encontramos en la reciente huelga indefinida de profesores en las Islas Baleares durante las tres primeras semanas del curso 2013-2014, argumentado su disconformidad con el decreto de Tratamiento Integrado de Lenguas (TIL), promulgado por el Gobierno regional.

Yo no tengo la menor duda del carácter político de esta huelga que obedece a objetivos partidistas y fanáticos, ajenos a los intereses de los ciudadanos y contrarios a la legislación vigente en aquella comunidad autónoma. Además, en mi opinión, esta interrupción académica pone en evidencia otras actitudes incompatibles con todos aquellos principios y valores que se supone poseen o deben poseer los profesionales docentes. Una de ellas tiene que ver con el hecho de anteponer criterios ideológicos a los intereses y derechos de los alumnos de recibir una enseñanza de calidad y que han sido cercenados por este paro. Otra, demuestra una absoluta ausencia de vocación, ambición y rigor profesional de este colectivo intolerante y sectario por que los escolares de las Islas Baleares adquieran las competencias comunicativas en lengua inglesa, indispensables para afrontar las demandas y exigencias del entorno productivo internacional contemporáneo. 

Desde mi punto de vista existe un movimiento generalizado en España de chantaje permanente a las autoridades educativas, tanto del Gobierno central como de los distintos ejecutivos de las diferentes comunidades autónomas, promovido por grupos fanáticos vinculados a la izquierda política y a las fuerzas nacionalistas que me produce una gran tristeza. Comprobar como una parte del colectivo de profesionales docentes –en su mayoría pertenecientes a centros de las administraciones educativas (públicos)- antepone criterios laborales, económicos e ideológicos a los estrictamente educativos, tradicionalmente considerados y tutelados por la mayoría de los maestros y profesores españoles resulta, cuanto menos, lamentable.

¿Qué está ocurriendo? Un grupo relativamente minoritario, pero perfectamente organizado a través de agentes sociales representativos (sindicatos, principalmente), ha sucumbido ante los cantos de sirena de partidos políticos de corte nacionalista e independentista, incluso secesionista, y auspiciados por otros de izquierda o extrema izquierda han liquidado el espíritu vocacional de un colectivo de profesionales caracterizado por su firme determinación a favor de que los alumnos reciban la educación a la que tienen derecho. Y, mientras tanto, ¿qué hace la mayoría de docentes? ¡Nada! Contemplar los toros desde la barrera, impotentes ante la marea verde organizada y lamentar esta situación propiciada por sus compañeros que se sienten protegidos por el aparato sindical y político de los agentes sociales y políticos arriba mencionados.

El pasado martes día 8 tuvo lugar la inauguración oficial del curso de Formación Profesional 2013-2014 celebrada en el Centro Integrado de FP Número 1 de Santander. El acto, presidido por la Princesa de Asturias contó con la presencia del Ministro de Educación, Cultura y Deporte así como del Presidente del Gobierno de Cantabria, consejero de Educación y una notable representación de agentes económicos, políticos, sociales y de los centros educativos públicos y privados concertados de Cantabria.

Doña Leticia reclamó en su alocución, entre otras cosas, una FP «excelente» para mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. El ministro Wert, por su parte, inició su intervención reconociendo los pésimos resultados  del Programa Internacional para la Evaluación de la Competencia en Adultos (PIAAC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la competencia de adultos entre 16 y 64 años en Matemáticas y comprensión lectora que sitúan a España en una situación desfavorable a la cola de 23 países. Afirmó, además, que en España se ha prestado una escasa atención a la FP y ha llegado el momento de invertir esa tendencia.

Esta realidad referida por el ministro Wert me da pie para volver al meollo de esta reflexión. El hecho es que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), España destina más dinero por alumno que el resto de la Unión europea (UE) en relación con el PIB; gastamos más en profesores que la media de la OCDE; las tasas de matrícula son moderadas en España respecto a Europa; tenemos más profesores por alumno que la media en Europa y menos alumnos por clase; los profesores de Primaria y Secundaria ganan más que la media de la OCDE y tenemos más universitarios que Alemania… pero hemos olvidado a la FP.

Esta foto finish describe claramente la posición que ocupa España con respecto al conjunto de países de la (UE). Si damos por buenos estos datos, me temo que muchas de las reivindicaciones laborales y económicas de los profesionales docentes de los centros de la Administración carecen de consistencia. Entonces, ¿por qué tanta algarabía? ¿Por qué este colectivo de profesores, seguidores de las iniciativas perturbadoras del orden y de la paz social, se empecinan en hacer comulgar con ruedas de molino al resto de los españoles? ¿Hasta qué punto pueden sostenerse reivindicaciones como alguna de las presentadas por el sindicato ANPE a la Princesa de Asturias el martes pasado? Por cierto, una de ellas «desvío de dinero público para la financiación de centros privados-concertados» merece mi más absoluto desprecio, por dos razones: una por que quienes lo demandan saben que esto es falso y es mentira; otra, porque nada más tenemos que analizar el coste medio por alumno en los centros de la Administración y en los privados concertados para comprobar el mayor grado de eficacia y de eficiencia que se percibe en los segundos frente a los primeros.

Estos comportamientos causan un enorme deterioro de la convivencia en España. Además, este grupo de “indignados” ha creado un cisma en el terreno de la educación de difícil reparación en el futuro. Se sienten poseedores de la verdad absoluta y no respetan el sistema democrático actual de aceptación a la Constitución y las leyes. Por ello, y ante la turbulenta situación que vive el sector, yo propongo a quienes la provocan que hablemos más de educación; que actuemos en consonancia con las expectativas depositadas por la sociedad en el colectivo de profesionales docentes; que ayudemos a recuperar y alentemos el espíritu vocacional del conjunto del profesorado y abandonemos las algarabías y el corporativismo trasnochado. Demostremos a la sociedad nuestra solidaridad, compromiso y amplitud de miras en el ejercicio cotidiano de una profesión que tiene componentes muy singulares que afectan al desarrollo personal, social y profesional de los ciudadanos.